El abogado-coach: una nueva forma de ejercer

23 de diciembre de 2025

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Durante más de 35 años como abogado mercantilista he visto cómo muchos, yo el primero, confundíamos un asesoramiento eficaz con la respuesta inmediata y exhaustiva. Ahora tengo la percepción de que el mundo del derecho y el de la empresa están cambiando: no basta con saber (cada vez más leyes, más requisitos, más sentencias contradictorias… y más ruido), sino que hay que escuchar, acompañar y facilitar decisiones. Y ahí es donde la actuación también como coach ejecutivo ofrece un marco extraordinariamente útil.

De los abogados se espera que resolvamos. Los coaches ejecutivos, sin embargo, ayudamos (dentro de un marco ético) a que el otro descubra por sí mismo la respuesta. Y esto puede ser una fuente de enorme riqueza profesional y para el cliente. Cuando éste se enfrenta a un problema no necesita un análisis jurídico, sino necesita claridad y perspectiva para decidir… desde “su problema”, y no desde “nuestra solución”. Integrar en nuestro ejercicio profesional las herramientas de coaching ejecutivo transforma la conversación y el asesoramiento jurídico en algo más eficaz: un proceso de toma de decisiones en el que acompañamos al cliente de principio a fin.

Imagino tres ámbitos donde se encuentran el abogado y el coach ejecutivo:

  1. La relación con el cliente. Escuchar bien antes de aconsejar.

Decía Plutarco que “escuchar bien es la base de vivir bien”. Y a veces el cliente no busca tanto una respuesta, como claridad para decidir. Escuchar más allá de lo que dice (y de lo que calla) permite entender qué le preocupa. Una pregunta puede abrir más caminos que una disertación que, lo más seguro, le va a dejar frío. Cuando escuchamos sin prisa y sin sesgo propiciamos un espacio de reflexión que ayuda al cliente a ordenar, priorizar y tomar decisiones con sentido. Con sentido… para él.

  1. La negociación y la mediación.

En estos procesos ayudamos con las técnicas de coaching a desactivar resistencias y a pasar de la confrontación a la comprensión. El abogado-coach facilita que las partes se escuchen y descubran qué hay detrás de sus demandas. Una negociación puede desbloquearse cuando se permite al otro expresarse. Los acuerdos dejan de ser meras transacciones y se convierten en decisiones compartidas, más estables y sostenibles en el tiempo y menos fuentes de conflictos.

  1. Acompañar procesos de cambio en el cliente y su organización

El abogado-coach puede convertirse no solo en el redactor del acuerdo sino en facilitador del cambio. Ayuda a que los implicados comprendan lo que está en juego y alineen decisiones con sus valores y objetivos gestionando resistencias. El abogado deja de ser un mero “proveedor” de servicios (al que muchas veces se recurre solo al final del proceso) y pasa a ser un socio de reflexión.

En suma, percibo que hoy se nos demanda ejercer de forma diferente: menos técnica y más humana, menos reactiva y más transformadora. Las técnicas de coaching ayudan: escucha consciente, feedback constructivo, claridad de propósito… permiten gestionar mejor el conflicto, el estrés y la incertidumbre. El coaching, por supuesto, no sustituye al derecho, sino que lo ensancha y le da herramientas. En estos momentos, la inteligencia artificial (mucho más rápida y potencialmente mucho más completa y exhaustiva) nos está desubicando de nuestros hábitos. Quizás esto nos permita entrever que el abogado no deberá ser solo un experto en normas, sino un facilitador de conversaciones difíciles, alguien capaz de unir análisis y empatía, precisión y presencia. Alguien que entienda que su valor está en ayudar a sus clientes para que eviten sus conflictos o puedan resolverlos como mejor les satisfaga. Y ahí es donde el abogado-coach tiene mucho que aportar.

Introducción: Un cambio de paradigma en la resolución de conflictos

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, marca un punto de inflexión en el sistema judicial español. Esta normativa no se limita a introducir modificaciones procedimentales, sino que refleja una transformación profunda en la concepción misma de la justicia. El legislador ha apostado decididamente por potenciar vías alternativas a la resolución judicial de conflictos, convirtiendo la negociación previa en un elemento central del sistema.

La saturación de los tribunales, los costes asociados a los procesos judiciales y la búsqueda de soluciones más satisfactorias para las partes han impulsado esta reforma que coloca los denominados «medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional» como piedra angular de un nuevo modelo de justicia orientado al diálogo y al acuerdo.

La filosofía detrás de los medios alternativos de resolución de conflictos

Más allá de la descongestión de los tribunales, esta reforma responde a una filosofía que entiende que no todos los conflictos requieren necesariamente una respuesta judicial. Los medios alternativos de resolución de controversias parten de la premisa de que muchos conflictos pueden encontrar soluciones más satisfactorias, duraderas y adaptadas a las necesidades e intereses de las partes cuando son ellas mismas quienes participan activamente en su construcción.

La Ley Orgánica 1/2025 define estos medios como «cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral». Esta definición, amplia y flexible, pretende abarcar diversas formas de negociación que tienen como denominador común el protagonismo de las partes en la resolución de sus propias disputas.

Un abanico de posibilidades: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

Uno de los aspectos más destacables de la nueva regulación es que no apuesta por un único modelo de resolución alternativa de conflictos, sino que reconoce la diversidad de situaciones y la necesidad de ofrecer diferentes herramientas adaptadas a cada caso particular.

La mediación, ya consolidada en nuestro ordenamiento a través de la Ley 5/2012, mantiene su relevancia como vía preferente, pero a ella se suman otras modalidades como la conciliación en sus diversas variantes (notarial, registral, ante letrado de la Administración de Justicia o judicial), la opinión de expertos independientes, las ofertas vinculantes confidenciales o el novedoso proceso de Derecho colaborativo.

Esta pluralidad de mecanismos refleja la complejidad de las relaciones jurídicas contemporáneas y la necesidad de ofrecer respuestas adaptadas a cada tipo de conflicto. No es lo mismo resolver una disputa vecinal que una controversia empresarial compleja, y el legislador ha sido consciente de que «una talla única» no resultaría eficaz para la diversidad de situaciones que pueden presentarse.

La controvertida apuesta por la obligatoriedad: El requisito de procedibilidad

Sin duda, el aspecto más innovador —y probablemente más polémico— de la nueva regulación es la configuración de estos medios como un requisito previo obligatorio para acudir a la vía judicial en determinados ámbitos. Esta decisión supone un salto cualitativo respecto a la anterior regulación, que apostaba principalmente por el carácter voluntario de estos mecanismos.

A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, 3 de abril de 2025, la demanda en el orden jurisdiccional civil no será admitida si no se justifica que se ha intentado previamente la resolución del conflicto por alguna de las vías alternativas reconocidas. No solo eso, sino que además debe acreditarse la identidad entre el objeto de la negociación previa y el objeto del litigio que se pretende iniciar.

Esta obligatoriedad ha sido objeto de intenso debate. Sus defensores argumentan que resulta necesaria para promover un cambio cultural en una sociedad tradicionalmente litigiosa, mientras que sus detractores advierten del riesgo de convertir estos mecanismos en un mero trámite formal que desvirtúe su verdadera finalidad.

Lo cierto es que el legislador ha intentado encontrar un equilibrio, excluyendo de esta obligatoriedad determinadas materias especialmente sensibles o que, por su naturaleza, requieren una respuesta judicial inmediata. Así, quedan exentas del requisito de negociación previa cuestiones como la tutela judicial de derechos fundamentales, las medidas de protección de menores, o la solicitud de medidas cautelares, entre otras.

Los principios rectores: Autonomía y confidencialidad como pilares del sistema

La eficacia de los medios alternativos de resolución de conflictos descansa en gran medida en dos principios fundamentales: la autonomía de las partes y la confidencialidad del proceso.

El principio de autonomía privada reconoce que son las propias partes quienes mejor conocen sus intereses y necesidades, y por tanto, quienes están en mejores condiciones para encontrar soluciones adaptadas a su situación particular. La ley establece que las partes son libres de transaccionar, siempre que respeten la ley, la buena fe y el orden público. Esta libertad es esencial para que las soluciones alcanzadas sean verdaderamente satisfactorias y duraderas.

Por su parte, el principio de confidencialidad resulta crucial para generar un clima de confianza que permita a las partes expresarse con libertad durante el proceso negociador. La ley establece que la información y documentación expuestas durante la negociación deben mantenerse reservadas, con excepciones muy tasadas como la dispensa expresa de las partes, el requerimiento judicial en el orden penal o razones de orden público.

Este deber de confidencialidad se extiende a todos los participantes en el proceso: las partes, sus abogados y, en su caso, la tercera persona neutral que intervenga. Se trata de garantizar que lo que se diga o se proponga durante la negociación no pueda ser utilizado posteriormente en un eventual proceso judicial, fomentando así un diálogo sincero y constructivo.

El proceso negociador: Aspectos procedimentales relevantes

La regulación de los aspectos procedimentales de los diferentes medios de solución de controversias refleja también la voluntad del legislador de combinar la flexibilidad necesaria con las garantías mínimas exigibles.

En cuanto a la legitimación, la iniciativa para acudir a estos mecanismos puede partir de cualquiera de las partes, de ambas de común acuerdo, o incluso de una derivación judicial. Se reconoce así tanto la autonomía de las partes como la posibilidad de que sea el propio sistema judicial quien fomente el uso de estas vías alternativas.

Respecto a la intervención de profesionales, la ley opta generalmente por la no obligatoriedad de la asistencia letrada, salvo en casos específicos como la formulación de ofertas vinculantes (con excepciones cuando la cuantía es reducida). Esta flexibilidad pretende facilitar el acceso a estos mecanismos, aunque en la práctica, la complejidad de muchos conflictos jurídicos hará aconsejable contar con asesoramiento profesional.

Un aspecto particularmente relevante es el efecto que la solicitud de estos mecanismos tiene sobre los plazos de prescripción y caducidad. La ley establece que dicha solicitud interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de acciones desde la fecha de comunicación a la otra parte, evitando así que el intento de solución amistosa pueda perjudicar los derechos de quien lo promueve.

En cuanto a la forma, se apuesta preferentemente por la presencialidad, aunque admitiendo el uso de medios telemáticos por acuerdo de las partes o cuando se trate de reclamaciones de cuantía inferior a 600 euros. Esta flexibilidad resulta especialmente oportuna en un contexto de creciente digitalización de las relaciones jurídicas.

Modalidades específicas: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

Entre las diferentes modalidades reconocidas por la ley, merece la pena detenerse en algunas que presentan características especialmente novedosas o relevantes.

La conciliación privada supone la intervención de una persona con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia objeto de conflicto. La ley exige que esta persona esté inscrita en un colegio profesional reconocido o en un registro de mediadores, y que actúe con imparcialidad y confidencialidad. Este mecanismo aprovecha el conocimiento especializado de determinados profesionales para facilitar el acuerdo en materias técnicamente complejas.

La oferta vinculante confidencial constituye un mecanismo particularmente interesante para determinados tipos de conflictos. Una de las partes formula una oferta que le resulta vinculante en caso de aceptación por la otra. La ley exige que conste la identidad del oferente, la recepción efectiva por la otra parte y el contenido detallado de la oferta. Este instrumento puede resultar especialmente útil en reclamaciones económicas, donde el principal obstáculo para el acuerdo suele ser la cuantía.

La opinión de persona experta independiente consiste en encomendar un dictamen a un experto en la materia objeto de conflicto. A diferencia de otros mecanismos, este dictamen no es vinculante, pero puede servir de base para el acuerdo si las partes lo aceptan, o al menos para clarificar los aspectos técnicos de la controversia. Tras la emisión del dictamen, las partes pueden aceptarlo como acuerdo, proponer mejoras o rechazarlo, en cuyo caso se entiende cumplido el requisito de procedibilidad.

Finalmente, el proceso de Derecho colaborativo representa quizás la apuesta más innovadora de la nueva regulación. Se trata de una negociación estructurada en la que las partes, asistidas por sus respectivos abogados, trabajan conjuntamente para alcanzar una solución satisfactoria, pudiendo integrar a otros profesionales (psicólogos, economistas, etc.) cuando la complejidad del caso lo requiera. Al finalizar, se redacta un acta con los participantes, las sesiones realizadas y los acuerdos alcanzados.

El reto de la implementación: De la teoría a la práctica

La efectividad real de este nuevo sistema dependerá en gran medida de cómo se implemente en la práctica. No basta con establecer la obligatoriedad de intentar la resolución extrajudicial; es necesario que ese intento sea genuino y no se convierta en un mero trámite formal.

En este sentido, la ley exige que el intento de negociación sea «real y creíble, no puede ser ficticio». Para ello, establece requisitos de documentación que varían según intervenga o no una tercera persona neutral, pero que en todos los casos incluyen una declaración responsable de que las partes han intervenido de buena fe en el proceso.

Asimismo, la ley regula detalladamente cuándo se entiende finalizado el proceso de negociación, tanto si concluye con acuerdo como sin él. En caso de acuerdo, este debe formalizarse identificando a las partes y, en su caso, a sus abogados y a la tercera persona neutral, indicando el lugar y fecha, así como las obligaciones asumidas por cada parte.

La posibilidad de elevar el acuerdo a escritura pública para convertirlo en título ejecutivo refuerza su valor y facilita su cumplimiento, evitando que el incumplimiento de lo pactado obligue a iniciar un proceso judicial declarativo.

Un horizonte por explorar: Perspectivas y desafíos

La Ley Orgánica 1/2025 representa un punto de inflexión en la concepción de la justicia en España, acercándonos a modelos ya consolidados en otros países con larga tradición en medios alternativos de resolución de conflictos. Estados Unidos, Canadá o los países nórdicos llevan décadas apostando por estos mecanismos, con resultados generalmente positivos en términos de satisfacción de los usuarios y descongestión de los tribunales.

Sin embargo, cada sistema jurídico tiene sus particularidades, y el éxito de estos mecanismos no depende solo de su regulación legal, sino también de factores culturales, sociológicos y organizativos. La tradicional litigiosidad de la sociedad española, la escasa cultura negociadora en determinados ámbitos o la falta de formación específica de muchos profesionales son desafíos que deberán afrontarse.

La apuesta por la obligatoriedad como impulso inicial puede ser comprensible en un contexto de cambio de paradigma, pero el verdadero éxito de estos mecanismos vendrá dado por su capacidad para generar soluciones satisfactorias que, progresivamente, los conviertan en la opción preferente por sus propios méritos, más allá de su carácter obligatorio.

Conclusión: Entre la esperanza y la cautela

La nueva regulación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional se alinea con una tendencia internacional clara hacia la potenciación de vías alternativas a la resolución judicial de conflictos. Esta tendencia responde tanto a necesidades prácticas —descongestionar los tribunales, reducir costes— como a una filosofía que valora el protagonismo de las partes en la gestión de sus propios conflictos.

En este sentido, la normativa española se suma a un movimiento global que ha demostrado resultados positivos en muchas jurisdicciones. Sin embargo, solo el tiempo dirá si la técnica legislativa utilizada, especialmente la apuesta por la obligatoriedad como requisito de procedibilidad, es la más acertada para alcanzar el verdadero propósito de fomentar el acuerdo en evitación del pleito.

El éxito de esta reforma dependerá no solo de su diseño normativo, sino también de factores como la formación adecuada de los profesionales implicados, la sensibilización de la ciudadanía sobre las ventajas de estas vías alternativas, y la capacidad del sistema para evaluar y adaptarse en función de los resultados obtenidos.

En definitiva, nos encontramos ante una reforma ambiciosa y necesaria, que abre un horizonte esperanzador pero que deberá superar importantes desafíos para consolidarse como un auténtico cambio de paradigma en la administración de justicia en España. El verdadero criterio de éxito no será el número de intentos de negociación realizados, sino la calidad de los acuerdos alcanzados y la satisfacción de los ciudadanos con un sistema de justicia más participativo, eficiente y adaptado a sus necesidades reales.

Summary: Companies with international projection and global presence can count on mediation and its benefits in the different contexts of their business, both in the compliance of the code of conduct and internal rules as well as in the compliance of contracts and projects with third parties or public authorities. In the same way, it facilitates access to a saturated justice system, while at the same time improving the relationship between the parties, as they do not have to face the wear and tear of the judicial phase, which leads to emotional wear and tear.

I will focus on the intersection between compliance and mediation, as international corporations are increasingly interested in the potential of Mediation applied to compliance frameworks. Although there are a few important challenges that we need to mention, the benefits of international mediation are clear: costs savings, quick solutions and a good understanding between the parties. International mediation and compliance go hand in hand and, although they may not seem to have much in common, they complement each other. The purpose of this article is to illustrate with some practical examples the advantages of compliance mediation for small and medium-sized enterprises operating internationally, in order to demonstrate the potential that exists in this combination.

Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR) that involves the intervention of a neutral third party, known as the mediator, to help disputing parties reach a mutually acceptable agreement. Unlike litigation, which involves a judge making a binding decision, mediation allows the parties to control the outcome, facilitating a more collaborative and flexible approach to resolving disputes.

In the context of compliance issues and international contracts, mediation offers a unique advantage by addressing both legal and non-legal aspects of disputes, such as cultural differences, business practices, and organizational relationships. This flexibility is particularly important when dealing with international contracts, where cross-cultural understanding and respect for diverse legal systems are essential.

The key is still the same recipe as the initial negotiation of a contract. The parties objectively and in a neutral atmosphere and collaborative approach, find ‘solutions’ to their disagreements where both parties win. The so-called win-win is still the best scenario in which the parties should meet again in dispute resolution. I always insist on the word ‘reconnect’ because of its positive connotation in any relationship. Mediation allows the parties to negotiate a mutually acceptable outcome, preserving the relationship between them, with the additional value of cost and time efficiencies and confidentiality guaranteed throughout the process.

Mediation benefits compliance programmes in two keyways.

Resolving internal compliance issues

This is accomplished through facilitating communication and conflict resolution among employees, promoting a culture of dialogue, transparency and accountability. When a company uses mediation to resolve conflicts arising from internal compliance-related situations, it helps to prevent a conflict from escalating in proportions both in the form of legal action and disputes that may involve the public administration.

A clear example is conflicts related to the code of conduct, where disputes often arise at the HR level. Another example is that arising from conflicts of interest. In both cases the connection lies in the common goal of promoting ethical behaviour, improving communication and resolving conflicts in a way that helps the employee and the company to follow its internal rules and achieve the required standards.

Mediation opens a space for dialogue and amicable conflict resolution, facilitating employees’ professional and personal growth in a sustained way over time.

Another example can be conflicts related to cross-border labour issues applicable to the same company, whether private, non-governmental organisation or conflicts between private and public companies. The reasons for the conflict may be related to harassment issues or pay inequality issues. For example, the internal pay system within an international organisation should consider the following elements:

  • Remuneration represents by far the most important and controversial element of the employment relationship and is of equal interest to the employer and the employee.
  • The remuneration system should be based on and consistent with the principles of the organisation.
  • The criteria for determining remuneration should be objective and measurable.
  • The system should be equitable.

Conflicts often arise around these elements and companies should be transparent, through comprehensive policies, about their position on non-discrimination, harassment or inclusion of their employees within their organisation and the markets in which they operate.

Mediation can be a channel to help find solutions to equality and non-discrimination issues between employees within the same organisation. It also obliges companies to consider the standards of international legislation (e.g. CSRD) when implementing their policies. We are seeing that it is not a ‘nice to have’ but a ‘must have’.

Resolving disputes with external parties

Mediation can be used to enforce commercial contracts or in projects. It helps prevent disputes between companies or between companies and regulators, foster better relations, and ensure compliance standards are met without resorting to litigation. Mediation promotes cooperation between the parties and helps reduce the risk of future contractual violations.

A clear example of the benefits of the use of mediation in compliance arises in the international context where legal certainty is required for both parties, as well as fair and reasonable management of a long-term project. In some cases, there is a public-private element to the dispute as the public sector is involved (either in licensing issues or as a regulatory authority). This may create some confusion in the roles and rights of the parties, which makes perfect sense when the interests of the investor (private equity) and the community or private parties are very diverse.

For context, we might think of environmental, social and governance issues that are receiving serious attention from governments and regulators, given the impact on the planet and the people within the communities where they live. Mediation offers a way to resolve these conflicts by facilitating open communication between the parties involved. For instance, if a company is accused of breaching a country’s environmental regulations, mediation can provide a platform for the company and regulatory authorities to discuss the issues, share concerns, and negotiate a solution that satisfies both parties. Instead of pursuing punitive measures or resorting to lengthy legal battles, mediation can help parties find common ground and craft a solution that supports compliance while preserving business relationships.

A concrete example is mining activities, which contribute greatly to the involvement of foreign entities in resource-rich countries, involving, on a large scale, both foreign and domestic interests, and potentially resulting in pollution and damage to the environment. In addition, there are various problems, especially the use of land for mining activities, which causes friction between mining companies, communities and local governments where mining activities take place. Since these projects take place over a long period of time and involve various interests of both private and public actors as well as communities, mediation is undoubtedly a good way to prevent disputes during the whole process of project development and implementation, offering in conflict situations not only a quick solution for both parties but also a fair and reasonable management of a project in the long term.

Another tool, with elements of mediation, which is recommended for the successful completion of large projects, as for instance construction projects, are Dispute Boards, a panel of one to three members with extensive experience in the field of the contract, who accompany the execution of the contract until the work is completed on time and on budget. This method is not a pure and simple mediation, although it resembles it, because the Dispute Boards, in particular the so-called DAAB (Dispute Avoidance and Adjudication Board), permanently seek to avoid conflict and, if it arises, to encourage the parties to find a solution or to make it binding. I will go into more detail on this subject in another article.

Hereby, we can also mention internal control and auditability towards third parties, be they customers or suppliers. The EU directive (CSDDD) puts the emphasis on indirect suppliers in the supply chain. It is therefore important that when establishing a business or investment partnership, all parties involved have a similar level of compliance with standards. In this regard, framework compliance agreements, which are compliance agreements that regulate the compliance obligations of both parties’ subject to a service contract, are very common.

Aspects of compliance in such contracts may include, among others, anti-corruption policy, fee evasion, international sanctions, trainings, reporting requirements and ways to audit the compliance clauses agreed in the service contract, as well as the escalation clause to resolve disputes amicably, using the various existing ADR modes.

In the context of commercial contracts, mediation is used to resolve disputes related to non-performance, late deliveries, payment problems, interpretations of clauses or any other dispute arising from a commercial agreement, including any aspect of the compliance agreement as referred to above.

For an internationally developing company it would be advisable to promote mediation as the type of dispute resolution in conflicts with third parties. One way to promote mediation as an effective means of dispute resolution could be through a clause of voluntary submission to mediation in all transactions with third parties, followed by arbitration or submission to the courts of a certain jurisdiction, known as a tiered dispute resolution clause. These clauses provide for a gradual system of dispute resolution following various alternative methods of resolving disputes, usually culminating in arbitration if the outcome of the first alternative methods is unsuccessful.

The choice of conflict resolution through mediation is a ‘win-win solution’, whose confidentiality is guaranteed in the face of public attention. Based on these advantages, mediation is considered more suitable to be implemented (agreed, including with the escalation clause) in a contract.

Challenges of Mediation in International Contract Disputes

Despite its many advantages, mediation is not without its challenges. Some of the key obstacles include:

Lack of Enforcement Mechanisms: Mediation agreements are typically non-binding, meaning that parties are not legally required to adhere to the terms of the settlement. While mediation can result in a mutually agreed-upon solution, enforcing the agreement may require the parties to enter into further negotiations or even resort to litigation if one side fails to honour the agreement.

Cultural and Language Barriers: In international contract disputes, cultural differences and language barriers can complicate the mediation process. It is important to select mediators who have experience with cross-cultural communication and who understand the legal systems involved. Without such expertise, the mediation process may be ineffective.

Reluctance to Mediate: Some parties may be reluctant to mediate, especially if they perceive it as a sign of weakness or if they are unfamiliar with the process. This reluctance can be overcome with proper education and a clear understanding of the benefits of mediation.

Although we can say that there is a growth of mediation around the world and the level of satisfaction of the use of mediation is based on its core values, which are impartiality, confidentiality and self-determination, the promotion of the mediation is still an important challenge.

Conclusion

In the case of internal compliance, mediation usually takes a more reactive role, i.e. when the conflict has already surfaced within the company or organisation; whereas, in the case of third party compliance, mediation takes a preventive role, such as in the case of Dispute Boards, although it also helps to resolve a commercial conflict between parties who wish to continue to maintain a business relationship. In both cases the objective is the same, to try to find common ground between the interests of the parties in order to resolve or avoid a conflict that could lead the parties to a legal dispute.

As international trade continues to grow and the complexity of global regulations increases, businesses and organizations can benefit from adopting mediation as a strategic method for resolving conflicts. By fostering cooperation and understanding, mediation can help build stronger, more resilient business relationships and ensure long-term success in a global marketplace.

Companies need to adhere to their own compliance programmes, but also to the programme of their customers, suppliers or banks with whom they collaborate. Not only is there a need for expertise to know the legal framework applicable to the industry, but there is also a need for conflict resolution when conflicts arise or even to act pre-emptively. Legal battles are expensive, time-consuming and damaging to business relationships. Many jurisdictions and industries are already demanding an obligation for parties to exhaust alternative dispute resolution methods before moving to the litigation phase.

El año 2025 comienza marcando un hito en la Administración de Justicia en España con la publicación de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes medidas para modernizar el sistema judicial.

Entre estas, destaca el uso obligatorio de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para iniciar procedimientos civiles. Este cambio busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y fomentar soluciones consensuadas entre las partes. La Ley entrará en vigor el próximo 3 de abril de 2025.

En esta entrada preliminar, exploraremos qué implica esta novedad, los tipos de MASC previstos, sus características y las consecuencias de su implementación.

¿Qué son los Medios Adecuados de Solución de Controversias?

Los MASC son mecanismos que permiten a las partes resolver conflictos de manera extrajudicial, ya sea mediante negociaciones directas o con la ayuda de un tercero neutral. Estos medios incluyen opciones como la mediación, la conciliación, la opinión de expertos independientes, el derecho colaborativo y otras herramientas reconocidas legalmente.

El objetivo principal de los MASC es reducir la carga de trabajo de los tribunales y ofrecer a los ciudadanos una alternativa más rápida, eficiente y personalizada para resolver sus disputas. Esta vía también busca promover la cultura del acuerdo, favoreciendo relaciones más armónicas entre las partes implicadas.

Los MASC como requisito de procedibilidad

Uno de los aspectos más innovadores de la nueva Ley es que hace obligatorio intentar resolver los conflictos mediante un MASC antes de presentar una demanda judicial en asuntos civiles. Esto significa que, para que una demanda sea admitida, las partes deben demostrar que han intentado una actividad negociadora previa, ya sea mediante mediación, conciliación, o cualquier otro MASC reconocido.

Sin embargo, hay excepciones. No se exige este requisito en casos relacionados con:

  • Derechos fundamentales,
  • Medidas urgentes relativas a menores,
  • Disputas sobre filiación, paternidad o maternidad,
  • Medidas de apoyo a personas con discapacidad,
  • Juicios cambiarios,
  • Cuando una de las partes sea una entidad del sector público, entre otros.

Esta obligación aplica a los procesos declarativos del libro II y a procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no incluye las demandas ejecutivas ni las solicitudes de medidas cautelares o diligencias preliminares.

Tipos de MASC reconocidos

La ley identifica varios MASC que cumplen con el requisito de procedibilidad:

  • Mediación: Un tercero neutral ayuda a las partes a dialogar y alcanzar un acuerdo.
  • Conciliación: Un profesional imparcial sugiere posibles soluciones al conflicto.
  • Oferta vinculante confidencial: Cualquier persona que formule una oferta vinculante confidencial con la finalidad de dar solución a una controversia.
  • Opinión de un experto independiente: Un especialista evalúa el caso y ofrece una recomendación.
  • Derecho colaborativo: Abogados de ambas partes trabajan conjuntamente para encontrar una solución sin acudir a los tribunales.
  • Otros mecanismos: Cualquier actividad negociadora reconocida por ley, como acuerdos directos entre abogados de las partes.

Características principales de los MASC

  • Voluntariedad y buena fe: Aunque el intento de negociación es obligatorio, las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo.
  • Confidencialidad: Todo lo discutido durante el proceso es confidencial y no puede usarse en un eventual juicio, salvo, entre otros motivos, por dispensa expresa por escrito de las partes.
  • Suspensión de plazos: El inicio de un MASC interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de las acciones legales.
  • Flexibilidad: Las partes pueden elegir el MASC que mejor se adapte a sus necesidades.

Procedimiento y consecuencias de no cumplir el requisito

Para acreditar que se ha intentado un MASC, las partes deben presentar documentación que demuestre el esfuerzo negociador, como un acta firmada o, en caso de que no haya acuerdo, una certificación expedida por el mediador, conciliador o experto. Si no se cumple este requisito, la demanda podrá ser inadmitida.

En caso de que el proceso de negociación termine sin acuerdo, las partes pueden acudir a los tribunales, pero la actitud de las mismas durante la negociación podrá influir en decisiones sobre costas procesales o posibles sanciones por abuso del sistema judicial.

Ventajas de los MASC

La introducción de los MASC como requisito previo al litigio puede ofrecer múltiples beneficios:

  • Descongestión judicial: Reduce la carga de trabajo de los tribunales, permitiendo una resolución más ágil de los casos.
  • Menores costes: Los MASC suelen ser más económicos que un proceso judicial completo.
  • Mayor rapidez: Muchas disputas pueden resolverse en semanas en lugar de meses o años.
  • Soluciones personalizadas: Los acuerdos pueden adaptarse mejor a las necesidades de las partes.
  • Preservación de relaciones: Fomentan el diálogo y el entendimiento, reduciendo el conflicto entre las partes.

Críticas y desafíos

A pesar de sus ventajas, la implementación de los MASC no está exenta de retos:

  • Falta de conocimiento: Muchas personas desconocen qué son los MASC y cómo funcionan.
  • Desconfianza: Algunos ciudadanos podrían percibirlos como una traba adicional para acceder a la justicia.
  • Capacitación: Es esencial formar a los profesionales que actuarán como mediadores, conciliadores y expertos.
  • Costes iniciales: Aunque a largo plazo son más económicos, los honorarios de los profesionales implicados pueden ser una barrera para algunos usuarios.

Conclusión

La introducción de los MASC como requisito de procedibilidad en el ámbito civil representa un cambio significativo en el sistema judicial español. Esta medida no solo busca agilizar la resolución de conflictos, sino también fomentar una cultura del acuerdo que beneficie a las partes y al conjunto de la sociedad.

Aunque la transición hacia este nuevo modelo podrá enfrentar ciertos obstáculos, los beneficios a largo plazo prometen un sistema judicial más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, los MASC no solo son una herramienta para resolver conflictos, sino también un paso hacia una justicia más humana y sostenible.

Summary: Since 12 July 2020, new rules apply for platform service providers and search engine operators – irrespective of whether they are established in the EU or not. The transition period has run out. This article provides checklists for platform service providers and search engine operators on how to adapt their services to the Regulation (EU) 2019/1150 on the promotion of fairness and transparency for commercial users of online intermediation services – the P2B Regulation.

The P2B Regulation applies to platform service providers and search engine operators, wherever established, provided only two conditions are met:

(i) the commercial users (for online intermediation services) or the users with a company website (for online search engines) are established in the EU; and

(ii) the users offer their goods/services to consumers located in the EU for at least part of the transaction.

Accordingly, there is a need for adaption for:

  • Online intermediation services, e.g. online marketplaces, app stores, hotel and other travel booking portals, social media, and
  • Online search engines.

The P2B Regulation applies to platforms in the P2B2C business in the following constellation (i.e. pure B2B platforms are exempt):

Provider -> Business -> Consumer

The article follows up on the introduction to the P2B Regulation here and the detailed analysis of mediation as method of dispute resolution here.

 Checklist how to adapt the general terms and conditions of platform services

Online intermediation services must adapt their general terms and conditions – defined as (i) conditions / provisions that regulate the contractual relationship between the provider of online intermediation services and their business users and (ii) are unilaterally determined by the provider of online intermediation services.

The checklist shows the new main requirements to be observed in the general terms and conditions (“GTC”):

  1. Draft them in plain and intelligible language (Article 3.1 a)
  2. Make them easily available at any time (also before conclusion of contract) (Article 3.1 b)
  3. Inform on reasons for suspension / termination (Article 3.1 c)
  4. Inform on additional sales channels or partner programs (Article 3.1 d)
  5. Inform on the effects of the GTC on the IP rights of users (Article 3.1 e)
  6. Inform on (any!) changes to the GTC on a durable medium, user has the right of termination (Article 3.2)
  7. Inform on main parameters and relative importance in the ranking (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or business secrets (Article 5.1, 5.3, 5.5)
  8. Inform on the type of any ancillary goods/services offered and any entitlement/condition that users offer their own goods/services (Article 6)
  9. Inform on possible differentiated treatment of goods / services of the provider or individual users towards other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)
  10. No retroactive changes to the GTC (Article 8a)
  11. Inform on conditions under which users can terminate contract (Article 8b)
  12. Inform on available or non-available technical and contractual access to information that the Service maintains after contract termination (Article 8c)
  13. Inform on technical and contractual access or lack thereof for users to any data made available or generated by them or by consumers during the use of services (Article 9)
  14. Inform on reasons for possible restrictions on users to offer their goods/services elsewhere under other conditions («best price clause»); reasons must also be made easily available to the public (Article 10)
  15. Inform on access to the internal complaint-handling system (Article 11.3)
  16. Indicate at least two mediators for any out-of-court settlement of disputes (Article 12)

These requirements – apart from the clear, understandable language of the GTC, their availability and the fundamental ineffectiveness of retroactive adjustments to the GTC – clearly go beyond what e.g. the already strict German law on general terms and conditions requires.

Checklist how to adapt the design of platform services and search engines

In addition, online intermediation services and online search engines must adapt their design and, among other things, introduce internal complaint-handling. The checklist shows the main design requirements for:

a) Online intermediation services

  1. Make identity of commercial user clearly visible (Article 3.5)
  2. State reasons for suspension / limitation / termination of services (Article 4.1, 4.2)
  3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3), see above
  4. Set an internal complaint handling system, with publicly available info, annual updates (Article 11, 4.3)

b) Online search engines

  1. Explain the ranking’s main parameters and their relative importance, public, easily available, always up to date (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or trade secrets (Article 5.2, 5.3, 5.5)
  2. If ranking changes or delistings occur due to notification by third parties: offer to inspect such notification (Article 5.4)
  3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)

The European Commission will provide guidelines regarding the ranking rules in Article 5, as announced in the P2B Regulation – see the overview here. At the same time, providers of online intermediation services and online search engines shall draw up codes of conduct together with their users.

Practical Tips

  • The Regulation significantly affects contractual freedom as it obliges platform services to adapt their general terms and conditions.
  • The Regulation is to be enforced by «representative organisations» or associations and public bodies, with the EU Member States ensuring adequate and effective enforcement. The European Commission will monitor the impact of the Regulation in practice and evaluate it for the first time on 13.01.2022 (and every three years thereafter).
  • The P2B Regulation may affect distribution relationships, in particular platforms as distribution intermediaries. Under German distribution law, platforms and other Internet intermediation services acting as authorised distributors may be entitled to a goodwill indemnity at termination (details here) if they disclose their distribution channels on the basis of corresponding platform general terms and conditions, as the Regulation does not require, but at least allows to do (see also: Rohrßen, ZVertriebsR 2019, 341, 344–346). In addition, there are numerous overlaps with antitrust, competition and data protection law.

It is usually said that “conflict is not necessarily bad, abnormal, or dysfunctional; it is a fact of life[1]” I would perhaps add that quite often conflict is a suitable opportunity to evolve and to solve problems[2]. It is, in fact, a useful part of life[3] and particularly, should I add, of businesses. And conflicts not only arise at the end of the business relationship or to terminate it, but also during it and the parties remain willing to continue it.

The 2008 EU Directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters states that «agreements resulting from mediation are more likely to be complied with voluntarily and are more likely to preserve an amicable and sustainable relationship between the parties.»

Can, therefore, mediation be used not only as an alternative to court or arbitration when terminating distribution agreements, but also to re-organize them or to change contract conditions? Would it be useful to solve these conflicts? What could be the advantages?

In distribution/agency/franchise agreements, particularly for those lasting several years, parties can have neglected their obligations (for instance minimum sales targets not attained).

Sometimes they could have tolerated the situation although they remain not very happy with the other party’s performance because they are still doing acceptable business.

It could also happen that one of the parties wishes to restructure the entire distribution network (Can we change the distribution structure to an agency one?), but does not want to face a complete termination because there are other benefits in the relationship.

There may be just some changes to be introduced, or changes in the legal structures (A mere reseller transformed in distributor?), legal frameworks, legal conditions (Which one is the applicable law?), limitation of the scope of contract, territory…

And now, we face the Covid-19 crisis where everything is still more uncertain.

In some cases, it could happen that there is no written contract and the parties wish to draft it; in other cases, agreements could have been defectively drafted with incomplete, contradictory or no regulation at all (Was it an exclusive agreement?).

The contracts  could be perfect for the situation imagined when signed several years ago but not anymore (What happen with online sales?) or  circumstances, markets, services, products have changed and need to be reconsidered (mergers, change of directors…).

Sometimes, even more powerful parties have not the elements to oblige the weaker party to respect new terms, or they simply prefer not to impose their conditions, but to build up a more collaborative relationship for the future.

In all these cases, negotiation is the usual strategy parties follow: each one is focused in obtaining its own benefits with a clear idea of, for instance, which clause(s) should be modified or drafted.

Nevertheless, mediation could add some neutrality, and some space to a more efficient, structured and useful approach to the modification of the commercial relationship, particularly in distribution agreements where the collaboration (in the past, but also in the future if the parties wish so) is of paramount importance.

In most of these situations, personal emotional aspects could also be involved and make more difficult a neutral negotiation: a distributor that has been seen by the manufacturer as not performing very well and feels hurt, an agent that could consider a retirement, parties from different cultures that need to understand different ways of performing, franchisees that have been treated differently in the network and feel discriminated, etc.

In these circumstances and in other similar ones, where all persons involved, assisted by their respective lawyers, wish to continue the relationship although maybe in a different way, a sort of facilitative mediation can be a great help.

These are, in my opinion, the main reasons:

  1. Mediation is a legal and organized procedure that could help the parties to increase their awareness of the necessity to redraft the agreement (or drafting for the first time if it was not already done).
  2. Parties can be heard more easily, negotiation is eased in the interest of both of them, encourages them to act more reasonably vis-à-vis the other side, restores relationship if necessary, deadlock can be easily broken and, if the circumstances advice so, parties can be engaged separately with the help of the mediator.
  3. Mediation can consider other elements different to the mere commercial or legal ones: emotions linked to performance, personal situations (retirement, succession, illness) or even differences in cultural approaches.
  4. It helps to find the real (possibly new or not shown) interests in the commercial relationship of the parties, focusing in developments, strategies, new proposals… The mere negotiation between the parties and they attorneys could not make appear these new interests and therefore be limited only to the discussion on the change of concrete obligations, clauses or situations. Mediation helps to go beyond.
  5. Mediation techniques can also help the parties to face their current situation, to take responsibility of their performance without focusing on blame or incompetence but on a constructive and future collaboration in new specific terms.[4]
  6. It can also avoid the increasing of the conflict into a more severe one (breaching) and in case mediation does not end with a new/redrafted agreement, the basis for a mediated termination can be established, if the parties wish so, instead of litigation.
  7. Mediation can conclude into a new agreement where the parties are more reassured, more comfortable with, and more willing to respect because they were involved in their construction with the assistance of their respective lawyers, and because all their interests (not only new drafted clauses) were considered.
  8. And, in any case, mediation does not affect the party’s collaborative position and does not reduce their possibility to use other alternatives, including litigation or arbitration to terminate the agreement or to oblige the other party to respect its legal obligations.

The use of mediation does not need the parties to have foreseen it in the agreement (although it could be easier if they did so) but they can use it freely at any time.

This said, a lawyer proposing mediation as a contractual clause or, in case it was not included in the agreement, as a procedure to face this sort of conflicts in distribution agreements, will be certainly seen by his/her client as problem-solving attorney looking for the client’s interests rather than a litigator pushing them to a more uncertain situation, with unknown costs and unforeseeable timeframe.

Parties in distribution agreements should have this possibility in mind and lawyers have the opportunity to actively participate in mediation from the first steps by recommending it in the initial agreement, during the process helping the clients to express their concerns and interests, and in the drafting of the final (new) agreement, representing the clients’ and as co-author of their success.

If you would like to hear more on the topic of mediation and distribution agreements you can check out the recording of our webinar on Mediation in International Conflicts

[1] Moore, Christopher W. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. Jossey-Bass. Wiley, 2014.

[2] Mnookin, Robert H. Beyond Winning. Negotiating to create value in deals and disputes (p. 53). Harvard University Press, 2000.

[3] Fisher, R; Ury, W. Getting to Yes: Negotiating an agreement without giving in. Random House.

[4] «Talking about blame distracts us from exploring why things went wrong and how we might correct them going forward. Focusing instead on understanding the contribution system allows us to learn about the real causes of the problem, and to work on correcting them.» [Stone, Douglas. “Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most”. Penguin Publishing Group]

En estos tiempos de inseguridad sobre el futuro tenemos, sin embargo, algunas certezas. Una de ellas, sin duda, es que «los servicios de intermediación en línea son factores esenciales para el emprendimiento y los nuevos modelos de negocio«. El Reglamento UE 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea se ocupa de ello. El Reglamento se aplicará a partir del 12 de julio de 2020.

La finalidad del Reglamento es establecer normas para asegurar que se conceden opciones apropiadas de transparencia, de equidad y de reclamación a los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea y a los usuarios de sitios web corporativos en relación con los motores de búsqueda en línea (art. 1). Se aplica a los servicios de intermediación en línea y los motores de búsqueda ofrecidos a usuarios comerciales que tengan su lugar de establecimiento UE y que ofrecen bienes o servicios a los consumidores en la UE. Y esto, independientemente del lugar de establecimiento de los proveedores y la ley aplicable. Sus reglas se aplicarán, en particular, a los mercados en línea (marketplaces), los outlets de redes sociales, plataformas de distribución de aplicaciones, las plataformas para la economía colaborativa y los motores de búsqueda en general.

Lo que me gustaría subrayar en este cometario es la previsión del Reglamento (art. 12) del uso de la mediación como un método específico para la resolución de conflictos entre proveedores de servicios de intermediación en línea y usuarios profesionales. La mediación se fomenta sin perjuicio de su voluntariedad y la posibilidad de reclamación judicial.

En particular, los proveedores de los servicios de intermediación designarán en sus condiciones generales, dos o más mediadores con los que están dispuestos a colaborar –de buena fe- para llegar a un acuerdo con los usuarios profesionales y así resolver de manera extrajudicial todo litigio entre el proveedor y los usuarios profesionales. Únicamente los proveedores de servicios que tengan la consideración de pequeñas empresas estarían exentos de asumir esta obligación, sin perjuicio de poder hacerlo voluntariamente.

El Reglamento también contiene los requisitos que estos mediadores deben cumplir: algunos generales (independencia, con servicios asequibles, actuar sin demora, fácilmente accesibles) y otros más específicos o que necesitarán una calificación especial (capacidad de mediar en el idioma de las condiciones generales y con suficiente conocimiento de las relaciones comerciales dentro de la empresa).

También es interesante notar que los proveedores de servicios deberán soportar una parte razonable de los costes totales de la mediación en cada caso, de acuerdo con las indicaciones del mediador y según algunos criterios, como los fundamentos relativos de los argumentos de las partes, su conducta, así como el tamaño y su capacidad financiera.

La conclusión parece clara: la mediación, como alternativa a la resolución de disputas por vía judicial o arbitral, está aumentando su espacio en las normas de la UE. Siempre permanece como una forma voluntaria de resolver conflictos, y vale la pena considerar su eficacia en todas las áreas de negocio. Este Reglamento lo hace expresamente.

Ignacio Alonso

Áreas de práctica

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    Los Medios Adecuados de Solución de Controversias en Vía No Jurisdiccional: Un Nuevo Paradigma en la Justicia Española

    5 de junio de 2025

    • España
    • Litigios
    • Mediación

    Durante más de 35 años como abogado mercantilista he visto cómo muchos, yo el primero, confundíamos un asesoramiento eficaz con la respuesta inmediata y exhaustiva. Ahora tengo la percepción de que el mundo del derecho y el de la empresa están cambiando: no basta con saber (cada vez más leyes, más requisitos, más sentencias contradictorias… y más ruido), sino que hay que escuchar, acompañar y facilitar decisiones. Y ahí es donde la actuación también como coach ejecutivo ofrece un marco extraordinariamente útil.

    De los abogados se espera que resolvamos. Los coaches ejecutivos, sin embargo, ayudamos (dentro de un marco ético) a que el otro descubra por sí mismo la respuesta. Y esto puede ser una fuente de enorme riqueza profesional y para el cliente. Cuando éste se enfrenta a un problema no necesita un análisis jurídico, sino necesita claridad y perspectiva para decidir… desde “su problema”, y no desde “nuestra solución”. Integrar en nuestro ejercicio profesional las herramientas de coaching ejecutivo transforma la conversación y el asesoramiento jurídico en algo más eficaz: un proceso de toma de decisiones en el que acompañamos al cliente de principio a fin.

    Imagino tres ámbitos donde se encuentran el abogado y el coach ejecutivo:

    1. La relación con el cliente. Escuchar bien antes de aconsejar.

    Decía Plutarco que “escuchar bien es la base de vivir bien”. Y a veces el cliente no busca tanto una respuesta, como claridad para decidir. Escuchar más allá de lo que dice (y de lo que calla) permite entender qué le preocupa. Una pregunta puede abrir más caminos que una disertación que, lo más seguro, le va a dejar frío. Cuando escuchamos sin prisa y sin sesgo propiciamos un espacio de reflexión que ayuda al cliente a ordenar, priorizar y tomar decisiones con sentido. Con sentido… para él.

    1. La negociación y la mediación.

    En estos procesos ayudamos con las técnicas de coaching a desactivar resistencias y a pasar de la confrontación a la comprensión. El abogado-coach facilita que las partes se escuchen y descubran qué hay detrás de sus demandas. Una negociación puede desbloquearse cuando se permite al otro expresarse. Los acuerdos dejan de ser meras transacciones y se convierten en decisiones compartidas, más estables y sostenibles en el tiempo y menos fuentes de conflictos.

    1. Acompañar procesos de cambio en el cliente y su organización

    El abogado-coach puede convertirse no solo en el redactor del acuerdo sino en facilitador del cambio. Ayuda a que los implicados comprendan lo que está en juego y alineen decisiones con sus valores y objetivos gestionando resistencias. El abogado deja de ser un mero “proveedor” de servicios (al que muchas veces se recurre solo al final del proceso) y pasa a ser un socio de reflexión.

    En suma, percibo que hoy se nos demanda ejercer de forma diferente: menos técnica y más humana, menos reactiva y más transformadora. Las técnicas de coaching ayudan: escucha consciente, feedback constructivo, claridad de propósito… permiten gestionar mejor el conflicto, el estrés y la incertidumbre. El coaching, por supuesto, no sustituye al derecho, sino que lo ensancha y le da herramientas. En estos momentos, la inteligencia artificial (mucho más rápida y potencialmente mucho más completa y exhaustiva) nos está desubicando de nuestros hábitos. Quizás esto nos permita entrever que el abogado no deberá ser solo un experto en normas, sino un facilitador de conversaciones difíciles, alguien capaz de unir análisis y empatía, precisión y presencia. Alguien que entienda que su valor está en ayudar a sus clientes para que eviten sus conflictos o puedan resolverlos como mejor les satisfaga. Y ahí es donde el abogado-coach tiene mucho que aportar.

    Introducción: Un cambio de paradigma en la resolución de conflictos

    La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, marca un punto de inflexión en el sistema judicial español. Esta normativa no se limita a introducir modificaciones procedimentales, sino que refleja una transformación profunda en la concepción misma de la justicia. El legislador ha apostado decididamente por potenciar vías alternativas a la resolución judicial de conflictos, convirtiendo la negociación previa en un elemento central del sistema.

    La saturación de los tribunales, los costes asociados a los procesos judiciales y la búsqueda de soluciones más satisfactorias para las partes han impulsado esta reforma que coloca los denominados «medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional» como piedra angular de un nuevo modelo de justicia orientado al diálogo y al acuerdo.

    La filosofía detrás de los medios alternativos de resolución de conflictos

    Más allá de la descongestión de los tribunales, esta reforma responde a una filosofía que entiende que no todos los conflictos requieren necesariamente una respuesta judicial. Los medios alternativos de resolución de controversias parten de la premisa de que muchos conflictos pueden encontrar soluciones más satisfactorias, duraderas y adaptadas a las necesidades e intereses de las partes cuando son ellas mismas quienes participan activamente en su construcción.

    La Ley Orgánica 1/2025 define estos medios como «cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral». Esta definición, amplia y flexible, pretende abarcar diversas formas de negociación que tienen como denominador común el protagonismo de las partes en la resolución de sus propias disputas.

    Un abanico de posibilidades: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

    Uno de los aspectos más destacables de la nueva regulación es que no apuesta por un único modelo de resolución alternativa de conflictos, sino que reconoce la diversidad de situaciones y la necesidad de ofrecer diferentes herramientas adaptadas a cada caso particular.

    La mediación, ya consolidada en nuestro ordenamiento a través de la Ley 5/2012, mantiene su relevancia como vía preferente, pero a ella se suman otras modalidades como la conciliación en sus diversas variantes (notarial, registral, ante letrado de la Administración de Justicia o judicial), la opinión de expertos independientes, las ofertas vinculantes confidenciales o el novedoso proceso de Derecho colaborativo.

    Esta pluralidad de mecanismos refleja la complejidad de las relaciones jurídicas contemporáneas y la necesidad de ofrecer respuestas adaptadas a cada tipo de conflicto. No es lo mismo resolver una disputa vecinal que una controversia empresarial compleja, y el legislador ha sido consciente de que «una talla única» no resultaría eficaz para la diversidad de situaciones que pueden presentarse.

    La controvertida apuesta por la obligatoriedad: El requisito de procedibilidad

    Sin duda, el aspecto más innovador —y probablemente más polémico— de la nueva regulación es la configuración de estos medios como un requisito previo obligatorio para acudir a la vía judicial en determinados ámbitos. Esta decisión supone un salto cualitativo respecto a la anterior regulación, que apostaba principalmente por el carácter voluntario de estos mecanismos.

    A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, 3 de abril de 2025, la demanda en el orden jurisdiccional civil no será admitida si no se justifica que se ha intentado previamente la resolución del conflicto por alguna de las vías alternativas reconocidas. No solo eso, sino que además debe acreditarse la identidad entre el objeto de la negociación previa y el objeto del litigio que se pretende iniciar.

    Esta obligatoriedad ha sido objeto de intenso debate. Sus defensores argumentan que resulta necesaria para promover un cambio cultural en una sociedad tradicionalmente litigiosa, mientras que sus detractores advierten del riesgo de convertir estos mecanismos en un mero trámite formal que desvirtúe su verdadera finalidad.

    Lo cierto es que el legislador ha intentado encontrar un equilibrio, excluyendo de esta obligatoriedad determinadas materias especialmente sensibles o que, por su naturaleza, requieren una respuesta judicial inmediata. Así, quedan exentas del requisito de negociación previa cuestiones como la tutela judicial de derechos fundamentales, las medidas de protección de menores, o la solicitud de medidas cautelares, entre otras.

    Los principios rectores: Autonomía y confidencialidad como pilares del sistema

    La eficacia de los medios alternativos de resolución de conflictos descansa en gran medida en dos principios fundamentales: la autonomía de las partes y la confidencialidad del proceso.

    El principio de autonomía privada reconoce que son las propias partes quienes mejor conocen sus intereses y necesidades, y por tanto, quienes están en mejores condiciones para encontrar soluciones adaptadas a su situación particular. La ley establece que las partes son libres de transaccionar, siempre que respeten la ley, la buena fe y el orden público. Esta libertad es esencial para que las soluciones alcanzadas sean verdaderamente satisfactorias y duraderas.

    Por su parte, el principio de confidencialidad resulta crucial para generar un clima de confianza que permita a las partes expresarse con libertad durante el proceso negociador. La ley establece que la información y documentación expuestas durante la negociación deben mantenerse reservadas, con excepciones muy tasadas como la dispensa expresa de las partes, el requerimiento judicial en el orden penal o razones de orden público.

    Este deber de confidencialidad se extiende a todos los participantes en el proceso: las partes, sus abogados y, en su caso, la tercera persona neutral que intervenga. Se trata de garantizar que lo que se diga o se proponga durante la negociación no pueda ser utilizado posteriormente en un eventual proceso judicial, fomentando así un diálogo sincero y constructivo.

    El proceso negociador: Aspectos procedimentales relevantes

    La regulación de los aspectos procedimentales de los diferentes medios de solución de controversias refleja también la voluntad del legislador de combinar la flexibilidad necesaria con las garantías mínimas exigibles.

    En cuanto a la legitimación, la iniciativa para acudir a estos mecanismos puede partir de cualquiera de las partes, de ambas de común acuerdo, o incluso de una derivación judicial. Se reconoce así tanto la autonomía de las partes como la posibilidad de que sea el propio sistema judicial quien fomente el uso de estas vías alternativas.

    Respecto a la intervención de profesionales, la ley opta generalmente por la no obligatoriedad de la asistencia letrada, salvo en casos específicos como la formulación de ofertas vinculantes (con excepciones cuando la cuantía es reducida). Esta flexibilidad pretende facilitar el acceso a estos mecanismos, aunque en la práctica, la complejidad de muchos conflictos jurídicos hará aconsejable contar con asesoramiento profesional.

    Un aspecto particularmente relevante es el efecto que la solicitud de estos mecanismos tiene sobre los plazos de prescripción y caducidad. La ley establece que dicha solicitud interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de acciones desde la fecha de comunicación a la otra parte, evitando así que el intento de solución amistosa pueda perjudicar los derechos de quien lo promueve.

    En cuanto a la forma, se apuesta preferentemente por la presencialidad, aunque admitiendo el uso de medios telemáticos por acuerdo de las partes o cuando se trate de reclamaciones de cuantía inferior a 600 euros. Esta flexibilidad resulta especialmente oportuna en un contexto de creciente digitalización de las relaciones jurídicas.

    Modalidades específicas: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

    Entre las diferentes modalidades reconocidas por la ley, merece la pena detenerse en algunas que presentan características especialmente novedosas o relevantes.

    La conciliación privada supone la intervención de una persona con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia objeto de conflicto. La ley exige que esta persona esté inscrita en un colegio profesional reconocido o en un registro de mediadores, y que actúe con imparcialidad y confidencialidad. Este mecanismo aprovecha el conocimiento especializado de determinados profesionales para facilitar el acuerdo en materias técnicamente complejas.

    La oferta vinculante confidencial constituye un mecanismo particularmente interesante para determinados tipos de conflictos. Una de las partes formula una oferta que le resulta vinculante en caso de aceptación por la otra. La ley exige que conste la identidad del oferente, la recepción efectiva por la otra parte y el contenido detallado de la oferta. Este instrumento puede resultar especialmente útil en reclamaciones económicas, donde el principal obstáculo para el acuerdo suele ser la cuantía.

    La opinión de persona experta independiente consiste en encomendar un dictamen a un experto en la materia objeto de conflicto. A diferencia de otros mecanismos, este dictamen no es vinculante, pero puede servir de base para el acuerdo si las partes lo aceptan, o al menos para clarificar los aspectos técnicos de la controversia. Tras la emisión del dictamen, las partes pueden aceptarlo como acuerdo, proponer mejoras o rechazarlo, en cuyo caso se entiende cumplido el requisito de procedibilidad.

    Finalmente, el proceso de Derecho colaborativo representa quizás la apuesta más innovadora de la nueva regulación. Se trata de una negociación estructurada en la que las partes, asistidas por sus respectivos abogados, trabajan conjuntamente para alcanzar una solución satisfactoria, pudiendo integrar a otros profesionales (psicólogos, economistas, etc.) cuando la complejidad del caso lo requiera. Al finalizar, se redacta un acta con los participantes, las sesiones realizadas y los acuerdos alcanzados.

    El reto de la implementación: De la teoría a la práctica

    La efectividad real de este nuevo sistema dependerá en gran medida de cómo se implemente en la práctica. No basta con establecer la obligatoriedad de intentar la resolución extrajudicial; es necesario que ese intento sea genuino y no se convierta en un mero trámite formal.

    En este sentido, la ley exige que el intento de negociación sea «real y creíble, no puede ser ficticio». Para ello, establece requisitos de documentación que varían según intervenga o no una tercera persona neutral, pero que en todos los casos incluyen una declaración responsable de que las partes han intervenido de buena fe en el proceso.

    Asimismo, la ley regula detalladamente cuándo se entiende finalizado el proceso de negociación, tanto si concluye con acuerdo como sin él. En caso de acuerdo, este debe formalizarse identificando a las partes y, en su caso, a sus abogados y a la tercera persona neutral, indicando el lugar y fecha, así como las obligaciones asumidas por cada parte.

    La posibilidad de elevar el acuerdo a escritura pública para convertirlo en título ejecutivo refuerza su valor y facilita su cumplimiento, evitando que el incumplimiento de lo pactado obligue a iniciar un proceso judicial declarativo.

    Un horizonte por explorar: Perspectivas y desafíos

    La Ley Orgánica 1/2025 representa un punto de inflexión en la concepción de la justicia en España, acercándonos a modelos ya consolidados en otros países con larga tradición en medios alternativos de resolución de conflictos. Estados Unidos, Canadá o los países nórdicos llevan décadas apostando por estos mecanismos, con resultados generalmente positivos en términos de satisfacción de los usuarios y descongestión de los tribunales.

    Sin embargo, cada sistema jurídico tiene sus particularidades, y el éxito de estos mecanismos no depende solo de su regulación legal, sino también de factores culturales, sociológicos y organizativos. La tradicional litigiosidad de la sociedad española, la escasa cultura negociadora en determinados ámbitos o la falta de formación específica de muchos profesionales son desafíos que deberán afrontarse.

    La apuesta por la obligatoriedad como impulso inicial puede ser comprensible en un contexto de cambio de paradigma, pero el verdadero éxito de estos mecanismos vendrá dado por su capacidad para generar soluciones satisfactorias que, progresivamente, los conviertan en la opción preferente por sus propios méritos, más allá de su carácter obligatorio.

    Conclusión: Entre la esperanza y la cautela

    La nueva regulación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional se alinea con una tendencia internacional clara hacia la potenciación de vías alternativas a la resolución judicial de conflictos. Esta tendencia responde tanto a necesidades prácticas —descongestionar los tribunales, reducir costes— como a una filosofía que valora el protagonismo de las partes en la gestión de sus propios conflictos.

    En este sentido, la normativa española se suma a un movimiento global que ha demostrado resultados positivos en muchas jurisdicciones. Sin embargo, solo el tiempo dirá si la técnica legislativa utilizada, especialmente la apuesta por la obligatoriedad como requisito de procedibilidad, es la más acertada para alcanzar el verdadero propósito de fomentar el acuerdo en evitación del pleito.

    El éxito de esta reforma dependerá no solo de su diseño normativo, sino también de factores como la formación adecuada de los profesionales implicados, la sensibilización de la ciudadanía sobre las ventajas de estas vías alternativas, y la capacidad del sistema para evaluar y adaptarse en función de los resultados obtenidos.

    En definitiva, nos encontramos ante una reforma ambiciosa y necesaria, que abre un horizonte esperanzador pero que deberá superar importantes desafíos para consolidarse como un auténtico cambio de paradigma en la administración de justicia en España. El verdadero criterio de éxito no será el número de intentos de negociación realizados, sino la calidad de los acuerdos alcanzados y la satisfacción de los ciudadanos con un sistema de justicia más participativo, eficiente y adaptado a sus necesidades reales.

    Summary: Companies with international projection and global presence can count on mediation and its benefits in the different contexts of their business, both in the compliance of the code of conduct and internal rules as well as in the compliance of contracts and projects with third parties or public authorities. In the same way, it facilitates access to a saturated justice system, while at the same time improving the relationship between the parties, as they do not have to face the wear and tear of the judicial phase, which leads to emotional wear and tear.

    I will focus on the intersection between compliance and mediation, as international corporations are increasingly interested in the potential of Mediation applied to compliance frameworks. Although there are a few important challenges that we need to mention, the benefits of international mediation are clear: costs savings, quick solutions and a good understanding between the parties. International mediation and compliance go hand in hand and, although they may not seem to have much in common, they complement each other. The purpose of this article is to illustrate with some practical examples the advantages of compliance mediation for small and medium-sized enterprises operating internationally, in order to demonstrate the potential that exists in this combination.

    Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR) that involves the intervention of a neutral third party, known as the mediator, to help disputing parties reach a mutually acceptable agreement. Unlike litigation, which involves a judge making a binding decision, mediation allows the parties to control the outcome, facilitating a more collaborative and flexible approach to resolving disputes.

    In the context of compliance issues and international contracts, mediation offers a unique advantage by addressing both legal and non-legal aspects of disputes, such as cultural differences, business practices, and organizational relationships. This flexibility is particularly important when dealing with international contracts, where cross-cultural understanding and respect for diverse legal systems are essential.

    The key is still the same recipe as the initial negotiation of a contract. The parties objectively and in a neutral atmosphere and collaborative approach, find ‘solutions’ to their disagreements where both parties win. The so-called win-win is still the best scenario in which the parties should meet again in dispute resolution. I always insist on the word ‘reconnect’ because of its positive connotation in any relationship. Mediation allows the parties to negotiate a mutually acceptable outcome, preserving the relationship between them, with the additional value of cost and time efficiencies and confidentiality guaranteed throughout the process.

    Mediation benefits compliance programmes in two keyways.

    Resolving internal compliance issues

    This is accomplished through facilitating communication and conflict resolution among employees, promoting a culture of dialogue, transparency and accountability. When a company uses mediation to resolve conflicts arising from internal compliance-related situations, it helps to prevent a conflict from escalating in proportions both in the form of legal action and disputes that may involve the public administration.

    A clear example is conflicts related to the code of conduct, where disputes often arise at the HR level. Another example is that arising from conflicts of interest. In both cases the connection lies in the common goal of promoting ethical behaviour, improving communication and resolving conflicts in a way that helps the employee and the company to follow its internal rules and achieve the required standards.

    Mediation opens a space for dialogue and amicable conflict resolution, facilitating employees’ professional and personal growth in a sustained way over time.

    Another example can be conflicts related to cross-border labour issues applicable to the same company, whether private, non-governmental organisation or conflicts between private and public companies. The reasons for the conflict may be related to harassment issues or pay inequality issues. For example, the internal pay system within an international organisation should consider the following elements:

    • Remuneration represents by far the most important and controversial element of the employment relationship and is of equal interest to the employer and the employee.
    • The remuneration system should be based on and consistent with the principles of the organisation.
    • The criteria for determining remuneration should be objective and measurable.
    • The system should be equitable.

    Conflicts often arise around these elements and companies should be transparent, through comprehensive policies, about their position on non-discrimination, harassment or inclusion of their employees within their organisation and the markets in which they operate.

    Mediation can be a channel to help find solutions to equality and non-discrimination issues between employees within the same organisation. It also obliges companies to consider the standards of international legislation (e.g. CSRD) when implementing their policies. We are seeing that it is not a ‘nice to have’ but a ‘must have’.

    Resolving disputes with external parties

    Mediation can be used to enforce commercial contracts or in projects. It helps prevent disputes between companies or between companies and regulators, foster better relations, and ensure compliance standards are met without resorting to litigation. Mediation promotes cooperation between the parties and helps reduce the risk of future contractual violations.

    A clear example of the benefits of the use of mediation in compliance arises in the international context where legal certainty is required for both parties, as well as fair and reasonable management of a long-term project. In some cases, there is a public-private element to the dispute as the public sector is involved (either in licensing issues or as a regulatory authority). This may create some confusion in the roles and rights of the parties, which makes perfect sense when the interests of the investor (private equity) and the community or private parties are very diverse.

    For context, we might think of environmental, social and governance issues that are receiving serious attention from governments and regulators, given the impact on the planet and the people within the communities where they live. Mediation offers a way to resolve these conflicts by facilitating open communication between the parties involved. For instance, if a company is accused of breaching a country’s environmental regulations, mediation can provide a platform for the company and regulatory authorities to discuss the issues, share concerns, and negotiate a solution that satisfies both parties. Instead of pursuing punitive measures or resorting to lengthy legal battles, mediation can help parties find common ground and craft a solution that supports compliance while preserving business relationships.

    A concrete example is mining activities, which contribute greatly to the involvement of foreign entities in resource-rich countries, involving, on a large scale, both foreign and domestic interests, and potentially resulting in pollution and damage to the environment. In addition, there are various problems, especially the use of land for mining activities, which causes friction between mining companies, communities and local governments where mining activities take place. Since these projects take place over a long period of time and involve various interests of both private and public actors as well as communities, mediation is undoubtedly a good way to prevent disputes during the whole process of project development and implementation, offering in conflict situations not only a quick solution for both parties but also a fair and reasonable management of a project in the long term.

    Another tool, with elements of mediation, which is recommended for the successful completion of large projects, as for instance construction projects, are Dispute Boards, a panel of one to three members with extensive experience in the field of the contract, who accompany the execution of the contract until the work is completed on time and on budget. This method is not a pure and simple mediation, although it resembles it, because the Dispute Boards, in particular the so-called DAAB (Dispute Avoidance and Adjudication Board), permanently seek to avoid conflict and, if it arises, to encourage the parties to find a solution or to make it binding. I will go into more detail on this subject in another article.

    Hereby, we can also mention internal control and auditability towards third parties, be they customers or suppliers. The EU directive (CSDDD) puts the emphasis on indirect suppliers in the supply chain. It is therefore important that when establishing a business or investment partnership, all parties involved have a similar level of compliance with standards. In this regard, framework compliance agreements, which are compliance agreements that regulate the compliance obligations of both parties’ subject to a service contract, are very common.

    Aspects of compliance in such contracts may include, among others, anti-corruption policy, fee evasion, international sanctions, trainings, reporting requirements and ways to audit the compliance clauses agreed in the service contract, as well as the escalation clause to resolve disputes amicably, using the various existing ADR modes.

    In the context of commercial contracts, mediation is used to resolve disputes related to non-performance, late deliveries, payment problems, interpretations of clauses or any other dispute arising from a commercial agreement, including any aspect of the compliance agreement as referred to above.

    For an internationally developing company it would be advisable to promote mediation as the type of dispute resolution in conflicts with third parties. One way to promote mediation as an effective means of dispute resolution could be through a clause of voluntary submission to mediation in all transactions with third parties, followed by arbitration or submission to the courts of a certain jurisdiction, known as a tiered dispute resolution clause. These clauses provide for a gradual system of dispute resolution following various alternative methods of resolving disputes, usually culminating in arbitration if the outcome of the first alternative methods is unsuccessful.

    The choice of conflict resolution through mediation is a ‘win-win solution’, whose confidentiality is guaranteed in the face of public attention. Based on these advantages, mediation is considered more suitable to be implemented (agreed, including with the escalation clause) in a contract.

    Challenges of Mediation in International Contract Disputes

    Despite its many advantages, mediation is not without its challenges. Some of the key obstacles include:

    Lack of Enforcement Mechanisms: Mediation agreements are typically non-binding, meaning that parties are not legally required to adhere to the terms of the settlement. While mediation can result in a mutually agreed-upon solution, enforcing the agreement may require the parties to enter into further negotiations or even resort to litigation if one side fails to honour the agreement.

    Cultural and Language Barriers: In international contract disputes, cultural differences and language barriers can complicate the mediation process. It is important to select mediators who have experience with cross-cultural communication and who understand the legal systems involved. Without such expertise, the mediation process may be ineffective.

    Reluctance to Mediate: Some parties may be reluctant to mediate, especially if they perceive it as a sign of weakness or if they are unfamiliar with the process. This reluctance can be overcome with proper education and a clear understanding of the benefits of mediation.

    Although we can say that there is a growth of mediation around the world and the level of satisfaction of the use of mediation is based on its core values, which are impartiality, confidentiality and self-determination, the promotion of the mediation is still an important challenge.

    Conclusion

    In the case of internal compliance, mediation usually takes a more reactive role, i.e. when the conflict has already surfaced within the company or organisation; whereas, in the case of third party compliance, mediation takes a preventive role, such as in the case of Dispute Boards, although it also helps to resolve a commercial conflict between parties who wish to continue to maintain a business relationship. In both cases the objective is the same, to try to find common ground between the interests of the parties in order to resolve or avoid a conflict that could lead the parties to a legal dispute.

    As international trade continues to grow and the complexity of global regulations increases, businesses and organizations can benefit from adopting mediation as a strategic method for resolving conflicts. By fostering cooperation and understanding, mediation can help build stronger, more resilient business relationships and ensure long-term success in a global marketplace.

    Companies need to adhere to their own compliance programmes, but also to the programme of their customers, suppliers or banks with whom they collaborate. Not only is there a need for expertise to know the legal framework applicable to the industry, but there is also a need for conflict resolution when conflicts arise or even to act pre-emptively. Legal battles are expensive, time-consuming and damaging to business relationships. Many jurisdictions and industries are already demanding an obligation for parties to exhaust alternative dispute resolution methods before moving to the litigation phase.

    El año 2025 comienza marcando un hito en la Administración de Justicia en España con la publicación de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes medidas para modernizar el sistema judicial.

    Entre estas, destaca el uso obligatorio de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para iniciar procedimientos civiles. Este cambio busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y fomentar soluciones consensuadas entre las partes. La Ley entrará en vigor el próximo 3 de abril de 2025.

    En esta entrada preliminar, exploraremos qué implica esta novedad, los tipos de MASC previstos, sus características y las consecuencias de su implementación.

    ¿Qué son los Medios Adecuados de Solución de Controversias?

    Los MASC son mecanismos que permiten a las partes resolver conflictos de manera extrajudicial, ya sea mediante negociaciones directas o con la ayuda de un tercero neutral. Estos medios incluyen opciones como la mediación, la conciliación, la opinión de expertos independientes, el derecho colaborativo y otras herramientas reconocidas legalmente.

    El objetivo principal de los MASC es reducir la carga de trabajo de los tribunales y ofrecer a los ciudadanos una alternativa más rápida, eficiente y personalizada para resolver sus disputas. Esta vía también busca promover la cultura del acuerdo, favoreciendo relaciones más armónicas entre las partes implicadas.

    Los MASC como requisito de procedibilidad

    Uno de los aspectos más innovadores de la nueva Ley es que hace obligatorio intentar resolver los conflictos mediante un MASC antes de presentar una demanda judicial en asuntos civiles. Esto significa que, para que una demanda sea admitida, las partes deben demostrar que han intentado una actividad negociadora previa, ya sea mediante mediación, conciliación, o cualquier otro MASC reconocido.

    Sin embargo, hay excepciones. No se exige este requisito en casos relacionados con:

    • Derechos fundamentales,
    • Medidas urgentes relativas a menores,
    • Disputas sobre filiación, paternidad o maternidad,
    • Medidas de apoyo a personas con discapacidad,
    • Juicios cambiarios,
    • Cuando una de las partes sea una entidad del sector público, entre otros.

    Esta obligación aplica a los procesos declarativos del libro II y a procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no incluye las demandas ejecutivas ni las solicitudes de medidas cautelares o diligencias preliminares.

    Tipos de MASC reconocidos

    La ley identifica varios MASC que cumplen con el requisito de procedibilidad:

    • Mediación: Un tercero neutral ayuda a las partes a dialogar y alcanzar un acuerdo.
    • Conciliación: Un profesional imparcial sugiere posibles soluciones al conflicto.
    • Oferta vinculante confidencial: Cualquier persona que formule una oferta vinculante confidencial con la finalidad de dar solución a una controversia.
    • Opinión de un experto independiente: Un especialista evalúa el caso y ofrece una recomendación.
    • Derecho colaborativo: Abogados de ambas partes trabajan conjuntamente para encontrar una solución sin acudir a los tribunales.
    • Otros mecanismos: Cualquier actividad negociadora reconocida por ley, como acuerdos directos entre abogados de las partes.

    Características principales de los MASC

    • Voluntariedad y buena fe: Aunque el intento de negociación es obligatorio, las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo.
    • Confidencialidad: Todo lo discutido durante el proceso es confidencial y no puede usarse en un eventual juicio, salvo, entre otros motivos, por dispensa expresa por escrito de las partes.
    • Suspensión de plazos: El inicio de un MASC interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de las acciones legales.
    • Flexibilidad: Las partes pueden elegir el MASC que mejor se adapte a sus necesidades.

    Procedimiento y consecuencias de no cumplir el requisito

    Para acreditar que se ha intentado un MASC, las partes deben presentar documentación que demuestre el esfuerzo negociador, como un acta firmada o, en caso de que no haya acuerdo, una certificación expedida por el mediador, conciliador o experto. Si no se cumple este requisito, la demanda podrá ser inadmitida.

    En caso de que el proceso de negociación termine sin acuerdo, las partes pueden acudir a los tribunales, pero la actitud de las mismas durante la negociación podrá influir en decisiones sobre costas procesales o posibles sanciones por abuso del sistema judicial.

    Ventajas de los MASC

    La introducción de los MASC como requisito previo al litigio puede ofrecer múltiples beneficios:

    • Descongestión judicial: Reduce la carga de trabajo de los tribunales, permitiendo una resolución más ágil de los casos.
    • Menores costes: Los MASC suelen ser más económicos que un proceso judicial completo.
    • Mayor rapidez: Muchas disputas pueden resolverse en semanas en lugar de meses o años.
    • Soluciones personalizadas: Los acuerdos pueden adaptarse mejor a las necesidades de las partes.
    • Preservación de relaciones: Fomentan el diálogo y el entendimiento, reduciendo el conflicto entre las partes.

    Críticas y desafíos

    A pesar de sus ventajas, la implementación de los MASC no está exenta de retos:

    • Falta de conocimiento: Muchas personas desconocen qué son los MASC y cómo funcionan.
    • Desconfianza: Algunos ciudadanos podrían percibirlos como una traba adicional para acceder a la justicia.
    • Capacitación: Es esencial formar a los profesionales que actuarán como mediadores, conciliadores y expertos.
    • Costes iniciales: Aunque a largo plazo son más económicos, los honorarios de los profesionales implicados pueden ser una barrera para algunos usuarios.

    Conclusión

    La introducción de los MASC como requisito de procedibilidad en el ámbito civil representa un cambio significativo en el sistema judicial español. Esta medida no solo busca agilizar la resolución de conflictos, sino también fomentar una cultura del acuerdo que beneficie a las partes y al conjunto de la sociedad.

    Aunque la transición hacia este nuevo modelo podrá enfrentar ciertos obstáculos, los beneficios a largo plazo prometen un sistema judicial más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, los MASC no solo son una herramienta para resolver conflictos, sino también un paso hacia una justicia más humana y sostenible.

    Summary: Since 12 July 2020, new rules apply for platform service providers and search engine operators – irrespective of whether they are established in the EU or not. The transition period has run out. This article provides checklists for platform service providers and search engine operators on how to adapt their services to the Regulation (EU) 2019/1150 on the promotion of fairness and transparency for commercial users of online intermediation services – the P2B Regulation.

    The P2B Regulation applies to platform service providers and search engine operators, wherever established, provided only two conditions are met:

    (i) the commercial users (for online intermediation services) or the users with a company website (for online search engines) are established in the EU; and

    (ii) the users offer their goods/services to consumers located in the EU for at least part of the transaction.

    Accordingly, there is a need for adaption for:

    • Online intermediation services, e.g. online marketplaces, app stores, hotel and other travel booking portals, social media, and
    • Online search engines.

    The P2B Regulation applies to platforms in the P2B2C business in the following constellation (i.e. pure B2B platforms are exempt):

    Provider -> Business -> Consumer

    The article follows up on the introduction to the P2B Regulation here and the detailed analysis of mediation as method of dispute resolution here.

     Checklist how to adapt the general terms and conditions of platform services

    Online intermediation services must adapt their general terms and conditions – defined as (i) conditions / provisions that regulate the contractual relationship between the provider of online intermediation services and their business users and (ii) are unilaterally determined by the provider of online intermediation services.

    The checklist shows the new main requirements to be observed in the general terms and conditions (“GTC”):

    1. Draft them in plain and intelligible language (Article 3.1 a)
    2. Make them easily available at any time (also before conclusion of contract) (Article 3.1 b)
    3. Inform on reasons for suspension / termination (Article 3.1 c)
    4. Inform on additional sales channels or partner programs (Article 3.1 d)
    5. Inform on the effects of the GTC on the IP rights of users (Article 3.1 e)
    6. Inform on (any!) changes to the GTC on a durable medium, user has the right of termination (Article 3.2)
    7. Inform on main parameters and relative importance in the ranking (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or business secrets (Article 5.1, 5.3, 5.5)
    8. Inform on the type of any ancillary goods/services offered and any entitlement/condition that users offer their own goods/services (Article 6)
    9. Inform on possible differentiated treatment of goods / services of the provider or individual users towards other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)
    10. No retroactive changes to the GTC (Article 8a)
    11. Inform on conditions under which users can terminate contract (Article 8b)
    12. Inform on available or non-available technical and contractual access to information that the Service maintains after contract termination (Article 8c)
    13. Inform on technical and contractual access or lack thereof for users to any data made available or generated by them or by consumers during the use of services (Article 9)
    14. Inform on reasons for possible restrictions on users to offer their goods/services elsewhere under other conditions («best price clause»); reasons must also be made easily available to the public (Article 10)
    15. Inform on access to the internal complaint-handling system (Article 11.3)
    16. Indicate at least two mediators for any out-of-court settlement of disputes (Article 12)

    These requirements – apart from the clear, understandable language of the GTC, their availability and the fundamental ineffectiveness of retroactive adjustments to the GTC – clearly go beyond what e.g. the already strict German law on general terms and conditions requires.

    Checklist how to adapt the design of platform services and search engines

    In addition, online intermediation services and online search engines must adapt their design and, among other things, introduce internal complaint-handling. The checklist shows the main design requirements for:

    a) Online intermediation services

    1. Make identity of commercial user clearly visible (Article 3.5)
    2. State reasons for suspension / limitation / termination of services (Article 4.1, 4.2)
    3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3), see above
    4. Set an internal complaint handling system, with publicly available info, annual updates (Article 11, 4.3)

    b) Online search engines

    1. Explain the ranking’s main parameters and their relative importance, public, easily available, always up to date (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or trade secrets (Article 5.2, 5.3, 5.5)
    2. If ranking changes or delistings occur due to notification by third parties: offer to inspect such notification (Article 5.4)
    3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)

    The European Commission will provide guidelines regarding the ranking rules in Article 5, as announced in the P2B Regulation – see the overview here. At the same time, providers of online intermediation services and online search engines shall draw up codes of conduct together with their users.

    Practical Tips

    • The Regulation significantly affects contractual freedom as it obliges platform services to adapt their general terms and conditions.
    • The Regulation is to be enforced by «representative organisations» or associations and public bodies, with the EU Member States ensuring adequate and effective enforcement. The European Commission will monitor the impact of the Regulation in practice and evaluate it for the first time on 13.01.2022 (and every three years thereafter).
    • The P2B Regulation may affect distribution relationships, in particular platforms as distribution intermediaries. Under German distribution law, platforms and other Internet intermediation services acting as authorised distributors may be entitled to a goodwill indemnity at termination (details here) if they disclose their distribution channels on the basis of corresponding platform general terms and conditions, as the Regulation does not require, but at least allows to do (see also: Rohrßen, ZVertriebsR 2019, 341, 344–346). In addition, there are numerous overlaps with antitrust, competition and data protection law.

    It is usually said that “conflict is not necessarily bad, abnormal, or dysfunctional; it is a fact of life[1]” I would perhaps add that quite often conflict is a suitable opportunity to evolve and to solve problems[2]. It is, in fact, a useful part of life[3] and particularly, should I add, of businesses. And conflicts not only arise at the end of the business relationship or to terminate it, but also during it and the parties remain willing to continue it.

    The 2008 EU Directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters states that «agreements resulting from mediation are more likely to be complied with voluntarily and are more likely to preserve an amicable and sustainable relationship between the parties.»

    Can, therefore, mediation be used not only as an alternative to court or arbitration when terminating distribution agreements, but also to re-organize them or to change contract conditions? Would it be useful to solve these conflicts? What could be the advantages?

    In distribution/agency/franchise agreements, particularly for those lasting several years, parties can have neglected their obligations (for instance minimum sales targets not attained).

    Sometimes they could have tolerated the situation although they remain not very happy with the other party’s performance because they are still doing acceptable business.

    It could also happen that one of the parties wishes to restructure the entire distribution network (Can we change the distribution structure to an agency one?), but does not want to face a complete termination because there are other benefits in the relationship.

    There may be just some changes to be introduced, or changes in the legal structures (A mere reseller transformed in distributor?), legal frameworks, legal conditions (Which one is the applicable law?), limitation of the scope of contract, territory…

    And now, we face the Covid-19 crisis where everything is still more uncertain.

    In some cases, it could happen that there is no written contract and the parties wish to draft it; in other cases, agreements could have been defectively drafted with incomplete, contradictory or no regulation at all (Was it an exclusive agreement?).

    The contracts  could be perfect for the situation imagined when signed several years ago but not anymore (What happen with online sales?) or  circumstances, markets, services, products have changed and need to be reconsidered (mergers, change of directors…).

    Sometimes, even more powerful parties have not the elements to oblige the weaker party to respect new terms, or they simply prefer not to impose their conditions, but to build up a more collaborative relationship for the future.

    In all these cases, negotiation is the usual strategy parties follow: each one is focused in obtaining its own benefits with a clear idea of, for instance, which clause(s) should be modified or drafted.

    Nevertheless, mediation could add some neutrality, and some space to a more efficient, structured and useful approach to the modification of the commercial relationship, particularly in distribution agreements where the collaboration (in the past, but also in the future if the parties wish so) is of paramount importance.

    In most of these situations, personal emotional aspects could also be involved and make more difficult a neutral negotiation: a distributor that has been seen by the manufacturer as not performing very well and feels hurt, an agent that could consider a retirement, parties from different cultures that need to understand different ways of performing, franchisees that have been treated differently in the network and feel discriminated, etc.

    In these circumstances and in other similar ones, where all persons involved, assisted by their respective lawyers, wish to continue the relationship although maybe in a different way, a sort of facilitative mediation can be a great help.

    These are, in my opinion, the main reasons:

    1. Mediation is a legal and organized procedure that could help the parties to increase their awareness of the necessity to redraft the agreement (or drafting for the first time if it was not already done).
    2. Parties can be heard more easily, negotiation is eased in the interest of both of them, encourages them to act more reasonably vis-à-vis the other side, restores relationship if necessary, deadlock can be easily broken and, if the circumstances advice so, parties can be engaged separately with the help of the mediator.
    3. Mediation can consider other elements different to the mere commercial or legal ones: emotions linked to performance, personal situations (retirement, succession, illness) or even differences in cultural approaches.
    4. It helps to find the real (possibly new or not shown) interests in the commercial relationship of the parties, focusing in developments, strategies, new proposals… The mere negotiation between the parties and they attorneys could not make appear these new interests and therefore be limited only to the discussion on the change of concrete obligations, clauses or situations. Mediation helps to go beyond.
    5. Mediation techniques can also help the parties to face their current situation, to take responsibility of their performance without focusing on blame or incompetence but on a constructive and future collaboration in new specific terms.[4]
    6. It can also avoid the increasing of the conflict into a more severe one (breaching) and in case mediation does not end with a new/redrafted agreement, the basis for a mediated termination can be established, if the parties wish so, instead of litigation.
    7. Mediation can conclude into a new agreement where the parties are more reassured, more comfortable with, and more willing to respect because they were involved in their construction with the assistance of their respective lawyers, and because all their interests (not only new drafted clauses) were considered.
    8. And, in any case, mediation does not affect the party’s collaborative position and does not reduce their possibility to use other alternatives, including litigation or arbitration to terminate the agreement or to oblige the other party to respect its legal obligations.

    The use of mediation does not need the parties to have foreseen it in the agreement (although it could be easier if they did so) but they can use it freely at any time.

    This said, a lawyer proposing mediation as a contractual clause or, in case it was not included in the agreement, as a procedure to face this sort of conflicts in distribution agreements, will be certainly seen by his/her client as problem-solving attorney looking for the client’s interests rather than a litigator pushing them to a more uncertain situation, with unknown costs and unforeseeable timeframe.

    Parties in distribution agreements should have this possibility in mind and lawyers have the opportunity to actively participate in mediation from the first steps by recommending it in the initial agreement, during the process helping the clients to express their concerns and interests, and in the drafting of the final (new) agreement, representing the clients’ and as co-author of their success.

    If you would like to hear more on the topic of mediation and distribution agreements you can check out the recording of our webinar on Mediation in International Conflicts

    [1] Moore, Christopher W. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. Jossey-Bass. Wiley, 2014.

    [2] Mnookin, Robert H. Beyond Winning. Negotiating to create value in deals and disputes (p. 53). Harvard University Press, 2000.

    [3] Fisher, R; Ury, W. Getting to Yes: Negotiating an agreement without giving in. Random House.

    [4] «Talking about blame distracts us from exploring why things went wrong and how we might correct them going forward. Focusing instead on understanding the contribution system allows us to learn about the real causes of the problem, and to work on correcting them.» [Stone, Douglas. “Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most”. Penguin Publishing Group]

    En estos tiempos de inseguridad sobre el futuro tenemos, sin embargo, algunas certezas. Una de ellas, sin duda, es que «los servicios de intermediación en línea son factores esenciales para el emprendimiento y los nuevos modelos de negocio«. El Reglamento UE 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea se ocupa de ello. El Reglamento se aplicará a partir del 12 de julio de 2020.

    La finalidad del Reglamento es establecer normas para asegurar que se conceden opciones apropiadas de transparencia, de equidad y de reclamación a los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea y a los usuarios de sitios web corporativos en relación con los motores de búsqueda en línea (art. 1). Se aplica a los servicios de intermediación en línea y los motores de búsqueda ofrecidos a usuarios comerciales que tengan su lugar de establecimiento UE y que ofrecen bienes o servicios a los consumidores en la UE. Y esto, independientemente del lugar de establecimiento de los proveedores y la ley aplicable. Sus reglas se aplicarán, en particular, a los mercados en línea (marketplaces), los outlets de redes sociales, plataformas de distribución de aplicaciones, las plataformas para la economía colaborativa y los motores de búsqueda en general.

    Lo que me gustaría subrayar en este cometario es la previsión del Reglamento (art. 12) del uso de la mediación como un método específico para la resolución de conflictos entre proveedores de servicios de intermediación en línea y usuarios profesionales. La mediación se fomenta sin perjuicio de su voluntariedad y la posibilidad de reclamación judicial.

    En particular, los proveedores de los servicios de intermediación designarán en sus condiciones generales, dos o más mediadores con los que están dispuestos a colaborar –de buena fe- para llegar a un acuerdo con los usuarios profesionales y así resolver de manera extrajudicial todo litigio entre el proveedor y los usuarios profesionales. Únicamente los proveedores de servicios que tengan la consideración de pequeñas empresas estarían exentos de asumir esta obligación, sin perjuicio de poder hacerlo voluntariamente.

    El Reglamento también contiene los requisitos que estos mediadores deben cumplir: algunos generales (independencia, con servicios asequibles, actuar sin demora, fácilmente accesibles) y otros más específicos o que necesitarán una calificación especial (capacidad de mediar en el idioma de las condiciones generales y con suficiente conocimiento de las relaciones comerciales dentro de la empresa).

    También es interesante notar que los proveedores de servicios deberán soportar una parte razonable de los costes totales de la mediación en cada caso, de acuerdo con las indicaciones del mediador y según algunos criterios, como los fundamentos relativos de los argumentos de las partes, su conducta, así como el tamaño y su capacidad financiera.

    La conclusión parece clara: la mediación, como alternativa a la resolución de disputas por vía judicial o arbitral, está aumentando su espacio en las normas de la UE. Siempre permanece como una forma voluntaria de resolver conflictos, y vale la pena considerar su eficacia en todas las áreas de negocio. Este Reglamento lo hace expresamente.

    Angel Iglesias Molero

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      Mediation as an instrument to solve conflicts in compliance related issues and international contracts

      9 de abril de 2025

      • Mediación
      • Arbitraje
      • Litigios

      Durante más de 35 años como abogado mercantilista he visto cómo muchos, yo el primero, confundíamos un asesoramiento eficaz con la respuesta inmediata y exhaustiva. Ahora tengo la percepción de que el mundo del derecho y el de la empresa están cambiando: no basta con saber (cada vez más leyes, más requisitos, más sentencias contradictorias… y más ruido), sino que hay que escuchar, acompañar y facilitar decisiones. Y ahí es donde la actuación también como coach ejecutivo ofrece un marco extraordinariamente útil.

      De los abogados se espera que resolvamos. Los coaches ejecutivos, sin embargo, ayudamos (dentro de un marco ético) a que el otro descubra por sí mismo la respuesta. Y esto puede ser una fuente de enorme riqueza profesional y para el cliente. Cuando éste se enfrenta a un problema no necesita un análisis jurídico, sino necesita claridad y perspectiva para decidir… desde “su problema”, y no desde “nuestra solución”. Integrar en nuestro ejercicio profesional las herramientas de coaching ejecutivo transforma la conversación y el asesoramiento jurídico en algo más eficaz: un proceso de toma de decisiones en el que acompañamos al cliente de principio a fin.

      Imagino tres ámbitos donde se encuentran el abogado y el coach ejecutivo:

      1. La relación con el cliente. Escuchar bien antes de aconsejar.

      Decía Plutarco que “escuchar bien es la base de vivir bien”. Y a veces el cliente no busca tanto una respuesta, como claridad para decidir. Escuchar más allá de lo que dice (y de lo que calla) permite entender qué le preocupa. Una pregunta puede abrir más caminos que una disertación que, lo más seguro, le va a dejar frío. Cuando escuchamos sin prisa y sin sesgo propiciamos un espacio de reflexión que ayuda al cliente a ordenar, priorizar y tomar decisiones con sentido. Con sentido… para él.

      1. La negociación y la mediación.

      En estos procesos ayudamos con las técnicas de coaching a desactivar resistencias y a pasar de la confrontación a la comprensión. El abogado-coach facilita que las partes se escuchen y descubran qué hay detrás de sus demandas. Una negociación puede desbloquearse cuando se permite al otro expresarse. Los acuerdos dejan de ser meras transacciones y se convierten en decisiones compartidas, más estables y sostenibles en el tiempo y menos fuentes de conflictos.

      1. Acompañar procesos de cambio en el cliente y su organización

      El abogado-coach puede convertirse no solo en el redactor del acuerdo sino en facilitador del cambio. Ayuda a que los implicados comprendan lo que está en juego y alineen decisiones con sus valores y objetivos gestionando resistencias. El abogado deja de ser un mero “proveedor” de servicios (al que muchas veces se recurre solo al final del proceso) y pasa a ser un socio de reflexión.

      En suma, percibo que hoy se nos demanda ejercer de forma diferente: menos técnica y más humana, menos reactiva y más transformadora. Las técnicas de coaching ayudan: escucha consciente, feedback constructivo, claridad de propósito… permiten gestionar mejor el conflicto, el estrés y la incertidumbre. El coaching, por supuesto, no sustituye al derecho, sino que lo ensancha y le da herramientas. En estos momentos, la inteligencia artificial (mucho más rápida y potencialmente mucho más completa y exhaustiva) nos está desubicando de nuestros hábitos. Quizás esto nos permita entrever que el abogado no deberá ser solo un experto en normas, sino un facilitador de conversaciones difíciles, alguien capaz de unir análisis y empatía, precisión y presencia. Alguien que entienda que su valor está en ayudar a sus clientes para que eviten sus conflictos o puedan resolverlos como mejor les satisfaga. Y ahí es donde el abogado-coach tiene mucho que aportar.

      Introducción: Un cambio de paradigma en la resolución de conflictos

      La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, marca un punto de inflexión en el sistema judicial español. Esta normativa no se limita a introducir modificaciones procedimentales, sino que refleja una transformación profunda en la concepción misma de la justicia. El legislador ha apostado decididamente por potenciar vías alternativas a la resolución judicial de conflictos, convirtiendo la negociación previa en un elemento central del sistema.

      La saturación de los tribunales, los costes asociados a los procesos judiciales y la búsqueda de soluciones más satisfactorias para las partes han impulsado esta reforma que coloca los denominados «medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional» como piedra angular de un nuevo modelo de justicia orientado al diálogo y al acuerdo.

      La filosofía detrás de los medios alternativos de resolución de conflictos

      Más allá de la descongestión de los tribunales, esta reforma responde a una filosofía que entiende que no todos los conflictos requieren necesariamente una respuesta judicial. Los medios alternativos de resolución de controversias parten de la premisa de que muchos conflictos pueden encontrar soluciones más satisfactorias, duraderas y adaptadas a las necesidades e intereses de las partes cuando son ellas mismas quienes participan activamente en su construcción.

      La Ley Orgánica 1/2025 define estos medios como «cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral». Esta definición, amplia y flexible, pretende abarcar diversas formas de negociación que tienen como denominador común el protagonismo de las partes en la resolución de sus propias disputas.

      Un abanico de posibilidades: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

      Uno de los aspectos más destacables de la nueva regulación es que no apuesta por un único modelo de resolución alternativa de conflictos, sino que reconoce la diversidad de situaciones y la necesidad de ofrecer diferentes herramientas adaptadas a cada caso particular.

      La mediación, ya consolidada en nuestro ordenamiento a través de la Ley 5/2012, mantiene su relevancia como vía preferente, pero a ella se suman otras modalidades como la conciliación en sus diversas variantes (notarial, registral, ante letrado de la Administración de Justicia o judicial), la opinión de expertos independientes, las ofertas vinculantes confidenciales o el novedoso proceso de Derecho colaborativo.

      Esta pluralidad de mecanismos refleja la complejidad de las relaciones jurídicas contemporáneas y la necesidad de ofrecer respuestas adaptadas a cada tipo de conflicto. No es lo mismo resolver una disputa vecinal que una controversia empresarial compleja, y el legislador ha sido consciente de que «una talla única» no resultaría eficaz para la diversidad de situaciones que pueden presentarse.

      La controvertida apuesta por la obligatoriedad: El requisito de procedibilidad

      Sin duda, el aspecto más innovador —y probablemente más polémico— de la nueva regulación es la configuración de estos medios como un requisito previo obligatorio para acudir a la vía judicial en determinados ámbitos. Esta decisión supone un salto cualitativo respecto a la anterior regulación, que apostaba principalmente por el carácter voluntario de estos mecanismos.

      A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, 3 de abril de 2025, la demanda en el orden jurisdiccional civil no será admitida si no se justifica que se ha intentado previamente la resolución del conflicto por alguna de las vías alternativas reconocidas. No solo eso, sino que además debe acreditarse la identidad entre el objeto de la negociación previa y el objeto del litigio que se pretende iniciar.

      Esta obligatoriedad ha sido objeto de intenso debate. Sus defensores argumentan que resulta necesaria para promover un cambio cultural en una sociedad tradicionalmente litigiosa, mientras que sus detractores advierten del riesgo de convertir estos mecanismos en un mero trámite formal que desvirtúe su verdadera finalidad.

      Lo cierto es que el legislador ha intentado encontrar un equilibrio, excluyendo de esta obligatoriedad determinadas materias especialmente sensibles o que, por su naturaleza, requieren una respuesta judicial inmediata. Así, quedan exentas del requisito de negociación previa cuestiones como la tutela judicial de derechos fundamentales, las medidas de protección de menores, o la solicitud de medidas cautelares, entre otras.

      Los principios rectores: Autonomía y confidencialidad como pilares del sistema

      La eficacia de los medios alternativos de resolución de conflictos descansa en gran medida en dos principios fundamentales: la autonomía de las partes y la confidencialidad del proceso.

      El principio de autonomía privada reconoce que son las propias partes quienes mejor conocen sus intereses y necesidades, y por tanto, quienes están en mejores condiciones para encontrar soluciones adaptadas a su situación particular. La ley establece que las partes son libres de transaccionar, siempre que respeten la ley, la buena fe y el orden público. Esta libertad es esencial para que las soluciones alcanzadas sean verdaderamente satisfactorias y duraderas.

      Por su parte, el principio de confidencialidad resulta crucial para generar un clima de confianza que permita a las partes expresarse con libertad durante el proceso negociador. La ley establece que la información y documentación expuestas durante la negociación deben mantenerse reservadas, con excepciones muy tasadas como la dispensa expresa de las partes, el requerimiento judicial en el orden penal o razones de orden público.

      Este deber de confidencialidad se extiende a todos los participantes en el proceso: las partes, sus abogados y, en su caso, la tercera persona neutral que intervenga. Se trata de garantizar que lo que se diga o se proponga durante la negociación no pueda ser utilizado posteriormente en un eventual proceso judicial, fomentando así un diálogo sincero y constructivo.

      El proceso negociador: Aspectos procedimentales relevantes

      La regulación de los aspectos procedimentales de los diferentes medios de solución de controversias refleja también la voluntad del legislador de combinar la flexibilidad necesaria con las garantías mínimas exigibles.

      En cuanto a la legitimación, la iniciativa para acudir a estos mecanismos puede partir de cualquiera de las partes, de ambas de común acuerdo, o incluso de una derivación judicial. Se reconoce así tanto la autonomía de las partes como la posibilidad de que sea el propio sistema judicial quien fomente el uso de estas vías alternativas.

      Respecto a la intervención de profesionales, la ley opta generalmente por la no obligatoriedad de la asistencia letrada, salvo en casos específicos como la formulación de ofertas vinculantes (con excepciones cuando la cuantía es reducida). Esta flexibilidad pretende facilitar el acceso a estos mecanismos, aunque en la práctica, la complejidad de muchos conflictos jurídicos hará aconsejable contar con asesoramiento profesional.

      Un aspecto particularmente relevante es el efecto que la solicitud de estos mecanismos tiene sobre los plazos de prescripción y caducidad. La ley establece que dicha solicitud interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de acciones desde la fecha de comunicación a la otra parte, evitando así que el intento de solución amistosa pueda perjudicar los derechos de quien lo promueve.

      En cuanto a la forma, se apuesta preferentemente por la presencialidad, aunque admitiendo el uso de medios telemáticos por acuerdo de las partes o cuando se trate de reclamaciones de cuantía inferior a 600 euros. Esta flexibilidad resulta especialmente oportuna en un contexto de creciente digitalización de las relaciones jurídicas.

      Modalidades específicas: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

      Entre las diferentes modalidades reconocidas por la ley, merece la pena detenerse en algunas que presentan características especialmente novedosas o relevantes.

      La conciliación privada supone la intervención de una persona con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia objeto de conflicto. La ley exige que esta persona esté inscrita en un colegio profesional reconocido o en un registro de mediadores, y que actúe con imparcialidad y confidencialidad. Este mecanismo aprovecha el conocimiento especializado de determinados profesionales para facilitar el acuerdo en materias técnicamente complejas.

      La oferta vinculante confidencial constituye un mecanismo particularmente interesante para determinados tipos de conflictos. Una de las partes formula una oferta que le resulta vinculante en caso de aceptación por la otra. La ley exige que conste la identidad del oferente, la recepción efectiva por la otra parte y el contenido detallado de la oferta. Este instrumento puede resultar especialmente útil en reclamaciones económicas, donde el principal obstáculo para el acuerdo suele ser la cuantía.

      La opinión de persona experta independiente consiste en encomendar un dictamen a un experto en la materia objeto de conflicto. A diferencia de otros mecanismos, este dictamen no es vinculante, pero puede servir de base para el acuerdo si las partes lo aceptan, o al menos para clarificar los aspectos técnicos de la controversia. Tras la emisión del dictamen, las partes pueden aceptarlo como acuerdo, proponer mejoras o rechazarlo, en cuyo caso se entiende cumplido el requisito de procedibilidad.

      Finalmente, el proceso de Derecho colaborativo representa quizás la apuesta más innovadora de la nueva regulación. Se trata de una negociación estructurada en la que las partes, asistidas por sus respectivos abogados, trabajan conjuntamente para alcanzar una solución satisfactoria, pudiendo integrar a otros profesionales (psicólogos, economistas, etc.) cuando la complejidad del caso lo requiera. Al finalizar, se redacta un acta con los participantes, las sesiones realizadas y los acuerdos alcanzados.

      El reto de la implementación: De la teoría a la práctica

      La efectividad real de este nuevo sistema dependerá en gran medida de cómo se implemente en la práctica. No basta con establecer la obligatoriedad de intentar la resolución extrajudicial; es necesario que ese intento sea genuino y no se convierta en un mero trámite formal.

      En este sentido, la ley exige que el intento de negociación sea «real y creíble, no puede ser ficticio». Para ello, establece requisitos de documentación que varían según intervenga o no una tercera persona neutral, pero que en todos los casos incluyen una declaración responsable de que las partes han intervenido de buena fe en el proceso.

      Asimismo, la ley regula detalladamente cuándo se entiende finalizado el proceso de negociación, tanto si concluye con acuerdo como sin él. En caso de acuerdo, este debe formalizarse identificando a las partes y, en su caso, a sus abogados y a la tercera persona neutral, indicando el lugar y fecha, así como las obligaciones asumidas por cada parte.

      La posibilidad de elevar el acuerdo a escritura pública para convertirlo en título ejecutivo refuerza su valor y facilita su cumplimiento, evitando que el incumplimiento de lo pactado obligue a iniciar un proceso judicial declarativo.

      Un horizonte por explorar: Perspectivas y desafíos

      La Ley Orgánica 1/2025 representa un punto de inflexión en la concepción de la justicia en España, acercándonos a modelos ya consolidados en otros países con larga tradición en medios alternativos de resolución de conflictos. Estados Unidos, Canadá o los países nórdicos llevan décadas apostando por estos mecanismos, con resultados generalmente positivos en términos de satisfacción de los usuarios y descongestión de los tribunales.

      Sin embargo, cada sistema jurídico tiene sus particularidades, y el éxito de estos mecanismos no depende solo de su regulación legal, sino también de factores culturales, sociológicos y organizativos. La tradicional litigiosidad de la sociedad española, la escasa cultura negociadora en determinados ámbitos o la falta de formación específica de muchos profesionales son desafíos que deberán afrontarse.

      La apuesta por la obligatoriedad como impulso inicial puede ser comprensible en un contexto de cambio de paradigma, pero el verdadero éxito de estos mecanismos vendrá dado por su capacidad para generar soluciones satisfactorias que, progresivamente, los conviertan en la opción preferente por sus propios méritos, más allá de su carácter obligatorio.

      Conclusión: Entre la esperanza y la cautela

      La nueva regulación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional se alinea con una tendencia internacional clara hacia la potenciación de vías alternativas a la resolución judicial de conflictos. Esta tendencia responde tanto a necesidades prácticas —descongestionar los tribunales, reducir costes— como a una filosofía que valora el protagonismo de las partes en la gestión de sus propios conflictos.

      En este sentido, la normativa española se suma a un movimiento global que ha demostrado resultados positivos en muchas jurisdicciones. Sin embargo, solo el tiempo dirá si la técnica legislativa utilizada, especialmente la apuesta por la obligatoriedad como requisito de procedibilidad, es la más acertada para alcanzar el verdadero propósito de fomentar el acuerdo en evitación del pleito.

      El éxito de esta reforma dependerá no solo de su diseño normativo, sino también de factores como la formación adecuada de los profesionales implicados, la sensibilización de la ciudadanía sobre las ventajas de estas vías alternativas, y la capacidad del sistema para evaluar y adaptarse en función de los resultados obtenidos.

      En definitiva, nos encontramos ante una reforma ambiciosa y necesaria, que abre un horizonte esperanzador pero que deberá superar importantes desafíos para consolidarse como un auténtico cambio de paradigma en la administración de justicia en España. El verdadero criterio de éxito no será el número de intentos de negociación realizados, sino la calidad de los acuerdos alcanzados y la satisfacción de los ciudadanos con un sistema de justicia más participativo, eficiente y adaptado a sus necesidades reales.

      Summary: Companies with international projection and global presence can count on mediation and its benefits in the different contexts of their business, both in the compliance of the code of conduct and internal rules as well as in the compliance of contracts and projects with third parties or public authorities. In the same way, it facilitates access to a saturated justice system, while at the same time improving the relationship between the parties, as they do not have to face the wear and tear of the judicial phase, which leads to emotional wear and tear.

      I will focus on the intersection between compliance and mediation, as international corporations are increasingly interested in the potential of Mediation applied to compliance frameworks. Although there are a few important challenges that we need to mention, the benefits of international mediation are clear: costs savings, quick solutions and a good understanding between the parties. International mediation and compliance go hand in hand and, although they may not seem to have much in common, they complement each other. The purpose of this article is to illustrate with some practical examples the advantages of compliance mediation for small and medium-sized enterprises operating internationally, in order to demonstrate the potential that exists in this combination.

      Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR) that involves the intervention of a neutral third party, known as the mediator, to help disputing parties reach a mutually acceptable agreement. Unlike litigation, which involves a judge making a binding decision, mediation allows the parties to control the outcome, facilitating a more collaborative and flexible approach to resolving disputes.

      In the context of compliance issues and international contracts, mediation offers a unique advantage by addressing both legal and non-legal aspects of disputes, such as cultural differences, business practices, and organizational relationships. This flexibility is particularly important when dealing with international contracts, where cross-cultural understanding and respect for diverse legal systems are essential.

      The key is still the same recipe as the initial negotiation of a contract. The parties objectively and in a neutral atmosphere and collaborative approach, find ‘solutions’ to their disagreements where both parties win. The so-called win-win is still the best scenario in which the parties should meet again in dispute resolution. I always insist on the word ‘reconnect’ because of its positive connotation in any relationship. Mediation allows the parties to negotiate a mutually acceptable outcome, preserving the relationship between them, with the additional value of cost and time efficiencies and confidentiality guaranteed throughout the process.

      Mediation benefits compliance programmes in two keyways.

      Resolving internal compliance issues

      This is accomplished through facilitating communication and conflict resolution among employees, promoting a culture of dialogue, transparency and accountability. When a company uses mediation to resolve conflicts arising from internal compliance-related situations, it helps to prevent a conflict from escalating in proportions both in the form of legal action and disputes that may involve the public administration.

      A clear example is conflicts related to the code of conduct, where disputes often arise at the HR level. Another example is that arising from conflicts of interest. In both cases the connection lies in the common goal of promoting ethical behaviour, improving communication and resolving conflicts in a way that helps the employee and the company to follow its internal rules and achieve the required standards.

      Mediation opens a space for dialogue and amicable conflict resolution, facilitating employees’ professional and personal growth in a sustained way over time.

      Another example can be conflicts related to cross-border labour issues applicable to the same company, whether private, non-governmental organisation or conflicts between private and public companies. The reasons for the conflict may be related to harassment issues or pay inequality issues. For example, the internal pay system within an international organisation should consider the following elements:

      • Remuneration represents by far the most important and controversial element of the employment relationship and is of equal interest to the employer and the employee.
      • The remuneration system should be based on and consistent with the principles of the organisation.
      • The criteria for determining remuneration should be objective and measurable.
      • The system should be equitable.

      Conflicts often arise around these elements and companies should be transparent, through comprehensive policies, about their position on non-discrimination, harassment or inclusion of their employees within their organisation and the markets in which they operate.

      Mediation can be a channel to help find solutions to equality and non-discrimination issues between employees within the same organisation. It also obliges companies to consider the standards of international legislation (e.g. CSRD) when implementing their policies. We are seeing that it is not a ‘nice to have’ but a ‘must have’.

      Resolving disputes with external parties

      Mediation can be used to enforce commercial contracts or in projects. It helps prevent disputes between companies or between companies and regulators, foster better relations, and ensure compliance standards are met without resorting to litigation. Mediation promotes cooperation between the parties and helps reduce the risk of future contractual violations.

      A clear example of the benefits of the use of mediation in compliance arises in the international context where legal certainty is required for both parties, as well as fair and reasonable management of a long-term project. In some cases, there is a public-private element to the dispute as the public sector is involved (either in licensing issues or as a regulatory authority). This may create some confusion in the roles and rights of the parties, which makes perfect sense when the interests of the investor (private equity) and the community or private parties are very diverse.

      For context, we might think of environmental, social and governance issues that are receiving serious attention from governments and regulators, given the impact on the planet and the people within the communities where they live. Mediation offers a way to resolve these conflicts by facilitating open communication between the parties involved. For instance, if a company is accused of breaching a country’s environmental regulations, mediation can provide a platform for the company and regulatory authorities to discuss the issues, share concerns, and negotiate a solution that satisfies both parties. Instead of pursuing punitive measures or resorting to lengthy legal battles, mediation can help parties find common ground and craft a solution that supports compliance while preserving business relationships.

      A concrete example is mining activities, which contribute greatly to the involvement of foreign entities in resource-rich countries, involving, on a large scale, both foreign and domestic interests, and potentially resulting in pollution and damage to the environment. In addition, there are various problems, especially the use of land for mining activities, which causes friction between mining companies, communities and local governments where mining activities take place. Since these projects take place over a long period of time and involve various interests of both private and public actors as well as communities, mediation is undoubtedly a good way to prevent disputes during the whole process of project development and implementation, offering in conflict situations not only a quick solution for both parties but also a fair and reasonable management of a project in the long term.

      Another tool, with elements of mediation, which is recommended for the successful completion of large projects, as for instance construction projects, are Dispute Boards, a panel of one to three members with extensive experience in the field of the contract, who accompany the execution of the contract until the work is completed on time and on budget. This method is not a pure and simple mediation, although it resembles it, because the Dispute Boards, in particular the so-called DAAB (Dispute Avoidance and Adjudication Board), permanently seek to avoid conflict and, if it arises, to encourage the parties to find a solution or to make it binding. I will go into more detail on this subject in another article.

      Hereby, we can also mention internal control and auditability towards third parties, be they customers or suppliers. The EU directive (CSDDD) puts the emphasis on indirect suppliers in the supply chain. It is therefore important that when establishing a business or investment partnership, all parties involved have a similar level of compliance with standards. In this regard, framework compliance agreements, which are compliance agreements that regulate the compliance obligations of both parties’ subject to a service contract, are very common.

      Aspects of compliance in such contracts may include, among others, anti-corruption policy, fee evasion, international sanctions, trainings, reporting requirements and ways to audit the compliance clauses agreed in the service contract, as well as the escalation clause to resolve disputes amicably, using the various existing ADR modes.

      In the context of commercial contracts, mediation is used to resolve disputes related to non-performance, late deliveries, payment problems, interpretations of clauses or any other dispute arising from a commercial agreement, including any aspect of the compliance agreement as referred to above.

      For an internationally developing company it would be advisable to promote mediation as the type of dispute resolution in conflicts with third parties. One way to promote mediation as an effective means of dispute resolution could be through a clause of voluntary submission to mediation in all transactions with third parties, followed by arbitration or submission to the courts of a certain jurisdiction, known as a tiered dispute resolution clause. These clauses provide for a gradual system of dispute resolution following various alternative methods of resolving disputes, usually culminating in arbitration if the outcome of the first alternative methods is unsuccessful.

      The choice of conflict resolution through mediation is a ‘win-win solution’, whose confidentiality is guaranteed in the face of public attention. Based on these advantages, mediation is considered more suitable to be implemented (agreed, including with the escalation clause) in a contract.

      Challenges of Mediation in International Contract Disputes

      Despite its many advantages, mediation is not without its challenges. Some of the key obstacles include:

      Lack of Enforcement Mechanisms: Mediation agreements are typically non-binding, meaning that parties are not legally required to adhere to the terms of the settlement. While mediation can result in a mutually agreed-upon solution, enforcing the agreement may require the parties to enter into further negotiations or even resort to litigation if one side fails to honour the agreement.

      Cultural and Language Barriers: In international contract disputes, cultural differences and language barriers can complicate the mediation process. It is important to select mediators who have experience with cross-cultural communication and who understand the legal systems involved. Without such expertise, the mediation process may be ineffective.

      Reluctance to Mediate: Some parties may be reluctant to mediate, especially if they perceive it as a sign of weakness or if they are unfamiliar with the process. This reluctance can be overcome with proper education and a clear understanding of the benefits of mediation.

      Although we can say that there is a growth of mediation around the world and the level of satisfaction of the use of mediation is based on its core values, which are impartiality, confidentiality and self-determination, the promotion of the mediation is still an important challenge.

      Conclusion

      In the case of internal compliance, mediation usually takes a more reactive role, i.e. when the conflict has already surfaced within the company or organisation; whereas, in the case of third party compliance, mediation takes a preventive role, such as in the case of Dispute Boards, although it also helps to resolve a commercial conflict between parties who wish to continue to maintain a business relationship. In both cases the objective is the same, to try to find common ground between the interests of the parties in order to resolve or avoid a conflict that could lead the parties to a legal dispute.

      As international trade continues to grow and the complexity of global regulations increases, businesses and organizations can benefit from adopting mediation as a strategic method for resolving conflicts. By fostering cooperation and understanding, mediation can help build stronger, more resilient business relationships and ensure long-term success in a global marketplace.

      Companies need to adhere to their own compliance programmes, but also to the programme of their customers, suppliers or banks with whom they collaborate. Not only is there a need for expertise to know the legal framework applicable to the industry, but there is also a need for conflict resolution when conflicts arise or even to act pre-emptively. Legal battles are expensive, time-consuming and damaging to business relationships. Many jurisdictions and industries are already demanding an obligation for parties to exhaust alternative dispute resolution methods before moving to the litigation phase.

      El año 2025 comienza marcando un hito en la Administración de Justicia en España con la publicación de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes medidas para modernizar el sistema judicial.

      Entre estas, destaca el uso obligatorio de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para iniciar procedimientos civiles. Este cambio busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y fomentar soluciones consensuadas entre las partes. La Ley entrará en vigor el próximo 3 de abril de 2025.

      En esta entrada preliminar, exploraremos qué implica esta novedad, los tipos de MASC previstos, sus características y las consecuencias de su implementación.

      ¿Qué son los Medios Adecuados de Solución de Controversias?

      Los MASC son mecanismos que permiten a las partes resolver conflictos de manera extrajudicial, ya sea mediante negociaciones directas o con la ayuda de un tercero neutral. Estos medios incluyen opciones como la mediación, la conciliación, la opinión de expertos independientes, el derecho colaborativo y otras herramientas reconocidas legalmente.

      El objetivo principal de los MASC es reducir la carga de trabajo de los tribunales y ofrecer a los ciudadanos una alternativa más rápida, eficiente y personalizada para resolver sus disputas. Esta vía también busca promover la cultura del acuerdo, favoreciendo relaciones más armónicas entre las partes implicadas.

      Los MASC como requisito de procedibilidad

      Uno de los aspectos más innovadores de la nueva Ley es que hace obligatorio intentar resolver los conflictos mediante un MASC antes de presentar una demanda judicial en asuntos civiles. Esto significa que, para que una demanda sea admitida, las partes deben demostrar que han intentado una actividad negociadora previa, ya sea mediante mediación, conciliación, o cualquier otro MASC reconocido.

      Sin embargo, hay excepciones. No se exige este requisito en casos relacionados con:

      • Derechos fundamentales,
      • Medidas urgentes relativas a menores,
      • Disputas sobre filiación, paternidad o maternidad,
      • Medidas de apoyo a personas con discapacidad,
      • Juicios cambiarios,
      • Cuando una de las partes sea una entidad del sector público, entre otros.

      Esta obligación aplica a los procesos declarativos del libro II y a procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no incluye las demandas ejecutivas ni las solicitudes de medidas cautelares o diligencias preliminares.

      Tipos de MASC reconocidos

      La ley identifica varios MASC que cumplen con el requisito de procedibilidad:

      • Mediación: Un tercero neutral ayuda a las partes a dialogar y alcanzar un acuerdo.
      • Conciliación: Un profesional imparcial sugiere posibles soluciones al conflicto.
      • Oferta vinculante confidencial: Cualquier persona que formule una oferta vinculante confidencial con la finalidad de dar solución a una controversia.
      • Opinión de un experto independiente: Un especialista evalúa el caso y ofrece una recomendación.
      • Derecho colaborativo: Abogados de ambas partes trabajan conjuntamente para encontrar una solución sin acudir a los tribunales.
      • Otros mecanismos: Cualquier actividad negociadora reconocida por ley, como acuerdos directos entre abogados de las partes.

      Características principales de los MASC

      • Voluntariedad y buena fe: Aunque el intento de negociación es obligatorio, las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo.
      • Confidencialidad: Todo lo discutido durante el proceso es confidencial y no puede usarse en un eventual juicio, salvo, entre otros motivos, por dispensa expresa por escrito de las partes.
      • Suspensión de plazos: El inicio de un MASC interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de las acciones legales.
      • Flexibilidad: Las partes pueden elegir el MASC que mejor se adapte a sus necesidades.

      Procedimiento y consecuencias de no cumplir el requisito

      Para acreditar que se ha intentado un MASC, las partes deben presentar documentación que demuestre el esfuerzo negociador, como un acta firmada o, en caso de que no haya acuerdo, una certificación expedida por el mediador, conciliador o experto. Si no se cumple este requisito, la demanda podrá ser inadmitida.

      En caso de que el proceso de negociación termine sin acuerdo, las partes pueden acudir a los tribunales, pero la actitud de las mismas durante la negociación podrá influir en decisiones sobre costas procesales o posibles sanciones por abuso del sistema judicial.

      Ventajas de los MASC

      La introducción de los MASC como requisito previo al litigio puede ofrecer múltiples beneficios:

      • Descongestión judicial: Reduce la carga de trabajo de los tribunales, permitiendo una resolución más ágil de los casos.
      • Menores costes: Los MASC suelen ser más económicos que un proceso judicial completo.
      • Mayor rapidez: Muchas disputas pueden resolverse en semanas en lugar de meses o años.
      • Soluciones personalizadas: Los acuerdos pueden adaptarse mejor a las necesidades de las partes.
      • Preservación de relaciones: Fomentan el diálogo y el entendimiento, reduciendo el conflicto entre las partes.

      Críticas y desafíos

      A pesar de sus ventajas, la implementación de los MASC no está exenta de retos:

      • Falta de conocimiento: Muchas personas desconocen qué son los MASC y cómo funcionan.
      • Desconfianza: Algunos ciudadanos podrían percibirlos como una traba adicional para acceder a la justicia.
      • Capacitación: Es esencial formar a los profesionales que actuarán como mediadores, conciliadores y expertos.
      • Costes iniciales: Aunque a largo plazo son más económicos, los honorarios de los profesionales implicados pueden ser una barrera para algunos usuarios.

      Conclusión

      La introducción de los MASC como requisito de procedibilidad en el ámbito civil representa un cambio significativo en el sistema judicial español. Esta medida no solo busca agilizar la resolución de conflictos, sino también fomentar una cultura del acuerdo que beneficie a las partes y al conjunto de la sociedad.

      Aunque la transición hacia este nuevo modelo podrá enfrentar ciertos obstáculos, los beneficios a largo plazo prometen un sistema judicial más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, los MASC no solo son una herramienta para resolver conflictos, sino también un paso hacia una justicia más humana y sostenible.

      Summary: Since 12 July 2020, new rules apply for platform service providers and search engine operators – irrespective of whether they are established in the EU or not. The transition period has run out. This article provides checklists for platform service providers and search engine operators on how to adapt their services to the Regulation (EU) 2019/1150 on the promotion of fairness and transparency for commercial users of online intermediation services – the P2B Regulation.

      The P2B Regulation applies to platform service providers and search engine operators, wherever established, provided only two conditions are met:

      (i) the commercial users (for online intermediation services) or the users with a company website (for online search engines) are established in the EU; and

      (ii) the users offer their goods/services to consumers located in the EU for at least part of the transaction.

      Accordingly, there is a need for adaption for:

      • Online intermediation services, e.g. online marketplaces, app stores, hotel and other travel booking portals, social media, and
      • Online search engines.

      The P2B Regulation applies to platforms in the P2B2C business in the following constellation (i.e. pure B2B platforms are exempt):

      Provider -> Business -> Consumer

      The article follows up on the introduction to the P2B Regulation here and the detailed analysis of mediation as method of dispute resolution here.

       Checklist how to adapt the general terms and conditions of platform services

      Online intermediation services must adapt their general terms and conditions – defined as (i) conditions / provisions that regulate the contractual relationship between the provider of online intermediation services and their business users and (ii) are unilaterally determined by the provider of online intermediation services.

      The checklist shows the new main requirements to be observed in the general terms and conditions (“GTC”):

      1. Draft them in plain and intelligible language (Article 3.1 a)
      2. Make them easily available at any time (also before conclusion of contract) (Article 3.1 b)
      3. Inform on reasons for suspension / termination (Article 3.1 c)
      4. Inform on additional sales channels or partner programs (Article 3.1 d)
      5. Inform on the effects of the GTC on the IP rights of users (Article 3.1 e)
      6. Inform on (any!) changes to the GTC on a durable medium, user has the right of termination (Article 3.2)
      7. Inform on main parameters and relative importance in the ranking (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or business secrets (Article 5.1, 5.3, 5.5)
      8. Inform on the type of any ancillary goods/services offered and any entitlement/condition that users offer their own goods/services (Article 6)
      9. Inform on possible differentiated treatment of goods / services of the provider or individual users towards other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)
      10. No retroactive changes to the GTC (Article 8a)
      11. Inform on conditions under which users can terminate contract (Article 8b)
      12. Inform on available or non-available technical and contractual access to information that the Service maintains after contract termination (Article 8c)
      13. Inform on technical and contractual access or lack thereof for users to any data made available or generated by them or by consumers during the use of services (Article 9)
      14. Inform on reasons for possible restrictions on users to offer their goods/services elsewhere under other conditions («best price clause»); reasons must also be made easily available to the public (Article 10)
      15. Inform on access to the internal complaint-handling system (Article 11.3)
      16. Indicate at least two mediators for any out-of-court settlement of disputes (Article 12)

      These requirements – apart from the clear, understandable language of the GTC, their availability and the fundamental ineffectiveness of retroactive adjustments to the GTC – clearly go beyond what e.g. the already strict German law on general terms and conditions requires.

      Checklist how to adapt the design of platform services and search engines

      In addition, online intermediation services and online search engines must adapt their design and, among other things, introduce internal complaint-handling. The checklist shows the main design requirements for:

      a) Online intermediation services

      1. Make identity of commercial user clearly visible (Article 3.5)
      2. State reasons for suspension / limitation / termination of services (Article 4.1, 4.2)
      3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3), see above
      4. Set an internal complaint handling system, with publicly available info, annual updates (Article 11, 4.3)

      b) Online search engines

      1. Explain the ranking’s main parameters and their relative importance, public, easily available, always up to date (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or trade secrets (Article 5.2, 5.3, 5.5)
      2. If ranking changes or delistings occur due to notification by third parties: offer to inspect such notification (Article 5.4)
      3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)

      The European Commission will provide guidelines regarding the ranking rules in Article 5, as announced in the P2B Regulation – see the overview here. At the same time, providers of online intermediation services and online search engines shall draw up codes of conduct together with their users.

      Practical Tips

      • The Regulation significantly affects contractual freedom as it obliges platform services to adapt their general terms and conditions.
      • The Regulation is to be enforced by «representative organisations» or associations and public bodies, with the EU Member States ensuring adequate and effective enforcement. The European Commission will monitor the impact of the Regulation in practice and evaluate it for the first time on 13.01.2022 (and every three years thereafter).
      • The P2B Regulation may affect distribution relationships, in particular platforms as distribution intermediaries. Under German distribution law, platforms and other Internet intermediation services acting as authorised distributors may be entitled to a goodwill indemnity at termination (details here) if they disclose their distribution channels on the basis of corresponding platform general terms and conditions, as the Regulation does not require, but at least allows to do (see also: Rohrßen, ZVertriebsR 2019, 341, 344–346). In addition, there are numerous overlaps with antitrust, competition and data protection law.

      It is usually said that “conflict is not necessarily bad, abnormal, or dysfunctional; it is a fact of life[1]” I would perhaps add that quite often conflict is a suitable opportunity to evolve and to solve problems[2]. It is, in fact, a useful part of life[3] and particularly, should I add, of businesses. And conflicts not only arise at the end of the business relationship or to terminate it, but also during it and the parties remain willing to continue it.

      The 2008 EU Directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters states that «agreements resulting from mediation are more likely to be complied with voluntarily and are more likely to preserve an amicable and sustainable relationship between the parties.»

      Can, therefore, mediation be used not only as an alternative to court or arbitration when terminating distribution agreements, but also to re-organize them or to change contract conditions? Would it be useful to solve these conflicts? What could be the advantages?

      In distribution/agency/franchise agreements, particularly for those lasting several years, parties can have neglected their obligations (for instance minimum sales targets not attained).

      Sometimes they could have tolerated the situation although they remain not very happy with the other party’s performance because they are still doing acceptable business.

      It could also happen that one of the parties wishes to restructure the entire distribution network (Can we change the distribution structure to an agency one?), but does not want to face a complete termination because there are other benefits in the relationship.

      There may be just some changes to be introduced, or changes in the legal structures (A mere reseller transformed in distributor?), legal frameworks, legal conditions (Which one is the applicable law?), limitation of the scope of contract, territory…

      And now, we face the Covid-19 crisis where everything is still more uncertain.

      In some cases, it could happen that there is no written contract and the parties wish to draft it; in other cases, agreements could have been defectively drafted with incomplete, contradictory or no regulation at all (Was it an exclusive agreement?).

      The contracts  could be perfect for the situation imagined when signed several years ago but not anymore (What happen with online sales?) or  circumstances, markets, services, products have changed and need to be reconsidered (mergers, change of directors…).

      Sometimes, even more powerful parties have not the elements to oblige the weaker party to respect new terms, or they simply prefer not to impose their conditions, but to build up a more collaborative relationship for the future.

      In all these cases, negotiation is the usual strategy parties follow: each one is focused in obtaining its own benefits with a clear idea of, for instance, which clause(s) should be modified or drafted.

      Nevertheless, mediation could add some neutrality, and some space to a more efficient, structured and useful approach to the modification of the commercial relationship, particularly in distribution agreements where the collaboration (in the past, but also in the future if the parties wish so) is of paramount importance.

      In most of these situations, personal emotional aspects could also be involved and make more difficult a neutral negotiation: a distributor that has been seen by the manufacturer as not performing very well and feels hurt, an agent that could consider a retirement, parties from different cultures that need to understand different ways of performing, franchisees that have been treated differently in the network and feel discriminated, etc.

      In these circumstances and in other similar ones, where all persons involved, assisted by their respective lawyers, wish to continue the relationship although maybe in a different way, a sort of facilitative mediation can be a great help.

      These are, in my opinion, the main reasons:

      1. Mediation is a legal and organized procedure that could help the parties to increase their awareness of the necessity to redraft the agreement (or drafting for the first time if it was not already done).
      2. Parties can be heard more easily, negotiation is eased in the interest of both of them, encourages them to act more reasonably vis-à-vis the other side, restores relationship if necessary, deadlock can be easily broken and, if the circumstances advice so, parties can be engaged separately with the help of the mediator.
      3. Mediation can consider other elements different to the mere commercial or legal ones: emotions linked to performance, personal situations (retirement, succession, illness) or even differences in cultural approaches.
      4. It helps to find the real (possibly new or not shown) interests in the commercial relationship of the parties, focusing in developments, strategies, new proposals… The mere negotiation between the parties and they attorneys could not make appear these new interests and therefore be limited only to the discussion on the change of concrete obligations, clauses or situations. Mediation helps to go beyond.
      5. Mediation techniques can also help the parties to face their current situation, to take responsibility of their performance without focusing on blame or incompetence but on a constructive and future collaboration in new specific terms.[4]
      6. It can also avoid the increasing of the conflict into a more severe one (breaching) and in case mediation does not end with a new/redrafted agreement, the basis for a mediated termination can be established, if the parties wish so, instead of litigation.
      7. Mediation can conclude into a new agreement where the parties are more reassured, more comfortable with, and more willing to respect because they were involved in their construction with the assistance of their respective lawyers, and because all their interests (not only new drafted clauses) were considered.
      8. And, in any case, mediation does not affect the party’s collaborative position and does not reduce their possibility to use other alternatives, including litigation or arbitration to terminate the agreement or to oblige the other party to respect its legal obligations.

      The use of mediation does not need the parties to have foreseen it in the agreement (although it could be easier if they did so) but they can use it freely at any time.

      This said, a lawyer proposing mediation as a contractual clause or, in case it was not included in the agreement, as a procedure to face this sort of conflicts in distribution agreements, will be certainly seen by his/her client as problem-solving attorney looking for the client’s interests rather than a litigator pushing them to a more uncertain situation, with unknown costs and unforeseeable timeframe.

      Parties in distribution agreements should have this possibility in mind and lawyers have the opportunity to actively participate in mediation from the first steps by recommending it in the initial agreement, during the process helping the clients to express their concerns and interests, and in the drafting of the final (new) agreement, representing the clients’ and as co-author of their success.

      If you would like to hear more on the topic of mediation and distribution agreements you can check out the recording of our webinar on Mediation in International Conflicts

      [1] Moore, Christopher W. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. Jossey-Bass. Wiley, 2014.

      [2] Mnookin, Robert H. Beyond Winning. Negotiating to create value in deals and disputes (p. 53). Harvard University Press, 2000.

      [3] Fisher, R; Ury, W. Getting to Yes: Negotiating an agreement without giving in. Random House.

      [4] «Talking about blame distracts us from exploring why things went wrong and how we might correct them going forward. Focusing instead on understanding the contribution system allows us to learn about the real causes of the problem, and to work on correcting them.» [Stone, Douglas. “Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most”. Penguin Publishing Group]

      En estos tiempos de inseguridad sobre el futuro tenemos, sin embargo, algunas certezas. Una de ellas, sin duda, es que «los servicios de intermediación en línea son factores esenciales para el emprendimiento y los nuevos modelos de negocio«. El Reglamento UE 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea se ocupa de ello. El Reglamento se aplicará a partir del 12 de julio de 2020.

      La finalidad del Reglamento es establecer normas para asegurar que se conceden opciones apropiadas de transparencia, de equidad y de reclamación a los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea y a los usuarios de sitios web corporativos en relación con los motores de búsqueda en línea (art. 1). Se aplica a los servicios de intermediación en línea y los motores de búsqueda ofrecidos a usuarios comerciales que tengan su lugar de establecimiento UE y que ofrecen bienes o servicios a los consumidores en la UE. Y esto, independientemente del lugar de establecimiento de los proveedores y la ley aplicable. Sus reglas se aplicarán, en particular, a los mercados en línea (marketplaces), los outlets de redes sociales, plataformas de distribución de aplicaciones, las plataformas para la economía colaborativa y los motores de búsqueda en general.

      Lo que me gustaría subrayar en este cometario es la previsión del Reglamento (art. 12) del uso de la mediación como un método específico para la resolución de conflictos entre proveedores de servicios de intermediación en línea y usuarios profesionales. La mediación se fomenta sin perjuicio de su voluntariedad y la posibilidad de reclamación judicial.

      En particular, los proveedores de los servicios de intermediación designarán en sus condiciones generales, dos o más mediadores con los que están dispuestos a colaborar –de buena fe- para llegar a un acuerdo con los usuarios profesionales y así resolver de manera extrajudicial todo litigio entre el proveedor y los usuarios profesionales. Únicamente los proveedores de servicios que tengan la consideración de pequeñas empresas estarían exentos de asumir esta obligación, sin perjuicio de poder hacerlo voluntariamente.

      El Reglamento también contiene los requisitos que estos mediadores deben cumplir: algunos generales (independencia, con servicios asequibles, actuar sin demora, fácilmente accesibles) y otros más específicos o que necesitarán una calificación especial (capacidad de mediar en el idioma de las condiciones generales y con suficiente conocimiento de las relaciones comerciales dentro de la empresa).

      También es interesante notar que los proveedores de servicios deberán soportar una parte razonable de los costes totales de la mediación en cada caso, de acuerdo con las indicaciones del mediador y según algunos criterios, como los fundamentos relativos de los argumentos de las partes, su conducta, así como el tamaño y su capacidad financiera.

      La conclusión parece clara: la mediación, como alternativa a la resolución de disputas por vía judicial o arbitral, está aumentando su espacio en las normas de la UE. Siempre permanece como una forma voluntaria de resolver conflictos, y vale la pena considerar su eficacia en todas las áreas de negocio. Este Reglamento lo hace expresamente.

      Sonia García Navasquillo

      Áreas de práctica

      • Comercio internacional
      • Compliance
      • Derecho Societario
      • Mediación
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        Los Medios Adecuados de Solución de Controversias como requisito previo al litigio en España

        6 de enero de 2025

        • España
        • Litigios
        • Mediación

        Durante más de 35 años como abogado mercantilista he visto cómo muchos, yo el primero, confundíamos un asesoramiento eficaz con la respuesta inmediata y exhaustiva. Ahora tengo la percepción de que el mundo del derecho y el de la empresa están cambiando: no basta con saber (cada vez más leyes, más requisitos, más sentencias contradictorias… y más ruido), sino que hay que escuchar, acompañar y facilitar decisiones. Y ahí es donde la actuación también como coach ejecutivo ofrece un marco extraordinariamente útil.

        De los abogados se espera que resolvamos. Los coaches ejecutivos, sin embargo, ayudamos (dentro de un marco ético) a que el otro descubra por sí mismo la respuesta. Y esto puede ser una fuente de enorme riqueza profesional y para el cliente. Cuando éste se enfrenta a un problema no necesita un análisis jurídico, sino necesita claridad y perspectiva para decidir… desde “su problema”, y no desde “nuestra solución”. Integrar en nuestro ejercicio profesional las herramientas de coaching ejecutivo transforma la conversación y el asesoramiento jurídico en algo más eficaz: un proceso de toma de decisiones en el que acompañamos al cliente de principio a fin.

        Imagino tres ámbitos donde se encuentran el abogado y el coach ejecutivo:

        1. La relación con el cliente. Escuchar bien antes de aconsejar.

        Decía Plutarco que “escuchar bien es la base de vivir bien”. Y a veces el cliente no busca tanto una respuesta, como claridad para decidir. Escuchar más allá de lo que dice (y de lo que calla) permite entender qué le preocupa. Una pregunta puede abrir más caminos que una disertación que, lo más seguro, le va a dejar frío. Cuando escuchamos sin prisa y sin sesgo propiciamos un espacio de reflexión que ayuda al cliente a ordenar, priorizar y tomar decisiones con sentido. Con sentido… para él.

        1. La negociación y la mediación.

        En estos procesos ayudamos con las técnicas de coaching a desactivar resistencias y a pasar de la confrontación a la comprensión. El abogado-coach facilita que las partes se escuchen y descubran qué hay detrás de sus demandas. Una negociación puede desbloquearse cuando se permite al otro expresarse. Los acuerdos dejan de ser meras transacciones y se convierten en decisiones compartidas, más estables y sostenibles en el tiempo y menos fuentes de conflictos.

        1. Acompañar procesos de cambio en el cliente y su organización

        El abogado-coach puede convertirse no solo en el redactor del acuerdo sino en facilitador del cambio. Ayuda a que los implicados comprendan lo que está en juego y alineen decisiones con sus valores y objetivos gestionando resistencias. El abogado deja de ser un mero “proveedor” de servicios (al que muchas veces se recurre solo al final del proceso) y pasa a ser un socio de reflexión.

        En suma, percibo que hoy se nos demanda ejercer de forma diferente: menos técnica y más humana, menos reactiva y más transformadora. Las técnicas de coaching ayudan: escucha consciente, feedback constructivo, claridad de propósito… permiten gestionar mejor el conflicto, el estrés y la incertidumbre. El coaching, por supuesto, no sustituye al derecho, sino que lo ensancha y le da herramientas. En estos momentos, la inteligencia artificial (mucho más rápida y potencialmente mucho más completa y exhaustiva) nos está desubicando de nuestros hábitos. Quizás esto nos permita entrever que el abogado no deberá ser solo un experto en normas, sino un facilitador de conversaciones difíciles, alguien capaz de unir análisis y empatía, precisión y presencia. Alguien que entienda que su valor está en ayudar a sus clientes para que eviten sus conflictos o puedan resolverlos como mejor les satisfaga. Y ahí es donde el abogado-coach tiene mucho que aportar.

        Introducción: Un cambio de paradigma en la resolución de conflictos

        La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, marca un punto de inflexión en el sistema judicial español. Esta normativa no se limita a introducir modificaciones procedimentales, sino que refleja una transformación profunda en la concepción misma de la justicia. El legislador ha apostado decididamente por potenciar vías alternativas a la resolución judicial de conflictos, convirtiendo la negociación previa en un elemento central del sistema.

        La saturación de los tribunales, los costes asociados a los procesos judiciales y la búsqueda de soluciones más satisfactorias para las partes han impulsado esta reforma que coloca los denominados «medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional» como piedra angular de un nuevo modelo de justicia orientado al diálogo y al acuerdo.

        La filosofía detrás de los medios alternativos de resolución de conflictos

        Más allá de la descongestión de los tribunales, esta reforma responde a una filosofía que entiende que no todos los conflictos requieren necesariamente una respuesta judicial. Los medios alternativos de resolución de controversias parten de la premisa de que muchos conflictos pueden encontrar soluciones más satisfactorias, duraderas y adaptadas a las necesidades e intereses de las partes cuando son ellas mismas quienes participan activamente en su construcción.

        La Ley Orgánica 1/2025 define estos medios como «cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral». Esta definición, amplia y flexible, pretende abarcar diversas formas de negociación que tienen como denominador común el protagonismo de las partes en la resolución de sus propias disputas.

        Un abanico de posibilidades: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

        Uno de los aspectos más destacables de la nueva regulación es que no apuesta por un único modelo de resolución alternativa de conflictos, sino que reconoce la diversidad de situaciones y la necesidad de ofrecer diferentes herramientas adaptadas a cada caso particular.

        La mediación, ya consolidada en nuestro ordenamiento a través de la Ley 5/2012, mantiene su relevancia como vía preferente, pero a ella se suman otras modalidades como la conciliación en sus diversas variantes (notarial, registral, ante letrado de la Administración de Justicia o judicial), la opinión de expertos independientes, las ofertas vinculantes confidenciales o el novedoso proceso de Derecho colaborativo.

        Esta pluralidad de mecanismos refleja la complejidad de las relaciones jurídicas contemporáneas y la necesidad de ofrecer respuestas adaptadas a cada tipo de conflicto. No es lo mismo resolver una disputa vecinal que una controversia empresarial compleja, y el legislador ha sido consciente de que «una talla única» no resultaría eficaz para la diversidad de situaciones que pueden presentarse.

        La controvertida apuesta por la obligatoriedad: El requisito de procedibilidad

        Sin duda, el aspecto más innovador —y probablemente más polémico— de la nueva regulación es la configuración de estos medios como un requisito previo obligatorio para acudir a la vía judicial en determinados ámbitos. Esta decisión supone un salto cualitativo respecto a la anterior regulación, que apostaba principalmente por el carácter voluntario de estos mecanismos.

        A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, 3 de abril de 2025, la demanda en el orden jurisdiccional civil no será admitida si no se justifica que se ha intentado previamente la resolución del conflicto por alguna de las vías alternativas reconocidas. No solo eso, sino que además debe acreditarse la identidad entre el objeto de la negociación previa y el objeto del litigio que se pretende iniciar.

        Esta obligatoriedad ha sido objeto de intenso debate. Sus defensores argumentan que resulta necesaria para promover un cambio cultural en una sociedad tradicionalmente litigiosa, mientras que sus detractores advierten del riesgo de convertir estos mecanismos en un mero trámite formal que desvirtúe su verdadera finalidad.

        Lo cierto es que el legislador ha intentado encontrar un equilibrio, excluyendo de esta obligatoriedad determinadas materias especialmente sensibles o que, por su naturaleza, requieren una respuesta judicial inmediata. Así, quedan exentas del requisito de negociación previa cuestiones como la tutela judicial de derechos fundamentales, las medidas de protección de menores, o la solicitud de medidas cautelares, entre otras.

        Los principios rectores: Autonomía y confidencialidad como pilares del sistema

        La eficacia de los medios alternativos de resolución de conflictos descansa en gran medida en dos principios fundamentales: la autonomía de las partes y la confidencialidad del proceso.

        El principio de autonomía privada reconoce que son las propias partes quienes mejor conocen sus intereses y necesidades, y por tanto, quienes están en mejores condiciones para encontrar soluciones adaptadas a su situación particular. La ley establece que las partes son libres de transaccionar, siempre que respeten la ley, la buena fe y el orden público. Esta libertad es esencial para que las soluciones alcanzadas sean verdaderamente satisfactorias y duraderas.

        Por su parte, el principio de confidencialidad resulta crucial para generar un clima de confianza que permita a las partes expresarse con libertad durante el proceso negociador. La ley establece que la información y documentación expuestas durante la negociación deben mantenerse reservadas, con excepciones muy tasadas como la dispensa expresa de las partes, el requerimiento judicial en el orden penal o razones de orden público.

        Este deber de confidencialidad se extiende a todos los participantes en el proceso: las partes, sus abogados y, en su caso, la tercera persona neutral que intervenga. Se trata de garantizar que lo que se diga o se proponga durante la negociación no pueda ser utilizado posteriormente en un eventual proceso judicial, fomentando así un diálogo sincero y constructivo.

        El proceso negociador: Aspectos procedimentales relevantes

        La regulación de los aspectos procedimentales de los diferentes medios de solución de controversias refleja también la voluntad del legislador de combinar la flexibilidad necesaria con las garantías mínimas exigibles.

        En cuanto a la legitimación, la iniciativa para acudir a estos mecanismos puede partir de cualquiera de las partes, de ambas de común acuerdo, o incluso de una derivación judicial. Se reconoce así tanto la autonomía de las partes como la posibilidad de que sea el propio sistema judicial quien fomente el uso de estas vías alternativas.

        Respecto a la intervención de profesionales, la ley opta generalmente por la no obligatoriedad de la asistencia letrada, salvo en casos específicos como la formulación de ofertas vinculantes (con excepciones cuando la cuantía es reducida). Esta flexibilidad pretende facilitar el acceso a estos mecanismos, aunque en la práctica, la complejidad de muchos conflictos jurídicos hará aconsejable contar con asesoramiento profesional.

        Un aspecto particularmente relevante es el efecto que la solicitud de estos mecanismos tiene sobre los plazos de prescripción y caducidad. La ley establece que dicha solicitud interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de acciones desde la fecha de comunicación a la otra parte, evitando así que el intento de solución amistosa pueda perjudicar los derechos de quien lo promueve.

        En cuanto a la forma, se apuesta preferentemente por la presencialidad, aunque admitiendo el uso de medios telemáticos por acuerdo de las partes o cuando se trate de reclamaciones de cuantía inferior a 600 euros. Esta flexibilidad resulta especialmente oportuna en un contexto de creciente digitalización de las relaciones jurídicas.

        Modalidades específicas: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

        Entre las diferentes modalidades reconocidas por la ley, merece la pena detenerse en algunas que presentan características especialmente novedosas o relevantes.

        La conciliación privada supone la intervención de una persona con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia objeto de conflicto. La ley exige que esta persona esté inscrita en un colegio profesional reconocido o en un registro de mediadores, y que actúe con imparcialidad y confidencialidad. Este mecanismo aprovecha el conocimiento especializado de determinados profesionales para facilitar el acuerdo en materias técnicamente complejas.

        La oferta vinculante confidencial constituye un mecanismo particularmente interesante para determinados tipos de conflictos. Una de las partes formula una oferta que le resulta vinculante en caso de aceptación por la otra. La ley exige que conste la identidad del oferente, la recepción efectiva por la otra parte y el contenido detallado de la oferta. Este instrumento puede resultar especialmente útil en reclamaciones económicas, donde el principal obstáculo para el acuerdo suele ser la cuantía.

        La opinión de persona experta independiente consiste en encomendar un dictamen a un experto en la materia objeto de conflicto. A diferencia de otros mecanismos, este dictamen no es vinculante, pero puede servir de base para el acuerdo si las partes lo aceptan, o al menos para clarificar los aspectos técnicos de la controversia. Tras la emisión del dictamen, las partes pueden aceptarlo como acuerdo, proponer mejoras o rechazarlo, en cuyo caso se entiende cumplido el requisito de procedibilidad.

        Finalmente, el proceso de Derecho colaborativo representa quizás la apuesta más innovadora de la nueva regulación. Se trata de una negociación estructurada en la que las partes, asistidas por sus respectivos abogados, trabajan conjuntamente para alcanzar una solución satisfactoria, pudiendo integrar a otros profesionales (psicólogos, economistas, etc.) cuando la complejidad del caso lo requiera. Al finalizar, se redacta un acta con los participantes, las sesiones realizadas y los acuerdos alcanzados.

        El reto de la implementación: De la teoría a la práctica

        La efectividad real de este nuevo sistema dependerá en gran medida de cómo se implemente en la práctica. No basta con establecer la obligatoriedad de intentar la resolución extrajudicial; es necesario que ese intento sea genuino y no se convierta en un mero trámite formal.

        En este sentido, la ley exige que el intento de negociación sea «real y creíble, no puede ser ficticio». Para ello, establece requisitos de documentación que varían según intervenga o no una tercera persona neutral, pero que en todos los casos incluyen una declaración responsable de que las partes han intervenido de buena fe en el proceso.

        Asimismo, la ley regula detalladamente cuándo se entiende finalizado el proceso de negociación, tanto si concluye con acuerdo como sin él. En caso de acuerdo, este debe formalizarse identificando a las partes y, en su caso, a sus abogados y a la tercera persona neutral, indicando el lugar y fecha, así como las obligaciones asumidas por cada parte.

        La posibilidad de elevar el acuerdo a escritura pública para convertirlo en título ejecutivo refuerza su valor y facilita su cumplimiento, evitando que el incumplimiento de lo pactado obligue a iniciar un proceso judicial declarativo.

        Un horizonte por explorar: Perspectivas y desafíos

        La Ley Orgánica 1/2025 representa un punto de inflexión en la concepción de la justicia en España, acercándonos a modelos ya consolidados en otros países con larga tradición en medios alternativos de resolución de conflictos. Estados Unidos, Canadá o los países nórdicos llevan décadas apostando por estos mecanismos, con resultados generalmente positivos en términos de satisfacción de los usuarios y descongestión de los tribunales.

        Sin embargo, cada sistema jurídico tiene sus particularidades, y el éxito de estos mecanismos no depende solo de su regulación legal, sino también de factores culturales, sociológicos y organizativos. La tradicional litigiosidad de la sociedad española, la escasa cultura negociadora en determinados ámbitos o la falta de formación específica de muchos profesionales son desafíos que deberán afrontarse.

        La apuesta por la obligatoriedad como impulso inicial puede ser comprensible en un contexto de cambio de paradigma, pero el verdadero éxito de estos mecanismos vendrá dado por su capacidad para generar soluciones satisfactorias que, progresivamente, los conviertan en la opción preferente por sus propios méritos, más allá de su carácter obligatorio.

        Conclusión: Entre la esperanza y la cautela

        La nueva regulación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional se alinea con una tendencia internacional clara hacia la potenciación de vías alternativas a la resolución judicial de conflictos. Esta tendencia responde tanto a necesidades prácticas —descongestionar los tribunales, reducir costes— como a una filosofía que valora el protagonismo de las partes en la gestión de sus propios conflictos.

        En este sentido, la normativa española se suma a un movimiento global que ha demostrado resultados positivos en muchas jurisdicciones. Sin embargo, solo el tiempo dirá si la técnica legislativa utilizada, especialmente la apuesta por la obligatoriedad como requisito de procedibilidad, es la más acertada para alcanzar el verdadero propósito de fomentar el acuerdo en evitación del pleito.

        El éxito de esta reforma dependerá no solo de su diseño normativo, sino también de factores como la formación adecuada de los profesionales implicados, la sensibilización de la ciudadanía sobre las ventajas de estas vías alternativas, y la capacidad del sistema para evaluar y adaptarse en función de los resultados obtenidos.

        En definitiva, nos encontramos ante una reforma ambiciosa y necesaria, que abre un horizonte esperanzador pero que deberá superar importantes desafíos para consolidarse como un auténtico cambio de paradigma en la administración de justicia en España. El verdadero criterio de éxito no será el número de intentos de negociación realizados, sino la calidad de los acuerdos alcanzados y la satisfacción de los ciudadanos con un sistema de justicia más participativo, eficiente y adaptado a sus necesidades reales.

        Summary: Companies with international projection and global presence can count on mediation and its benefits in the different contexts of their business, both in the compliance of the code of conduct and internal rules as well as in the compliance of contracts and projects with third parties or public authorities. In the same way, it facilitates access to a saturated justice system, while at the same time improving the relationship between the parties, as they do not have to face the wear and tear of the judicial phase, which leads to emotional wear and tear.

        I will focus on the intersection between compliance and mediation, as international corporations are increasingly interested in the potential of Mediation applied to compliance frameworks. Although there are a few important challenges that we need to mention, the benefits of international mediation are clear: costs savings, quick solutions and a good understanding between the parties. International mediation and compliance go hand in hand and, although they may not seem to have much in common, they complement each other. The purpose of this article is to illustrate with some practical examples the advantages of compliance mediation for small and medium-sized enterprises operating internationally, in order to demonstrate the potential that exists in this combination.

        Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR) that involves the intervention of a neutral third party, known as the mediator, to help disputing parties reach a mutually acceptable agreement. Unlike litigation, which involves a judge making a binding decision, mediation allows the parties to control the outcome, facilitating a more collaborative and flexible approach to resolving disputes.

        In the context of compliance issues and international contracts, mediation offers a unique advantage by addressing both legal and non-legal aspects of disputes, such as cultural differences, business practices, and organizational relationships. This flexibility is particularly important when dealing with international contracts, where cross-cultural understanding and respect for diverse legal systems are essential.

        The key is still the same recipe as the initial negotiation of a contract. The parties objectively and in a neutral atmosphere and collaborative approach, find ‘solutions’ to their disagreements where both parties win. The so-called win-win is still the best scenario in which the parties should meet again in dispute resolution. I always insist on the word ‘reconnect’ because of its positive connotation in any relationship. Mediation allows the parties to negotiate a mutually acceptable outcome, preserving the relationship between them, with the additional value of cost and time efficiencies and confidentiality guaranteed throughout the process.

        Mediation benefits compliance programmes in two keyways.

        Resolving internal compliance issues

        This is accomplished through facilitating communication and conflict resolution among employees, promoting a culture of dialogue, transparency and accountability. When a company uses mediation to resolve conflicts arising from internal compliance-related situations, it helps to prevent a conflict from escalating in proportions both in the form of legal action and disputes that may involve the public administration.

        A clear example is conflicts related to the code of conduct, where disputes often arise at the HR level. Another example is that arising from conflicts of interest. In both cases the connection lies in the common goal of promoting ethical behaviour, improving communication and resolving conflicts in a way that helps the employee and the company to follow its internal rules and achieve the required standards.

        Mediation opens a space for dialogue and amicable conflict resolution, facilitating employees’ professional and personal growth in a sustained way over time.

        Another example can be conflicts related to cross-border labour issues applicable to the same company, whether private, non-governmental organisation or conflicts between private and public companies. The reasons for the conflict may be related to harassment issues or pay inequality issues. For example, the internal pay system within an international organisation should consider the following elements:

        • Remuneration represents by far the most important and controversial element of the employment relationship and is of equal interest to the employer and the employee.
        • The remuneration system should be based on and consistent with the principles of the organisation.
        • The criteria for determining remuneration should be objective and measurable.
        • The system should be equitable.

        Conflicts often arise around these elements and companies should be transparent, through comprehensive policies, about their position on non-discrimination, harassment or inclusion of their employees within their organisation and the markets in which they operate.

        Mediation can be a channel to help find solutions to equality and non-discrimination issues between employees within the same organisation. It also obliges companies to consider the standards of international legislation (e.g. CSRD) when implementing their policies. We are seeing that it is not a ‘nice to have’ but a ‘must have’.

        Resolving disputes with external parties

        Mediation can be used to enforce commercial contracts or in projects. It helps prevent disputes between companies or between companies and regulators, foster better relations, and ensure compliance standards are met without resorting to litigation. Mediation promotes cooperation between the parties and helps reduce the risk of future contractual violations.

        A clear example of the benefits of the use of mediation in compliance arises in the international context where legal certainty is required for both parties, as well as fair and reasonable management of a long-term project. In some cases, there is a public-private element to the dispute as the public sector is involved (either in licensing issues or as a regulatory authority). This may create some confusion in the roles and rights of the parties, which makes perfect sense when the interests of the investor (private equity) and the community or private parties are very diverse.

        For context, we might think of environmental, social and governance issues that are receiving serious attention from governments and regulators, given the impact on the planet and the people within the communities where they live. Mediation offers a way to resolve these conflicts by facilitating open communication between the parties involved. For instance, if a company is accused of breaching a country’s environmental regulations, mediation can provide a platform for the company and regulatory authorities to discuss the issues, share concerns, and negotiate a solution that satisfies both parties. Instead of pursuing punitive measures or resorting to lengthy legal battles, mediation can help parties find common ground and craft a solution that supports compliance while preserving business relationships.

        A concrete example is mining activities, which contribute greatly to the involvement of foreign entities in resource-rich countries, involving, on a large scale, both foreign and domestic interests, and potentially resulting in pollution and damage to the environment. In addition, there are various problems, especially the use of land for mining activities, which causes friction between mining companies, communities and local governments where mining activities take place. Since these projects take place over a long period of time and involve various interests of both private and public actors as well as communities, mediation is undoubtedly a good way to prevent disputes during the whole process of project development and implementation, offering in conflict situations not only a quick solution for both parties but also a fair and reasonable management of a project in the long term.

        Another tool, with elements of mediation, which is recommended for the successful completion of large projects, as for instance construction projects, are Dispute Boards, a panel of one to three members with extensive experience in the field of the contract, who accompany the execution of the contract until the work is completed on time and on budget. This method is not a pure and simple mediation, although it resembles it, because the Dispute Boards, in particular the so-called DAAB (Dispute Avoidance and Adjudication Board), permanently seek to avoid conflict and, if it arises, to encourage the parties to find a solution or to make it binding. I will go into more detail on this subject in another article.

        Hereby, we can also mention internal control and auditability towards third parties, be they customers or suppliers. The EU directive (CSDDD) puts the emphasis on indirect suppliers in the supply chain. It is therefore important that when establishing a business or investment partnership, all parties involved have a similar level of compliance with standards. In this regard, framework compliance agreements, which are compliance agreements that regulate the compliance obligations of both parties’ subject to a service contract, are very common.

        Aspects of compliance in such contracts may include, among others, anti-corruption policy, fee evasion, international sanctions, trainings, reporting requirements and ways to audit the compliance clauses agreed in the service contract, as well as the escalation clause to resolve disputes amicably, using the various existing ADR modes.

        In the context of commercial contracts, mediation is used to resolve disputes related to non-performance, late deliveries, payment problems, interpretations of clauses or any other dispute arising from a commercial agreement, including any aspect of the compliance agreement as referred to above.

        For an internationally developing company it would be advisable to promote mediation as the type of dispute resolution in conflicts with third parties. One way to promote mediation as an effective means of dispute resolution could be through a clause of voluntary submission to mediation in all transactions with third parties, followed by arbitration or submission to the courts of a certain jurisdiction, known as a tiered dispute resolution clause. These clauses provide for a gradual system of dispute resolution following various alternative methods of resolving disputes, usually culminating in arbitration if the outcome of the first alternative methods is unsuccessful.

        The choice of conflict resolution through mediation is a ‘win-win solution’, whose confidentiality is guaranteed in the face of public attention. Based on these advantages, mediation is considered more suitable to be implemented (agreed, including with the escalation clause) in a contract.

        Challenges of Mediation in International Contract Disputes

        Despite its many advantages, mediation is not without its challenges. Some of the key obstacles include:

        Lack of Enforcement Mechanisms: Mediation agreements are typically non-binding, meaning that parties are not legally required to adhere to the terms of the settlement. While mediation can result in a mutually agreed-upon solution, enforcing the agreement may require the parties to enter into further negotiations or even resort to litigation if one side fails to honour the agreement.

        Cultural and Language Barriers: In international contract disputes, cultural differences and language barriers can complicate the mediation process. It is important to select mediators who have experience with cross-cultural communication and who understand the legal systems involved. Without such expertise, the mediation process may be ineffective.

        Reluctance to Mediate: Some parties may be reluctant to mediate, especially if they perceive it as a sign of weakness or if they are unfamiliar with the process. This reluctance can be overcome with proper education and a clear understanding of the benefits of mediation.

        Although we can say that there is a growth of mediation around the world and the level of satisfaction of the use of mediation is based on its core values, which are impartiality, confidentiality and self-determination, the promotion of the mediation is still an important challenge.

        Conclusion

        In the case of internal compliance, mediation usually takes a more reactive role, i.e. when the conflict has already surfaced within the company or organisation; whereas, in the case of third party compliance, mediation takes a preventive role, such as in the case of Dispute Boards, although it also helps to resolve a commercial conflict between parties who wish to continue to maintain a business relationship. In both cases the objective is the same, to try to find common ground between the interests of the parties in order to resolve or avoid a conflict that could lead the parties to a legal dispute.

        As international trade continues to grow and the complexity of global regulations increases, businesses and organizations can benefit from adopting mediation as a strategic method for resolving conflicts. By fostering cooperation and understanding, mediation can help build stronger, more resilient business relationships and ensure long-term success in a global marketplace.

        Companies need to adhere to their own compliance programmes, but also to the programme of their customers, suppliers or banks with whom they collaborate. Not only is there a need for expertise to know the legal framework applicable to the industry, but there is also a need for conflict resolution when conflicts arise or even to act pre-emptively. Legal battles are expensive, time-consuming and damaging to business relationships. Many jurisdictions and industries are already demanding an obligation for parties to exhaust alternative dispute resolution methods before moving to the litigation phase.

        El año 2025 comienza marcando un hito en la Administración de Justicia en España con la publicación de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes medidas para modernizar el sistema judicial.

        Entre estas, destaca el uso obligatorio de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para iniciar procedimientos civiles. Este cambio busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y fomentar soluciones consensuadas entre las partes. La Ley entrará en vigor el próximo 3 de abril de 2025.

        En esta entrada preliminar, exploraremos qué implica esta novedad, los tipos de MASC previstos, sus características y las consecuencias de su implementación.

        ¿Qué son los Medios Adecuados de Solución de Controversias?

        Los MASC son mecanismos que permiten a las partes resolver conflictos de manera extrajudicial, ya sea mediante negociaciones directas o con la ayuda de un tercero neutral. Estos medios incluyen opciones como la mediación, la conciliación, la opinión de expertos independientes, el derecho colaborativo y otras herramientas reconocidas legalmente.

        El objetivo principal de los MASC es reducir la carga de trabajo de los tribunales y ofrecer a los ciudadanos una alternativa más rápida, eficiente y personalizada para resolver sus disputas. Esta vía también busca promover la cultura del acuerdo, favoreciendo relaciones más armónicas entre las partes implicadas.

        Los MASC como requisito de procedibilidad

        Uno de los aspectos más innovadores de la nueva Ley es que hace obligatorio intentar resolver los conflictos mediante un MASC antes de presentar una demanda judicial en asuntos civiles. Esto significa que, para que una demanda sea admitida, las partes deben demostrar que han intentado una actividad negociadora previa, ya sea mediante mediación, conciliación, o cualquier otro MASC reconocido.

        Sin embargo, hay excepciones. No se exige este requisito en casos relacionados con:

        • Derechos fundamentales,
        • Medidas urgentes relativas a menores,
        • Disputas sobre filiación, paternidad o maternidad,
        • Medidas de apoyo a personas con discapacidad,
        • Juicios cambiarios,
        • Cuando una de las partes sea una entidad del sector público, entre otros.

        Esta obligación aplica a los procesos declarativos del libro II y a procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no incluye las demandas ejecutivas ni las solicitudes de medidas cautelares o diligencias preliminares.

        Tipos de MASC reconocidos

        La ley identifica varios MASC que cumplen con el requisito de procedibilidad:

        • Mediación: Un tercero neutral ayuda a las partes a dialogar y alcanzar un acuerdo.
        • Conciliación: Un profesional imparcial sugiere posibles soluciones al conflicto.
        • Oferta vinculante confidencial: Cualquier persona que formule una oferta vinculante confidencial con la finalidad de dar solución a una controversia.
        • Opinión de un experto independiente: Un especialista evalúa el caso y ofrece una recomendación.
        • Derecho colaborativo: Abogados de ambas partes trabajan conjuntamente para encontrar una solución sin acudir a los tribunales.
        • Otros mecanismos: Cualquier actividad negociadora reconocida por ley, como acuerdos directos entre abogados de las partes.

        Características principales de los MASC

        • Voluntariedad y buena fe: Aunque el intento de negociación es obligatorio, las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo.
        • Confidencialidad: Todo lo discutido durante el proceso es confidencial y no puede usarse en un eventual juicio, salvo, entre otros motivos, por dispensa expresa por escrito de las partes.
        • Suspensión de plazos: El inicio de un MASC interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de las acciones legales.
        • Flexibilidad: Las partes pueden elegir el MASC que mejor se adapte a sus necesidades.

        Procedimiento y consecuencias de no cumplir el requisito

        Para acreditar que se ha intentado un MASC, las partes deben presentar documentación que demuestre el esfuerzo negociador, como un acta firmada o, en caso de que no haya acuerdo, una certificación expedida por el mediador, conciliador o experto. Si no se cumple este requisito, la demanda podrá ser inadmitida.

        En caso de que el proceso de negociación termine sin acuerdo, las partes pueden acudir a los tribunales, pero la actitud de las mismas durante la negociación podrá influir en decisiones sobre costas procesales o posibles sanciones por abuso del sistema judicial.

        Ventajas de los MASC

        La introducción de los MASC como requisito previo al litigio puede ofrecer múltiples beneficios:

        • Descongestión judicial: Reduce la carga de trabajo de los tribunales, permitiendo una resolución más ágil de los casos.
        • Menores costes: Los MASC suelen ser más económicos que un proceso judicial completo.
        • Mayor rapidez: Muchas disputas pueden resolverse en semanas en lugar de meses o años.
        • Soluciones personalizadas: Los acuerdos pueden adaptarse mejor a las necesidades de las partes.
        • Preservación de relaciones: Fomentan el diálogo y el entendimiento, reduciendo el conflicto entre las partes.

        Críticas y desafíos

        A pesar de sus ventajas, la implementación de los MASC no está exenta de retos:

        • Falta de conocimiento: Muchas personas desconocen qué son los MASC y cómo funcionan.
        • Desconfianza: Algunos ciudadanos podrían percibirlos como una traba adicional para acceder a la justicia.
        • Capacitación: Es esencial formar a los profesionales que actuarán como mediadores, conciliadores y expertos.
        • Costes iniciales: Aunque a largo plazo son más económicos, los honorarios de los profesionales implicados pueden ser una barrera para algunos usuarios.

        Conclusión

        La introducción de los MASC como requisito de procedibilidad en el ámbito civil representa un cambio significativo en el sistema judicial español. Esta medida no solo busca agilizar la resolución de conflictos, sino también fomentar una cultura del acuerdo que beneficie a las partes y al conjunto de la sociedad.

        Aunque la transición hacia este nuevo modelo podrá enfrentar ciertos obstáculos, los beneficios a largo plazo prometen un sistema judicial más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, los MASC no solo son una herramienta para resolver conflictos, sino también un paso hacia una justicia más humana y sostenible.

        Summary: Since 12 July 2020, new rules apply for platform service providers and search engine operators – irrespective of whether they are established in the EU or not. The transition period has run out. This article provides checklists for platform service providers and search engine operators on how to adapt their services to the Regulation (EU) 2019/1150 on the promotion of fairness and transparency for commercial users of online intermediation services – the P2B Regulation.

        The P2B Regulation applies to platform service providers and search engine operators, wherever established, provided only two conditions are met:

        (i) the commercial users (for online intermediation services) or the users with a company website (for online search engines) are established in the EU; and

        (ii) the users offer their goods/services to consumers located in the EU for at least part of the transaction.

        Accordingly, there is a need for adaption for:

        • Online intermediation services, e.g. online marketplaces, app stores, hotel and other travel booking portals, social media, and
        • Online search engines.

        The P2B Regulation applies to platforms in the P2B2C business in the following constellation (i.e. pure B2B platforms are exempt):

        Provider -> Business -> Consumer

        The article follows up on the introduction to the P2B Regulation here and the detailed analysis of mediation as method of dispute resolution here.

         Checklist how to adapt the general terms and conditions of platform services

        Online intermediation services must adapt their general terms and conditions – defined as (i) conditions / provisions that regulate the contractual relationship between the provider of online intermediation services and their business users and (ii) are unilaterally determined by the provider of online intermediation services.

        The checklist shows the new main requirements to be observed in the general terms and conditions (“GTC”):

        1. Draft them in plain and intelligible language (Article 3.1 a)
        2. Make them easily available at any time (also before conclusion of contract) (Article 3.1 b)
        3. Inform on reasons for suspension / termination (Article 3.1 c)
        4. Inform on additional sales channels or partner programs (Article 3.1 d)
        5. Inform on the effects of the GTC on the IP rights of users (Article 3.1 e)
        6. Inform on (any!) changes to the GTC on a durable medium, user has the right of termination (Article 3.2)
        7. Inform on main parameters and relative importance in the ranking (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or business secrets (Article 5.1, 5.3, 5.5)
        8. Inform on the type of any ancillary goods/services offered and any entitlement/condition that users offer their own goods/services (Article 6)
        9. Inform on possible differentiated treatment of goods / services of the provider or individual users towards other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)
        10. No retroactive changes to the GTC (Article 8a)
        11. Inform on conditions under which users can terminate contract (Article 8b)
        12. Inform on available or non-available technical and contractual access to information that the Service maintains after contract termination (Article 8c)
        13. Inform on technical and contractual access or lack thereof for users to any data made available or generated by them or by consumers during the use of services (Article 9)
        14. Inform on reasons for possible restrictions on users to offer their goods/services elsewhere under other conditions («best price clause»); reasons must also be made easily available to the public (Article 10)
        15. Inform on access to the internal complaint-handling system (Article 11.3)
        16. Indicate at least two mediators for any out-of-court settlement of disputes (Article 12)

        These requirements – apart from the clear, understandable language of the GTC, their availability and the fundamental ineffectiveness of retroactive adjustments to the GTC – clearly go beyond what e.g. the already strict German law on general terms and conditions requires.

        Checklist how to adapt the design of platform services and search engines

        In addition, online intermediation services and online search engines must adapt their design and, among other things, introduce internal complaint-handling. The checklist shows the main design requirements for:

        a) Online intermediation services

        1. Make identity of commercial user clearly visible (Article 3.5)
        2. State reasons for suspension / limitation / termination of services (Article 4.1, 4.2)
        3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3), see above
        4. Set an internal complaint handling system, with publicly available info, annual updates (Article 11, 4.3)

        b) Online search engines

        1. Explain the ranking’s main parameters and their relative importance, public, easily available, always up to date (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or trade secrets (Article 5.2, 5.3, 5.5)
        2. If ranking changes or delistings occur due to notification by third parties: offer to inspect such notification (Article 5.4)
        3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)

        The European Commission will provide guidelines regarding the ranking rules in Article 5, as announced in the P2B Regulation – see the overview here. At the same time, providers of online intermediation services and online search engines shall draw up codes of conduct together with their users.

        Practical Tips

        • The Regulation significantly affects contractual freedom as it obliges platform services to adapt their general terms and conditions.
        • The Regulation is to be enforced by «representative organisations» or associations and public bodies, with the EU Member States ensuring adequate and effective enforcement. The European Commission will monitor the impact of the Regulation in practice and evaluate it for the first time on 13.01.2022 (and every three years thereafter).
        • The P2B Regulation may affect distribution relationships, in particular platforms as distribution intermediaries. Under German distribution law, platforms and other Internet intermediation services acting as authorised distributors may be entitled to a goodwill indemnity at termination (details here) if they disclose their distribution channels on the basis of corresponding platform general terms and conditions, as the Regulation does not require, but at least allows to do (see also: Rohrßen, ZVertriebsR 2019, 341, 344–346). In addition, there are numerous overlaps with antitrust, competition and data protection law.

        It is usually said that “conflict is not necessarily bad, abnormal, or dysfunctional; it is a fact of life[1]” I would perhaps add that quite often conflict is a suitable opportunity to evolve and to solve problems[2]. It is, in fact, a useful part of life[3] and particularly, should I add, of businesses. And conflicts not only arise at the end of the business relationship or to terminate it, but also during it and the parties remain willing to continue it.

        The 2008 EU Directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters states that «agreements resulting from mediation are more likely to be complied with voluntarily and are more likely to preserve an amicable and sustainable relationship between the parties.»

        Can, therefore, mediation be used not only as an alternative to court or arbitration when terminating distribution agreements, but also to re-organize them or to change contract conditions? Would it be useful to solve these conflicts? What could be the advantages?

        In distribution/agency/franchise agreements, particularly for those lasting several years, parties can have neglected their obligations (for instance minimum sales targets not attained).

        Sometimes they could have tolerated the situation although they remain not very happy with the other party’s performance because they are still doing acceptable business.

        It could also happen that one of the parties wishes to restructure the entire distribution network (Can we change the distribution structure to an agency one?), but does not want to face a complete termination because there are other benefits in the relationship.

        There may be just some changes to be introduced, or changes in the legal structures (A mere reseller transformed in distributor?), legal frameworks, legal conditions (Which one is the applicable law?), limitation of the scope of contract, territory…

        And now, we face the Covid-19 crisis where everything is still more uncertain.

        In some cases, it could happen that there is no written contract and the parties wish to draft it; in other cases, agreements could have been defectively drafted with incomplete, contradictory or no regulation at all (Was it an exclusive agreement?).

        The contracts  could be perfect for the situation imagined when signed several years ago but not anymore (What happen with online sales?) or  circumstances, markets, services, products have changed and need to be reconsidered (mergers, change of directors…).

        Sometimes, even more powerful parties have not the elements to oblige the weaker party to respect new terms, or they simply prefer not to impose their conditions, but to build up a more collaborative relationship for the future.

        In all these cases, negotiation is the usual strategy parties follow: each one is focused in obtaining its own benefits with a clear idea of, for instance, which clause(s) should be modified or drafted.

        Nevertheless, mediation could add some neutrality, and some space to a more efficient, structured and useful approach to the modification of the commercial relationship, particularly in distribution agreements where the collaboration (in the past, but also in the future if the parties wish so) is of paramount importance.

        In most of these situations, personal emotional aspects could also be involved and make more difficult a neutral negotiation: a distributor that has been seen by the manufacturer as not performing very well and feels hurt, an agent that could consider a retirement, parties from different cultures that need to understand different ways of performing, franchisees that have been treated differently in the network and feel discriminated, etc.

        In these circumstances and in other similar ones, where all persons involved, assisted by their respective lawyers, wish to continue the relationship although maybe in a different way, a sort of facilitative mediation can be a great help.

        These are, in my opinion, the main reasons:

        1. Mediation is a legal and organized procedure that could help the parties to increase their awareness of the necessity to redraft the agreement (or drafting for the first time if it was not already done).
        2. Parties can be heard more easily, negotiation is eased in the interest of both of them, encourages them to act more reasonably vis-à-vis the other side, restores relationship if necessary, deadlock can be easily broken and, if the circumstances advice so, parties can be engaged separately with the help of the mediator.
        3. Mediation can consider other elements different to the mere commercial or legal ones: emotions linked to performance, personal situations (retirement, succession, illness) or even differences in cultural approaches.
        4. It helps to find the real (possibly new or not shown) interests in the commercial relationship of the parties, focusing in developments, strategies, new proposals… The mere negotiation between the parties and they attorneys could not make appear these new interests and therefore be limited only to the discussion on the change of concrete obligations, clauses or situations. Mediation helps to go beyond.
        5. Mediation techniques can also help the parties to face their current situation, to take responsibility of their performance without focusing on blame or incompetence but on a constructive and future collaboration in new specific terms.[4]
        6. It can also avoid the increasing of the conflict into a more severe one (breaching) and in case mediation does not end with a new/redrafted agreement, the basis for a mediated termination can be established, if the parties wish so, instead of litigation.
        7. Mediation can conclude into a new agreement where the parties are more reassured, more comfortable with, and more willing to respect because they were involved in their construction with the assistance of their respective lawyers, and because all their interests (not only new drafted clauses) were considered.
        8. And, in any case, mediation does not affect the party’s collaborative position and does not reduce their possibility to use other alternatives, including litigation or arbitration to terminate the agreement or to oblige the other party to respect its legal obligations.

        The use of mediation does not need the parties to have foreseen it in the agreement (although it could be easier if they did so) but they can use it freely at any time.

        This said, a lawyer proposing mediation as a contractual clause or, in case it was not included in the agreement, as a procedure to face this sort of conflicts in distribution agreements, will be certainly seen by his/her client as problem-solving attorney looking for the client’s interests rather than a litigator pushing them to a more uncertain situation, with unknown costs and unforeseeable timeframe.

        Parties in distribution agreements should have this possibility in mind and lawyers have the opportunity to actively participate in mediation from the first steps by recommending it in the initial agreement, during the process helping the clients to express their concerns and interests, and in the drafting of the final (new) agreement, representing the clients’ and as co-author of their success.

        If you would like to hear more on the topic of mediation and distribution agreements you can check out the recording of our webinar on Mediation in International Conflicts

        [1] Moore, Christopher W. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. Jossey-Bass. Wiley, 2014.

        [2] Mnookin, Robert H. Beyond Winning. Negotiating to create value in deals and disputes (p. 53). Harvard University Press, 2000.

        [3] Fisher, R; Ury, W. Getting to Yes: Negotiating an agreement without giving in. Random House.

        [4] «Talking about blame distracts us from exploring why things went wrong and how we might correct them going forward. Focusing instead on understanding the contribution system allows us to learn about the real causes of the problem, and to work on correcting them.» [Stone, Douglas. “Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most”. Penguin Publishing Group]

        En estos tiempos de inseguridad sobre el futuro tenemos, sin embargo, algunas certezas. Una de ellas, sin duda, es que «los servicios de intermediación en línea son factores esenciales para el emprendimiento y los nuevos modelos de negocio«. El Reglamento UE 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea se ocupa de ello. El Reglamento se aplicará a partir del 12 de julio de 2020.

        La finalidad del Reglamento es establecer normas para asegurar que se conceden opciones apropiadas de transparencia, de equidad y de reclamación a los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea y a los usuarios de sitios web corporativos en relación con los motores de búsqueda en línea (art. 1). Se aplica a los servicios de intermediación en línea y los motores de búsqueda ofrecidos a usuarios comerciales que tengan su lugar de establecimiento UE y que ofrecen bienes o servicios a los consumidores en la UE. Y esto, independientemente del lugar de establecimiento de los proveedores y la ley aplicable. Sus reglas se aplicarán, en particular, a los mercados en línea (marketplaces), los outlets de redes sociales, plataformas de distribución de aplicaciones, las plataformas para la economía colaborativa y los motores de búsqueda en general.

        Lo que me gustaría subrayar en este cometario es la previsión del Reglamento (art. 12) del uso de la mediación como un método específico para la resolución de conflictos entre proveedores de servicios de intermediación en línea y usuarios profesionales. La mediación se fomenta sin perjuicio de su voluntariedad y la posibilidad de reclamación judicial.

        En particular, los proveedores de los servicios de intermediación designarán en sus condiciones generales, dos o más mediadores con los que están dispuestos a colaborar –de buena fe- para llegar a un acuerdo con los usuarios profesionales y así resolver de manera extrajudicial todo litigio entre el proveedor y los usuarios profesionales. Únicamente los proveedores de servicios que tengan la consideración de pequeñas empresas estarían exentos de asumir esta obligación, sin perjuicio de poder hacerlo voluntariamente.

        El Reglamento también contiene los requisitos que estos mediadores deben cumplir: algunos generales (independencia, con servicios asequibles, actuar sin demora, fácilmente accesibles) y otros más específicos o que necesitarán una calificación especial (capacidad de mediar en el idioma de las condiciones generales y con suficiente conocimiento de las relaciones comerciales dentro de la empresa).

        También es interesante notar que los proveedores de servicios deberán soportar una parte razonable de los costes totales de la mediación en cada caso, de acuerdo con las indicaciones del mediador y según algunos criterios, como los fundamentos relativos de los argumentos de las partes, su conducta, así como el tamaño y su capacidad financiera.

        La conclusión parece clara: la mediación, como alternativa a la resolución de disputas por vía judicial o arbitral, está aumentando su espacio en las normas de la UE. Siempre permanece como una forma voluntaria de resolver conflictos, y vale la pena considerar su eficacia en todas las áreas de negocio. Este Reglamento lo hace expresamente.

        Ignacio Alonso

        Áreas de práctica

        • Agencia
        • Derecho Societario
        • Contratos de distribución
        • Franquicia
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          P2B Regulation – How to adapt Platform services and Search Engines

          2 de agosto de 2020

          • Europa
          • Mediación
          • Contratos de distribución
          • e-commerce

          Durante más de 35 años como abogado mercantilista he visto cómo muchos, yo el primero, confundíamos un asesoramiento eficaz con la respuesta inmediata y exhaustiva. Ahora tengo la percepción de que el mundo del derecho y el de la empresa están cambiando: no basta con saber (cada vez más leyes, más requisitos, más sentencias contradictorias… y más ruido), sino que hay que escuchar, acompañar y facilitar decisiones. Y ahí es donde la actuación también como coach ejecutivo ofrece un marco extraordinariamente útil.

          De los abogados se espera que resolvamos. Los coaches ejecutivos, sin embargo, ayudamos (dentro de un marco ético) a que el otro descubra por sí mismo la respuesta. Y esto puede ser una fuente de enorme riqueza profesional y para el cliente. Cuando éste se enfrenta a un problema no necesita un análisis jurídico, sino necesita claridad y perspectiva para decidir… desde “su problema”, y no desde “nuestra solución”. Integrar en nuestro ejercicio profesional las herramientas de coaching ejecutivo transforma la conversación y el asesoramiento jurídico en algo más eficaz: un proceso de toma de decisiones en el que acompañamos al cliente de principio a fin.

          Imagino tres ámbitos donde se encuentran el abogado y el coach ejecutivo:

          1. La relación con el cliente. Escuchar bien antes de aconsejar.

          Decía Plutarco que “escuchar bien es la base de vivir bien”. Y a veces el cliente no busca tanto una respuesta, como claridad para decidir. Escuchar más allá de lo que dice (y de lo que calla) permite entender qué le preocupa. Una pregunta puede abrir más caminos que una disertación que, lo más seguro, le va a dejar frío. Cuando escuchamos sin prisa y sin sesgo propiciamos un espacio de reflexión que ayuda al cliente a ordenar, priorizar y tomar decisiones con sentido. Con sentido… para él.

          1. La negociación y la mediación.

          En estos procesos ayudamos con las técnicas de coaching a desactivar resistencias y a pasar de la confrontación a la comprensión. El abogado-coach facilita que las partes se escuchen y descubran qué hay detrás de sus demandas. Una negociación puede desbloquearse cuando se permite al otro expresarse. Los acuerdos dejan de ser meras transacciones y se convierten en decisiones compartidas, más estables y sostenibles en el tiempo y menos fuentes de conflictos.

          1. Acompañar procesos de cambio en el cliente y su organización

          El abogado-coach puede convertirse no solo en el redactor del acuerdo sino en facilitador del cambio. Ayuda a que los implicados comprendan lo que está en juego y alineen decisiones con sus valores y objetivos gestionando resistencias. El abogado deja de ser un mero “proveedor” de servicios (al que muchas veces se recurre solo al final del proceso) y pasa a ser un socio de reflexión.

          En suma, percibo que hoy se nos demanda ejercer de forma diferente: menos técnica y más humana, menos reactiva y más transformadora. Las técnicas de coaching ayudan: escucha consciente, feedback constructivo, claridad de propósito… permiten gestionar mejor el conflicto, el estrés y la incertidumbre. El coaching, por supuesto, no sustituye al derecho, sino que lo ensancha y le da herramientas. En estos momentos, la inteligencia artificial (mucho más rápida y potencialmente mucho más completa y exhaustiva) nos está desubicando de nuestros hábitos. Quizás esto nos permita entrever que el abogado no deberá ser solo un experto en normas, sino un facilitador de conversaciones difíciles, alguien capaz de unir análisis y empatía, precisión y presencia. Alguien que entienda que su valor está en ayudar a sus clientes para que eviten sus conflictos o puedan resolverlos como mejor les satisfaga. Y ahí es donde el abogado-coach tiene mucho que aportar.

          Introducción: Un cambio de paradigma en la resolución de conflictos

          La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, marca un punto de inflexión en el sistema judicial español. Esta normativa no se limita a introducir modificaciones procedimentales, sino que refleja una transformación profunda en la concepción misma de la justicia. El legislador ha apostado decididamente por potenciar vías alternativas a la resolución judicial de conflictos, convirtiendo la negociación previa en un elemento central del sistema.

          La saturación de los tribunales, los costes asociados a los procesos judiciales y la búsqueda de soluciones más satisfactorias para las partes han impulsado esta reforma que coloca los denominados «medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional» como piedra angular de un nuevo modelo de justicia orientado al diálogo y al acuerdo.

          La filosofía detrás de los medios alternativos de resolución de conflictos

          Más allá de la descongestión de los tribunales, esta reforma responde a una filosofía que entiende que no todos los conflictos requieren necesariamente una respuesta judicial. Los medios alternativos de resolución de controversias parten de la premisa de que muchos conflictos pueden encontrar soluciones más satisfactorias, duraderas y adaptadas a las necesidades e intereses de las partes cuando son ellas mismas quienes participan activamente en su construcción.

          La Ley Orgánica 1/2025 define estos medios como «cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral». Esta definición, amplia y flexible, pretende abarcar diversas formas de negociación que tienen como denominador común el protagonismo de las partes en la resolución de sus propias disputas.

          Un abanico de posibilidades: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

          Uno de los aspectos más destacables de la nueva regulación es que no apuesta por un único modelo de resolución alternativa de conflictos, sino que reconoce la diversidad de situaciones y la necesidad de ofrecer diferentes herramientas adaptadas a cada caso particular.

          La mediación, ya consolidada en nuestro ordenamiento a través de la Ley 5/2012, mantiene su relevancia como vía preferente, pero a ella se suman otras modalidades como la conciliación en sus diversas variantes (notarial, registral, ante letrado de la Administración de Justicia o judicial), la opinión de expertos independientes, las ofertas vinculantes confidenciales o el novedoso proceso de Derecho colaborativo.

          Esta pluralidad de mecanismos refleja la complejidad de las relaciones jurídicas contemporáneas y la necesidad de ofrecer respuestas adaptadas a cada tipo de conflicto. No es lo mismo resolver una disputa vecinal que una controversia empresarial compleja, y el legislador ha sido consciente de que «una talla única» no resultaría eficaz para la diversidad de situaciones que pueden presentarse.

          La controvertida apuesta por la obligatoriedad: El requisito de procedibilidad

          Sin duda, el aspecto más innovador —y probablemente más polémico— de la nueva regulación es la configuración de estos medios como un requisito previo obligatorio para acudir a la vía judicial en determinados ámbitos. Esta decisión supone un salto cualitativo respecto a la anterior regulación, que apostaba principalmente por el carácter voluntario de estos mecanismos.

          A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, 3 de abril de 2025, la demanda en el orden jurisdiccional civil no será admitida si no se justifica que se ha intentado previamente la resolución del conflicto por alguna de las vías alternativas reconocidas. No solo eso, sino que además debe acreditarse la identidad entre el objeto de la negociación previa y el objeto del litigio que se pretende iniciar.

          Esta obligatoriedad ha sido objeto de intenso debate. Sus defensores argumentan que resulta necesaria para promover un cambio cultural en una sociedad tradicionalmente litigiosa, mientras que sus detractores advierten del riesgo de convertir estos mecanismos en un mero trámite formal que desvirtúe su verdadera finalidad.

          Lo cierto es que el legislador ha intentado encontrar un equilibrio, excluyendo de esta obligatoriedad determinadas materias especialmente sensibles o que, por su naturaleza, requieren una respuesta judicial inmediata. Así, quedan exentas del requisito de negociación previa cuestiones como la tutela judicial de derechos fundamentales, las medidas de protección de menores, o la solicitud de medidas cautelares, entre otras.

          Los principios rectores: Autonomía y confidencialidad como pilares del sistema

          La eficacia de los medios alternativos de resolución de conflictos descansa en gran medida en dos principios fundamentales: la autonomía de las partes y la confidencialidad del proceso.

          El principio de autonomía privada reconoce que son las propias partes quienes mejor conocen sus intereses y necesidades, y por tanto, quienes están en mejores condiciones para encontrar soluciones adaptadas a su situación particular. La ley establece que las partes son libres de transaccionar, siempre que respeten la ley, la buena fe y el orden público. Esta libertad es esencial para que las soluciones alcanzadas sean verdaderamente satisfactorias y duraderas.

          Por su parte, el principio de confidencialidad resulta crucial para generar un clima de confianza que permita a las partes expresarse con libertad durante el proceso negociador. La ley establece que la información y documentación expuestas durante la negociación deben mantenerse reservadas, con excepciones muy tasadas como la dispensa expresa de las partes, el requerimiento judicial en el orden penal o razones de orden público.

          Este deber de confidencialidad se extiende a todos los participantes en el proceso: las partes, sus abogados y, en su caso, la tercera persona neutral que intervenga. Se trata de garantizar que lo que se diga o se proponga durante la negociación no pueda ser utilizado posteriormente en un eventual proceso judicial, fomentando así un diálogo sincero y constructivo.

          El proceso negociador: Aspectos procedimentales relevantes

          La regulación de los aspectos procedimentales de los diferentes medios de solución de controversias refleja también la voluntad del legislador de combinar la flexibilidad necesaria con las garantías mínimas exigibles.

          En cuanto a la legitimación, la iniciativa para acudir a estos mecanismos puede partir de cualquiera de las partes, de ambas de común acuerdo, o incluso de una derivación judicial. Se reconoce así tanto la autonomía de las partes como la posibilidad de que sea el propio sistema judicial quien fomente el uso de estas vías alternativas.

          Respecto a la intervención de profesionales, la ley opta generalmente por la no obligatoriedad de la asistencia letrada, salvo en casos específicos como la formulación de ofertas vinculantes (con excepciones cuando la cuantía es reducida). Esta flexibilidad pretende facilitar el acceso a estos mecanismos, aunque en la práctica, la complejidad de muchos conflictos jurídicos hará aconsejable contar con asesoramiento profesional.

          Un aspecto particularmente relevante es el efecto que la solicitud de estos mecanismos tiene sobre los plazos de prescripción y caducidad. La ley establece que dicha solicitud interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de acciones desde la fecha de comunicación a la otra parte, evitando así que el intento de solución amistosa pueda perjudicar los derechos de quien lo promueve.

          En cuanto a la forma, se apuesta preferentemente por la presencialidad, aunque admitiendo el uso de medios telemáticos por acuerdo de las partes o cuando se trate de reclamaciones de cuantía inferior a 600 euros. Esta flexibilidad resulta especialmente oportuna en un contexto de creciente digitalización de las relaciones jurídicas.

          Modalidades específicas: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

          Entre las diferentes modalidades reconocidas por la ley, merece la pena detenerse en algunas que presentan características especialmente novedosas o relevantes.

          La conciliación privada supone la intervención de una persona con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia objeto de conflicto. La ley exige que esta persona esté inscrita en un colegio profesional reconocido o en un registro de mediadores, y que actúe con imparcialidad y confidencialidad. Este mecanismo aprovecha el conocimiento especializado de determinados profesionales para facilitar el acuerdo en materias técnicamente complejas.

          La oferta vinculante confidencial constituye un mecanismo particularmente interesante para determinados tipos de conflictos. Una de las partes formula una oferta que le resulta vinculante en caso de aceptación por la otra. La ley exige que conste la identidad del oferente, la recepción efectiva por la otra parte y el contenido detallado de la oferta. Este instrumento puede resultar especialmente útil en reclamaciones económicas, donde el principal obstáculo para el acuerdo suele ser la cuantía.

          La opinión de persona experta independiente consiste en encomendar un dictamen a un experto en la materia objeto de conflicto. A diferencia de otros mecanismos, este dictamen no es vinculante, pero puede servir de base para el acuerdo si las partes lo aceptan, o al menos para clarificar los aspectos técnicos de la controversia. Tras la emisión del dictamen, las partes pueden aceptarlo como acuerdo, proponer mejoras o rechazarlo, en cuyo caso se entiende cumplido el requisito de procedibilidad.

          Finalmente, el proceso de Derecho colaborativo representa quizás la apuesta más innovadora de la nueva regulación. Se trata de una negociación estructurada en la que las partes, asistidas por sus respectivos abogados, trabajan conjuntamente para alcanzar una solución satisfactoria, pudiendo integrar a otros profesionales (psicólogos, economistas, etc.) cuando la complejidad del caso lo requiera. Al finalizar, se redacta un acta con los participantes, las sesiones realizadas y los acuerdos alcanzados.

          El reto de la implementación: De la teoría a la práctica

          La efectividad real de este nuevo sistema dependerá en gran medida de cómo se implemente en la práctica. No basta con establecer la obligatoriedad de intentar la resolución extrajudicial; es necesario que ese intento sea genuino y no se convierta en un mero trámite formal.

          En este sentido, la ley exige que el intento de negociación sea «real y creíble, no puede ser ficticio». Para ello, establece requisitos de documentación que varían según intervenga o no una tercera persona neutral, pero que en todos los casos incluyen una declaración responsable de que las partes han intervenido de buena fe en el proceso.

          Asimismo, la ley regula detalladamente cuándo se entiende finalizado el proceso de negociación, tanto si concluye con acuerdo como sin él. En caso de acuerdo, este debe formalizarse identificando a las partes y, en su caso, a sus abogados y a la tercera persona neutral, indicando el lugar y fecha, así como las obligaciones asumidas por cada parte.

          La posibilidad de elevar el acuerdo a escritura pública para convertirlo en título ejecutivo refuerza su valor y facilita su cumplimiento, evitando que el incumplimiento de lo pactado obligue a iniciar un proceso judicial declarativo.

          Un horizonte por explorar: Perspectivas y desafíos

          La Ley Orgánica 1/2025 representa un punto de inflexión en la concepción de la justicia en España, acercándonos a modelos ya consolidados en otros países con larga tradición en medios alternativos de resolución de conflictos. Estados Unidos, Canadá o los países nórdicos llevan décadas apostando por estos mecanismos, con resultados generalmente positivos en términos de satisfacción de los usuarios y descongestión de los tribunales.

          Sin embargo, cada sistema jurídico tiene sus particularidades, y el éxito de estos mecanismos no depende solo de su regulación legal, sino también de factores culturales, sociológicos y organizativos. La tradicional litigiosidad de la sociedad española, la escasa cultura negociadora en determinados ámbitos o la falta de formación específica de muchos profesionales son desafíos que deberán afrontarse.

          La apuesta por la obligatoriedad como impulso inicial puede ser comprensible en un contexto de cambio de paradigma, pero el verdadero éxito de estos mecanismos vendrá dado por su capacidad para generar soluciones satisfactorias que, progresivamente, los conviertan en la opción preferente por sus propios méritos, más allá de su carácter obligatorio.

          Conclusión: Entre la esperanza y la cautela

          La nueva regulación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional se alinea con una tendencia internacional clara hacia la potenciación de vías alternativas a la resolución judicial de conflictos. Esta tendencia responde tanto a necesidades prácticas —descongestionar los tribunales, reducir costes— como a una filosofía que valora el protagonismo de las partes en la gestión de sus propios conflictos.

          En este sentido, la normativa española se suma a un movimiento global que ha demostrado resultados positivos en muchas jurisdicciones. Sin embargo, solo el tiempo dirá si la técnica legislativa utilizada, especialmente la apuesta por la obligatoriedad como requisito de procedibilidad, es la más acertada para alcanzar el verdadero propósito de fomentar el acuerdo en evitación del pleito.

          El éxito de esta reforma dependerá no solo de su diseño normativo, sino también de factores como la formación adecuada de los profesionales implicados, la sensibilización de la ciudadanía sobre las ventajas de estas vías alternativas, y la capacidad del sistema para evaluar y adaptarse en función de los resultados obtenidos.

          En definitiva, nos encontramos ante una reforma ambiciosa y necesaria, que abre un horizonte esperanzador pero que deberá superar importantes desafíos para consolidarse como un auténtico cambio de paradigma en la administración de justicia en España. El verdadero criterio de éxito no será el número de intentos de negociación realizados, sino la calidad de los acuerdos alcanzados y la satisfacción de los ciudadanos con un sistema de justicia más participativo, eficiente y adaptado a sus necesidades reales.

          Summary: Companies with international projection and global presence can count on mediation and its benefits in the different contexts of their business, both in the compliance of the code of conduct and internal rules as well as in the compliance of contracts and projects with third parties or public authorities. In the same way, it facilitates access to a saturated justice system, while at the same time improving the relationship between the parties, as they do not have to face the wear and tear of the judicial phase, which leads to emotional wear and tear.

          I will focus on the intersection between compliance and mediation, as international corporations are increasingly interested in the potential of Mediation applied to compliance frameworks. Although there are a few important challenges that we need to mention, the benefits of international mediation are clear: costs savings, quick solutions and a good understanding between the parties. International mediation and compliance go hand in hand and, although they may not seem to have much in common, they complement each other. The purpose of this article is to illustrate with some practical examples the advantages of compliance mediation for small and medium-sized enterprises operating internationally, in order to demonstrate the potential that exists in this combination.

          Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR) that involves the intervention of a neutral third party, known as the mediator, to help disputing parties reach a mutually acceptable agreement. Unlike litigation, which involves a judge making a binding decision, mediation allows the parties to control the outcome, facilitating a more collaborative and flexible approach to resolving disputes.

          In the context of compliance issues and international contracts, mediation offers a unique advantage by addressing both legal and non-legal aspects of disputes, such as cultural differences, business practices, and organizational relationships. This flexibility is particularly important when dealing with international contracts, where cross-cultural understanding and respect for diverse legal systems are essential.

          The key is still the same recipe as the initial negotiation of a contract. The parties objectively and in a neutral atmosphere and collaborative approach, find ‘solutions’ to their disagreements where both parties win. The so-called win-win is still the best scenario in which the parties should meet again in dispute resolution. I always insist on the word ‘reconnect’ because of its positive connotation in any relationship. Mediation allows the parties to negotiate a mutually acceptable outcome, preserving the relationship between them, with the additional value of cost and time efficiencies and confidentiality guaranteed throughout the process.

          Mediation benefits compliance programmes in two keyways.

          Resolving internal compliance issues

          This is accomplished through facilitating communication and conflict resolution among employees, promoting a culture of dialogue, transparency and accountability. When a company uses mediation to resolve conflicts arising from internal compliance-related situations, it helps to prevent a conflict from escalating in proportions both in the form of legal action and disputes that may involve the public administration.

          A clear example is conflicts related to the code of conduct, where disputes often arise at the HR level. Another example is that arising from conflicts of interest. In both cases the connection lies in the common goal of promoting ethical behaviour, improving communication and resolving conflicts in a way that helps the employee and the company to follow its internal rules and achieve the required standards.

          Mediation opens a space for dialogue and amicable conflict resolution, facilitating employees’ professional and personal growth in a sustained way over time.

          Another example can be conflicts related to cross-border labour issues applicable to the same company, whether private, non-governmental organisation or conflicts between private and public companies. The reasons for the conflict may be related to harassment issues or pay inequality issues. For example, the internal pay system within an international organisation should consider the following elements:

          • Remuneration represents by far the most important and controversial element of the employment relationship and is of equal interest to the employer and the employee.
          • The remuneration system should be based on and consistent with the principles of the organisation.
          • The criteria for determining remuneration should be objective and measurable.
          • The system should be equitable.

          Conflicts often arise around these elements and companies should be transparent, through comprehensive policies, about their position on non-discrimination, harassment or inclusion of their employees within their organisation and the markets in which they operate.

          Mediation can be a channel to help find solutions to equality and non-discrimination issues between employees within the same organisation. It also obliges companies to consider the standards of international legislation (e.g. CSRD) when implementing their policies. We are seeing that it is not a ‘nice to have’ but a ‘must have’.

          Resolving disputes with external parties

          Mediation can be used to enforce commercial contracts or in projects. It helps prevent disputes between companies or between companies and regulators, foster better relations, and ensure compliance standards are met without resorting to litigation. Mediation promotes cooperation between the parties and helps reduce the risk of future contractual violations.

          A clear example of the benefits of the use of mediation in compliance arises in the international context where legal certainty is required for both parties, as well as fair and reasonable management of a long-term project. In some cases, there is a public-private element to the dispute as the public sector is involved (either in licensing issues or as a regulatory authority). This may create some confusion in the roles and rights of the parties, which makes perfect sense when the interests of the investor (private equity) and the community or private parties are very diverse.

          For context, we might think of environmental, social and governance issues that are receiving serious attention from governments and regulators, given the impact on the planet and the people within the communities where they live. Mediation offers a way to resolve these conflicts by facilitating open communication between the parties involved. For instance, if a company is accused of breaching a country’s environmental regulations, mediation can provide a platform for the company and regulatory authorities to discuss the issues, share concerns, and negotiate a solution that satisfies both parties. Instead of pursuing punitive measures or resorting to lengthy legal battles, mediation can help parties find common ground and craft a solution that supports compliance while preserving business relationships.

          A concrete example is mining activities, which contribute greatly to the involvement of foreign entities in resource-rich countries, involving, on a large scale, both foreign and domestic interests, and potentially resulting in pollution and damage to the environment. In addition, there are various problems, especially the use of land for mining activities, which causes friction between mining companies, communities and local governments where mining activities take place. Since these projects take place over a long period of time and involve various interests of both private and public actors as well as communities, mediation is undoubtedly a good way to prevent disputes during the whole process of project development and implementation, offering in conflict situations not only a quick solution for both parties but also a fair and reasonable management of a project in the long term.

          Another tool, with elements of mediation, which is recommended for the successful completion of large projects, as for instance construction projects, are Dispute Boards, a panel of one to three members with extensive experience in the field of the contract, who accompany the execution of the contract until the work is completed on time and on budget. This method is not a pure and simple mediation, although it resembles it, because the Dispute Boards, in particular the so-called DAAB (Dispute Avoidance and Adjudication Board), permanently seek to avoid conflict and, if it arises, to encourage the parties to find a solution or to make it binding. I will go into more detail on this subject in another article.

          Hereby, we can also mention internal control and auditability towards third parties, be they customers or suppliers. The EU directive (CSDDD) puts the emphasis on indirect suppliers in the supply chain. It is therefore important that when establishing a business or investment partnership, all parties involved have a similar level of compliance with standards. In this regard, framework compliance agreements, which are compliance agreements that regulate the compliance obligations of both parties’ subject to a service contract, are very common.

          Aspects of compliance in such contracts may include, among others, anti-corruption policy, fee evasion, international sanctions, trainings, reporting requirements and ways to audit the compliance clauses agreed in the service contract, as well as the escalation clause to resolve disputes amicably, using the various existing ADR modes.

          In the context of commercial contracts, mediation is used to resolve disputes related to non-performance, late deliveries, payment problems, interpretations of clauses or any other dispute arising from a commercial agreement, including any aspect of the compliance agreement as referred to above.

          For an internationally developing company it would be advisable to promote mediation as the type of dispute resolution in conflicts with third parties. One way to promote mediation as an effective means of dispute resolution could be through a clause of voluntary submission to mediation in all transactions with third parties, followed by arbitration or submission to the courts of a certain jurisdiction, known as a tiered dispute resolution clause. These clauses provide for a gradual system of dispute resolution following various alternative methods of resolving disputes, usually culminating in arbitration if the outcome of the first alternative methods is unsuccessful.

          The choice of conflict resolution through mediation is a ‘win-win solution’, whose confidentiality is guaranteed in the face of public attention. Based on these advantages, mediation is considered more suitable to be implemented (agreed, including with the escalation clause) in a contract.

          Challenges of Mediation in International Contract Disputes

          Despite its many advantages, mediation is not without its challenges. Some of the key obstacles include:

          Lack of Enforcement Mechanisms: Mediation agreements are typically non-binding, meaning that parties are not legally required to adhere to the terms of the settlement. While mediation can result in a mutually agreed-upon solution, enforcing the agreement may require the parties to enter into further negotiations or even resort to litigation if one side fails to honour the agreement.

          Cultural and Language Barriers: In international contract disputes, cultural differences and language barriers can complicate the mediation process. It is important to select mediators who have experience with cross-cultural communication and who understand the legal systems involved. Without such expertise, the mediation process may be ineffective.

          Reluctance to Mediate: Some parties may be reluctant to mediate, especially if they perceive it as a sign of weakness or if they are unfamiliar with the process. This reluctance can be overcome with proper education and a clear understanding of the benefits of mediation.

          Although we can say that there is a growth of mediation around the world and the level of satisfaction of the use of mediation is based on its core values, which are impartiality, confidentiality and self-determination, the promotion of the mediation is still an important challenge.

          Conclusion

          In the case of internal compliance, mediation usually takes a more reactive role, i.e. when the conflict has already surfaced within the company or organisation; whereas, in the case of third party compliance, mediation takes a preventive role, such as in the case of Dispute Boards, although it also helps to resolve a commercial conflict between parties who wish to continue to maintain a business relationship. In both cases the objective is the same, to try to find common ground between the interests of the parties in order to resolve or avoid a conflict that could lead the parties to a legal dispute.

          As international trade continues to grow and the complexity of global regulations increases, businesses and organizations can benefit from adopting mediation as a strategic method for resolving conflicts. By fostering cooperation and understanding, mediation can help build stronger, more resilient business relationships and ensure long-term success in a global marketplace.

          Companies need to adhere to their own compliance programmes, but also to the programme of their customers, suppliers or banks with whom they collaborate. Not only is there a need for expertise to know the legal framework applicable to the industry, but there is also a need for conflict resolution when conflicts arise or even to act pre-emptively. Legal battles are expensive, time-consuming and damaging to business relationships. Many jurisdictions and industries are already demanding an obligation for parties to exhaust alternative dispute resolution methods before moving to the litigation phase.

          El año 2025 comienza marcando un hito en la Administración de Justicia en España con la publicación de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes medidas para modernizar el sistema judicial.

          Entre estas, destaca el uso obligatorio de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para iniciar procedimientos civiles. Este cambio busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y fomentar soluciones consensuadas entre las partes. La Ley entrará en vigor el próximo 3 de abril de 2025.

          En esta entrada preliminar, exploraremos qué implica esta novedad, los tipos de MASC previstos, sus características y las consecuencias de su implementación.

          ¿Qué son los Medios Adecuados de Solución de Controversias?

          Los MASC son mecanismos que permiten a las partes resolver conflictos de manera extrajudicial, ya sea mediante negociaciones directas o con la ayuda de un tercero neutral. Estos medios incluyen opciones como la mediación, la conciliación, la opinión de expertos independientes, el derecho colaborativo y otras herramientas reconocidas legalmente.

          El objetivo principal de los MASC es reducir la carga de trabajo de los tribunales y ofrecer a los ciudadanos una alternativa más rápida, eficiente y personalizada para resolver sus disputas. Esta vía también busca promover la cultura del acuerdo, favoreciendo relaciones más armónicas entre las partes implicadas.

          Los MASC como requisito de procedibilidad

          Uno de los aspectos más innovadores de la nueva Ley es que hace obligatorio intentar resolver los conflictos mediante un MASC antes de presentar una demanda judicial en asuntos civiles. Esto significa que, para que una demanda sea admitida, las partes deben demostrar que han intentado una actividad negociadora previa, ya sea mediante mediación, conciliación, o cualquier otro MASC reconocido.

          Sin embargo, hay excepciones. No se exige este requisito en casos relacionados con:

          • Derechos fundamentales,
          • Medidas urgentes relativas a menores,
          • Disputas sobre filiación, paternidad o maternidad,
          • Medidas de apoyo a personas con discapacidad,
          • Juicios cambiarios,
          • Cuando una de las partes sea una entidad del sector público, entre otros.

          Esta obligación aplica a los procesos declarativos del libro II y a procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no incluye las demandas ejecutivas ni las solicitudes de medidas cautelares o diligencias preliminares.

          Tipos de MASC reconocidos

          La ley identifica varios MASC que cumplen con el requisito de procedibilidad:

          • Mediación: Un tercero neutral ayuda a las partes a dialogar y alcanzar un acuerdo.
          • Conciliación: Un profesional imparcial sugiere posibles soluciones al conflicto.
          • Oferta vinculante confidencial: Cualquier persona que formule una oferta vinculante confidencial con la finalidad de dar solución a una controversia.
          • Opinión de un experto independiente: Un especialista evalúa el caso y ofrece una recomendación.
          • Derecho colaborativo: Abogados de ambas partes trabajan conjuntamente para encontrar una solución sin acudir a los tribunales.
          • Otros mecanismos: Cualquier actividad negociadora reconocida por ley, como acuerdos directos entre abogados de las partes.

          Características principales de los MASC

          • Voluntariedad y buena fe: Aunque el intento de negociación es obligatorio, las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo.
          • Confidencialidad: Todo lo discutido durante el proceso es confidencial y no puede usarse en un eventual juicio, salvo, entre otros motivos, por dispensa expresa por escrito de las partes.
          • Suspensión de plazos: El inicio de un MASC interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de las acciones legales.
          • Flexibilidad: Las partes pueden elegir el MASC que mejor se adapte a sus necesidades.

          Procedimiento y consecuencias de no cumplir el requisito

          Para acreditar que se ha intentado un MASC, las partes deben presentar documentación que demuestre el esfuerzo negociador, como un acta firmada o, en caso de que no haya acuerdo, una certificación expedida por el mediador, conciliador o experto. Si no se cumple este requisito, la demanda podrá ser inadmitida.

          En caso de que el proceso de negociación termine sin acuerdo, las partes pueden acudir a los tribunales, pero la actitud de las mismas durante la negociación podrá influir en decisiones sobre costas procesales o posibles sanciones por abuso del sistema judicial.

          Ventajas de los MASC

          La introducción de los MASC como requisito previo al litigio puede ofrecer múltiples beneficios:

          • Descongestión judicial: Reduce la carga de trabajo de los tribunales, permitiendo una resolución más ágil de los casos.
          • Menores costes: Los MASC suelen ser más económicos que un proceso judicial completo.
          • Mayor rapidez: Muchas disputas pueden resolverse en semanas en lugar de meses o años.
          • Soluciones personalizadas: Los acuerdos pueden adaptarse mejor a las necesidades de las partes.
          • Preservación de relaciones: Fomentan el diálogo y el entendimiento, reduciendo el conflicto entre las partes.

          Críticas y desafíos

          A pesar de sus ventajas, la implementación de los MASC no está exenta de retos:

          • Falta de conocimiento: Muchas personas desconocen qué son los MASC y cómo funcionan.
          • Desconfianza: Algunos ciudadanos podrían percibirlos como una traba adicional para acceder a la justicia.
          • Capacitación: Es esencial formar a los profesionales que actuarán como mediadores, conciliadores y expertos.
          • Costes iniciales: Aunque a largo plazo son más económicos, los honorarios de los profesionales implicados pueden ser una barrera para algunos usuarios.

          Conclusión

          La introducción de los MASC como requisito de procedibilidad en el ámbito civil representa un cambio significativo en el sistema judicial español. Esta medida no solo busca agilizar la resolución de conflictos, sino también fomentar una cultura del acuerdo que beneficie a las partes y al conjunto de la sociedad.

          Aunque la transición hacia este nuevo modelo podrá enfrentar ciertos obstáculos, los beneficios a largo plazo prometen un sistema judicial más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, los MASC no solo son una herramienta para resolver conflictos, sino también un paso hacia una justicia más humana y sostenible.

          Summary: Since 12 July 2020, new rules apply for platform service providers and search engine operators – irrespective of whether they are established in the EU or not. The transition period has run out. This article provides checklists for platform service providers and search engine operators on how to adapt their services to the Regulation (EU) 2019/1150 on the promotion of fairness and transparency for commercial users of online intermediation services – the P2B Regulation.

          The P2B Regulation applies to platform service providers and search engine operators, wherever established, provided only two conditions are met:

          (i) the commercial users (for online intermediation services) or the users with a company website (for online search engines) are established in the EU; and

          (ii) the users offer their goods/services to consumers located in the EU for at least part of the transaction.

          Accordingly, there is a need for adaption for:

          • Online intermediation services, e.g. online marketplaces, app stores, hotel and other travel booking portals, social media, and
          • Online search engines.

          The P2B Regulation applies to platforms in the P2B2C business in the following constellation (i.e. pure B2B platforms are exempt):

          Provider -> Business -> Consumer

          The article follows up on the introduction to the P2B Regulation here and the detailed analysis of mediation as method of dispute resolution here.

           Checklist how to adapt the general terms and conditions of platform services

          Online intermediation services must adapt their general terms and conditions – defined as (i) conditions / provisions that regulate the contractual relationship between the provider of online intermediation services and their business users and (ii) are unilaterally determined by the provider of online intermediation services.

          The checklist shows the new main requirements to be observed in the general terms and conditions (“GTC”):

          1. Draft them in plain and intelligible language (Article 3.1 a)
          2. Make them easily available at any time (also before conclusion of contract) (Article 3.1 b)
          3. Inform on reasons for suspension / termination (Article 3.1 c)
          4. Inform on additional sales channels or partner programs (Article 3.1 d)
          5. Inform on the effects of the GTC on the IP rights of users (Article 3.1 e)
          6. Inform on (any!) changes to the GTC on a durable medium, user has the right of termination (Article 3.2)
          7. Inform on main parameters and relative importance in the ranking (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or business secrets (Article 5.1, 5.3, 5.5)
          8. Inform on the type of any ancillary goods/services offered and any entitlement/condition that users offer their own goods/services (Article 6)
          9. Inform on possible differentiated treatment of goods / services of the provider or individual users towards other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)
          10. No retroactive changes to the GTC (Article 8a)
          11. Inform on conditions under which users can terminate contract (Article 8b)
          12. Inform on available or non-available technical and contractual access to information that the Service maintains after contract termination (Article 8c)
          13. Inform on technical and contractual access or lack thereof for users to any data made available or generated by them or by consumers during the use of services (Article 9)
          14. Inform on reasons for possible restrictions on users to offer their goods/services elsewhere under other conditions («best price clause»); reasons must also be made easily available to the public (Article 10)
          15. Inform on access to the internal complaint-handling system (Article 11.3)
          16. Indicate at least two mediators for any out-of-court settlement of disputes (Article 12)

          These requirements – apart from the clear, understandable language of the GTC, their availability and the fundamental ineffectiveness of retroactive adjustments to the GTC – clearly go beyond what e.g. the already strict German law on general terms and conditions requires.

          Checklist how to adapt the design of platform services and search engines

          In addition, online intermediation services and online search engines must adapt their design and, among other things, introduce internal complaint-handling. The checklist shows the main design requirements for:

          a) Online intermediation services

          1. Make identity of commercial user clearly visible (Article 3.5)
          2. State reasons for suspension / limitation / termination of services (Article 4.1, 4.2)
          3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3), see above
          4. Set an internal complaint handling system, with publicly available info, annual updates (Article 11, 4.3)

          b) Online search engines

          1. Explain the ranking’s main parameters and their relative importance, public, easily available, always up to date (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or trade secrets (Article 5.2, 5.3, 5.5)
          2. If ranking changes or delistings occur due to notification by third parties: offer to inspect such notification (Article 5.4)
          3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)

          The European Commission will provide guidelines regarding the ranking rules in Article 5, as announced in the P2B Regulation – see the overview here. At the same time, providers of online intermediation services and online search engines shall draw up codes of conduct together with their users.

          Practical Tips

          • The Regulation significantly affects contractual freedom as it obliges platform services to adapt their general terms and conditions.
          • The Regulation is to be enforced by «representative organisations» or associations and public bodies, with the EU Member States ensuring adequate and effective enforcement. The European Commission will monitor the impact of the Regulation in practice and evaluate it for the first time on 13.01.2022 (and every three years thereafter).
          • The P2B Regulation may affect distribution relationships, in particular platforms as distribution intermediaries. Under German distribution law, platforms and other Internet intermediation services acting as authorised distributors may be entitled to a goodwill indemnity at termination (details here) if they disclose their distribution channels on the basis of corresponding platform general terms and conditions, as the Regulation does not require, but at least allows to do (see also: Rohrßen, ZVertriebsR 2019, 341, 344–346). In addition, there are numerous overlaps with antitrust, competition and data protection law.

          It is usually said that “conflict is not necessarily bad, abnormal, or dysfunctional; it is a fact of life[1]” I would perhaps add that quite often conflict is a suitable opportunity to evolve and to solve problems[2]. It is, in fact, a useful part of life[3] and particularly, should I add, of businesses. And conflicts not only arise at the end of the business relationship or to terminate it, but also during it and the parties remain willing to continue it.

          The 2008 EU Directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters states that «agreements resulting from mediation are more likely to be complied with voluntarily and are more likely to preserve an amicable and sustainable relationship between the parties.»

          Can, therefore, mediation be used not only as an alternative to court or arbitration when terminating distribution agreements, but also to re-organize them or to change contract conditions? Would it be useful to solve these conflicts? What could be the advantages?

          In distribution/agency/franchise agreements, particularly for those lasting several years, parties can have neglected their obligations (for instance minimum sales targets not attained).

          Sometimes they could have tolerated the situation although they remain not very happy with the other party’s performance because they are still doing acceptable business.

          It could also happen that one of the parties wishes to restructure the entire distribution network (Can we change the distribution structure to an agency one?), but does not want to face a complete termination because there are other benefits in the relationship.

          There may be just some changes to be introduced, or changes in the legal structures (A mere reseller transformed in distributor?), legal frameworks, legal conditions (Which one is the applicable law?), limitation of the scope of contract, territory…

          And now, we face the Covid-19 crisis where everything is still more uncertain.

          In some cases, it could happen that there is no written contract and the parties wish to draft it; in other cases, agreements could have been defectively drafted with incomplete, contradictory or no regulation at all (Was it an exclusive agreement?).

          The contracts  could be perfect for the situation imagined when signed several years ago but not anymore (What happen with online sales?) or  circumstances, markets, services, products have changed and need to be reconsidered (mergers, change of directors…).

          Sometimes, even more powerful parties have not the elements to oblige the weaker party to respect new terms, or they simply prefer not to impose their conditions, but to build up a more collaborative relationship for the future.

          In all these cases, negotiation is the usual strategy parties follow: each one is focused in obtaining its own benefits with a clear idea of, for instance, which clause(s) should be modified or drafted.

          Nevertheless, mediation could add some neutrality, and some space to a more efficient, structured and useful approach to the modification of the commercial relationship, particularly in distribution agreements where the collaboration (in the past, but also in the future if the parties wish so) is of paramount importance.

          In most of these situations, personal emotional aspects could also be involved and make more difficult a neutral negotiation: a distributor that has been seen by the manufacturer as not performing very well and feels hurt, an agent that could consider a retirement, parties from different cultures that need to understand different ways of performing, franchisees that have been treated differently in the network and feel discriminated, etc.

          In these circumstances and in other similar ones, where all persons involved, assisted by their respective lawyers, wish to continue the relationship although maybe in a different way, a sort of facilitative mediation can be a great help.

          These are, in my opinion, the main reasons:

          1. Mediation is a legal and organized procedure that could help the parties to increase their awareness of the necessity to redraft the agreement (or drafting for the first time if it was not already done).
          2. Parties can be heard more easily, negotiation is eased in the interest of both of them, encourages them to act more reasonably vis-à-vis the other side, restores relationship if necessary, deadlock can be easily broken and, if the circumstances advice so, parties can be engaged separately with the help of the mediator.
          3. Mediation can consider other elements different to the mere commercial or legal ones: emotions linked to performance, personal situations (retirement, succession, illness) or even differences in cultural approaches.
          4. It helps to find the real (possibly new or not shown) interests in the commercial relationship of the parties, focusing in developments, strategies, new proposals… The mere negotiation between the parties and they attorneys could not make appear these new interests and therefore be limited only to the discussion on the change of concrete obligations, clauses or situations. Mediation helps to go beyond.
          5. Mediation techniques can also help the parties to face their current situation, to take responsibility of their performance without focusing on blame or incompetence but on a constructive and future collaboration in new specific terms.[4]
          6. It can also avoid the increasing of the conflict into a more severe one (breaching) and in case mediation does not end with a new/redrafted agreement, the basis for a mediated termination can be established, if the parties wish so, instead of litigation.
          7. Mediation can conclude into a new agreement where the parties are more reassured, more comfortable with, and more willing to respect because they were involved in their construction with the assistance of their respective lawyers, and because all their interests (not only new drafted clauses) were considered.
          8. And, in any case, mediation does not affect the party’s collaborative position and does not reduce their possibility to use other alternatives, including litigation or arbitration to terminate the agreement or to oblige the other party to respect its legal obligations.

          The use of mediation does not need the parties to have foreseen it in the agreement (although it could be easier if they did so) but they can use it freely at any time.

          This said, a lawyer proposing mediation as a contractual clause or, in case it was not included in the agreement, as a procedure to face this sort of conflicts in distribution agreements, will be certainly seen by his/her client as problem-solving attorney looking for the client’s interests rather than a litigator pushing them to a more uncertain situation, with unknown costs and unforeseeable timeframe.

          Parties in distribution agreements should have this possibility in mind and lawyers have the opportunity to actively participate in mediation from the first steps by recommending it in the initial agreement, during the process helping the clients to express their concerns and interests, and in the drafting of the final (new) agreement, representing the clients’ and as co-author of their success.

          If you would like to hear more on the topic of mediation and distribution agreements you can check out the recording of our webinar on Mediation in International Conflicts

          [1] Moore, Christopher W. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. Jossey-Bass. Wiley, 2014.

          [2] Mnookin, Robert H. Beyond Winning. Negotiating to create value in deals and disputes (p. 53). Harvard University Press, 2000.

          [3] Fisher, R; Ury, W. Getting to Yes: Negotiating an agreement without giving in. Random House.

          [4] «Talking about blame distracts us from exploring why things went wrong and how we might correct them going forward. Focusing instead on understanding the contribution system allows us to learn about the real causes of the problem, and to work on correcting them.» [Stone, Douglas. “Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most”. Penguin Publishing Group]

          En estos tiempos de inseguridad sobre el futuro tenemos, sin embargo, algunas certezas. Una de ellas, sin duda, es que «los servicios de intermediación en línea son factores esenciales para el emprendimiento y los nuevos modelos de negocio«. El Reglamento UE 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea se ocupa de ello. El Reglamento se aplicará a partir del 12 de julio de 2020.

          La finalidad del Reglamento es establecer normas para asegurar que se conceden opciones apropiadas de transparencia, de equidad y de reclamación a los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea y a los usuarios de sitios web corporativos en relación con los motores de búsqueda en línea (art. 1). Se aplica a los servicios de intermediación en línea y los motores de búsqueda ofrecidos a usuarios comerciales que tengan su lugar de establecimiento UE y que ofrecen bienes o servicios a los consumidores en la UE. Y esto, independientemente del lugar de establecimiento de los proveedores y la ley aplicable. Sus reglas se aplicarán, en particular, a los mercados en línea (marketplaces), los outlets de redes sociales, plataformas de distribución de aplicaciones, las plataformas para la economía colaborativa y los motores de búsqueda en general.

          Lo que me gustaría subrayar en este cometario es la previsión del Reglamento (art. 12) del uso de la mediación como un método específico para la resolución de conflictos entre proveedores de servicios de intermediación en línea y usuarios profesionales. La mediación se fomenta sin perjuicio de su voluntariedad y la posibilidad de reclamación judicial.

          En particular, los proveedores de los servicios de intermediación designarán en sus condiciones generales, dos o más mediadores con los que están dispuestos a colaborar –de buena fe- para llegar a un acuerdo con los usuarios profesionales y así resolver de manera extrajudicial todo litigio entre el proveedor y los usuarios profesionales. Únicamente los proveedores de servicios que tengan la consideración de pequeñas empresas estarían exentos de asumir esta obligación, sin perjuicio de poder hacerlo voluntariamente.

          El Reglamento también contiene los requisitos que estos mediadores deben cumplir: algunos generales (independencia, con servicios asequibles, actuar sin demora, fácilmente accesibles) y otros más específicos o que necesitarán una calificación especial (capacidad de mediar en el idioma de las condiciones generales y con suficiente conocimiento de las relaciones comerciales dentro de la empresa).

          También es interesante notar que los proveedores de servicios deberán soportar una parte razonable de los costes totales de la mediación en cada caso, de acuerdo con las indicaciones del mediador y según algunos criterios, como los fundamentos relativos de los argumentos de las partes, su conducta, así como el tamaño y su capacidad financiera.

          La conclusión parece clara: la mediación, como alternativa a la resolución de disputas por vía judicial o arbitral, está aumentando su espacio en las normas de la UE. Siempre permanece como una forma voluntaria de resolver conflictos, y vale la pena considerar su eficacia en todas las áreas de negocio. Este Reglamento lo hace expresamente.

          Benedikt Rohrssen

          Áreas de práctica

          • Agencia
          • Contratos de distribución
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            The importance of Mediation in Distribution Contracts

            14 de julio de 2020

            • España
            • Mediación
            • Contratos de distribución

            Durante más de 35 años como abogado mercantilista he visto cómo muchos, yo el primero, confundíamos un asesoramiento eficaz con la respuesta inmediata y exhaustiva. Ahora tengo la percepción de que el mundo del derecho y el de la empresa están cambiando: no basta con saber (cada vez más leyes, más requisitos, más sentencias contradictorias… y más ruido), sino que hay que escuchar, acompañar y facilitar decisiones. Y ahí es donde la actuación también como coach ejecutivo ofrece un marco extraordinariamente útil.

            De los abogados se espera que resolvamos. Los coaches ejecutivos, sin embargo, ayudamos (dentro de un marco ético) a que el otro descubra por sí mismo la respuesta. Y esto puede ser una fuente de enorme riqueza profesional y para el cliente. Cuando éste se enfrenta a un problema no necesita un análisis jurídico, sino necesita claridad y perspectiva para decidir… desde “su problema”, y no desde “nuestra solución”. Integrar en nuestro ejercicio profesional las herramientas de coaching ejecutivo transforma la conversación y el asesoramiento jurídico en algo más eficaz: un proceso de toma de decisiones en el que acompañamos al cliente de principio a fin.

            Imagino tres ámbitos donde se encuentran el abogado y el coach ejecutivo:

            1. La relación con el cliente. Escuchar bien antes de aconsejar.

            Decía Plutarco que “escuchar bien es la base de vivir bien”. Y a veces el cliente no busca tanto una respuesta, como claridad para decidir. Escuchar más allá de lo que dice (y de lo que calla) permite entender qué le preocupa. Una pregunta puede abrir más caminos que una disertación que, lo más seguro, le va a dejar frío. Cuando escuchamos sin prisa y sin sesgo propiciamos un espacio de reflexión que ayuda al cliente a ordenar, priorizar y tomar decisiones con sentido. Con sentido… para él.

            1. La negociación y la mediación.

            En estos procesos ayudamos con las técnicas de coaching a desactivar resistencias y a pasar de la confrontación a la comprensión. El abogado-coach facilita que las partes se escuchen y descubran qué hay detrás de sus demandas. Una negociación puede desbloquearse cuando se permite al otro expresarse. Los acuerdos dejan de ser meras transacciones y se convierten en decisiones compartidas, más estables y sostenibles en el tiempo y menos fuentes de conflictos.

            1. Acompañar procesos de cambio en el cliente y su organización

            El abogado-coach puede convertirse no solo en el redactor del acuerdo sino en facilitador del cambio. Ayuda a que los implicados comprendan lo que está en juego y alineen decisiones con sus valores y objetivos gestionando resistencias. El abogado deja de ser un mero “proveedor” de servicios (al que muchas veces se recurre solo al final del proceso) y pasa a ser un socio de reflexión.

            En suma, percibo que hoy se nos demanda ejercer de forma diferente: menos técnica y más humana, menos reactiva y más transformadora. Las técnicas de coaching ayudan: escucha consciente, feedback constructivo, claridad de propósito… permiten gestionar mejor el conflicto, el estrés y la incertidumbre. El coaching, por supuesto, no sustituye al derecho, sino que lo ensancha y le da herramientas. En estos momentos, la inteligencia artificial (mucho más rápida y potencialmente mucho más completa y exhaustiva) nos está desubicando de nuestros hábitos. Quizás esto nos permita entrever que el abogado no deberá ser solo un experto en normas, sino un facilitador de conversaciones difíciles, alguien capaz de unir análisis y empatía, precisión y presencia. Alguien que entienda que su valor está en ayudar a sus clientes para que eviten sus conflictos o puedan resolverlos como mejor les satisfaga. Y ahí es donde el abogado-coach tiene mucho que aportar.

            Introducción: Un cambio de paradigma en la resolución de conflictos

            La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, marca un punto de inflexión en el sistema judicial español. Esta normativa no se limita a introducir modificaciones procedimentales, sino que refleja una transformación profunda en la concepción misma de la justicia. El legislador ha apostado decididamente por potenciar vías alternativas a la resolución judicial de conflictos, convirtiendo la negociación previa en un elemento central del sistema.

            La saturación de los tribunales, los costes asociados a los procesos judiciales y la búsqueda de soluciones más satisfactorias para las partes han impulsado esta reforma que coloca los denominados «medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional» como piedra angular de un nuevo modelo de justicia orientado al diálogo y al acuerdo.

            La filosofía detrás de los medios alternativos de resolución de conflictos

            Más allá de la descongestión de los tribunales, esta reforma responde a una filosofía que entiende que no todos los conflictos requieren necesariamente una respuesta judicial. Los medios alternativos de resolución de controversias parten de la premisa de que muchos conflictos pueden encontrar soluciones más satisfactorias, duraderas y adaptadas a las necesidades e intereses de las partes cuando son ellas mismas quienes participan activamente en su construcción.

            La Ley Orgánica 1/2025 define estos medios como «cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral». Esta definición, amplia y flexible, pretende abarcar diversas formas de negociación que tienen como denominador común el protagonismo de las partes en la resolución de sus propias disputas.

            Un abanico de posibilidades: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

            Uno de los aspectos más destacables de la nueva regulación es que no apuesta por un único modelo de resolución alternativa de conflictos, sino que reconoce la diversidad de situaciones y la necesidad de ofrecer diferentes herramientas adaptadas a cada caso particular.

            La mediación, ya consolidada en nuestro ordenamiento a través de la Ley 5/2012, mantiene su relevancia como vía preferente, pero a ella se suman otras modalidades como la conciliación en sus diversas variantes (notarial, registral, ante letrado de la Administración de Justicia o judicial), la opinión de expertos independientes, las ofertas vinculantes confidenciales o el novedoso proceso de Derecho colaborativo.

            Esta pluralidad de mecanismos refleja la complejidad de las relaciones jurídicas contemporáneas y la necesidad de ofrecer respuestas adaptadas a cada tipo de conflicto. No es lo mismo resolver una disputa vecinal que una controversia empresarial compleja, y el legislador ha sido consciente de que «una talla única» no resultaría eficaz para la diversidad de situaciones que pueden presentarse.

            La controvertida apuesta por la obligatoriedad: El requisito de procedibilidad

            Sin duda, el aspecto más innovador —y probablemente más polémico— de la nueva regulación es la configuración de estos medios como un requisito previo obligatorio para acudir a la vía judicial en determinados ámbitos. Esta decisión supone un salto cualitativo respecto a la anterior regulación, que apostaba principalmente por el carácter voluntario de estos mecanismos.

            A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, 3 de abril de 2025, la demanda en el orden jurisdiccional civil no será admitida si no se justifica que se ha intentado previamente la resolución del conflicto por alguna de las vías alternativas reconocidas. No solo eso, sino que además debe acreditarse la identidad entre el objeto de la negociación previa y el objeto del litigio que se pretende iniciar.

            Esta obligatoriedad ha sido objeto de intenso debate. Sus defensores argumentan que resulta necesaria para promover un cambio cultural en una sociedad tradicionalmente litigiosa, mientras que sus detractores advierten del riesgo de convertir estos mecanismos en un mero trámite formal que desvirtúe su verdadera finalidad.

            Lo cierto es que el legislador ha intentado encontrar un equilibrio, excluyendo de esta obligatoriedad determinadas materias especialmente sensibles o que, por su naturaleza, requieren una respuesta judicial inmediata. Así, quedan exentas del requisito de negociación previa cuestiones como la tutela judicial de derechos fundamentales, las medidas de protección de menores, o la solicitud de medidas cautelares, entre otras.

            Los principios rectores: Autonomía y confidencialidad como pilares del sistema

            La eficacia de los medios alternativos de resolución de conflictos descansa en gran medida en dos principios fundamentales: la autonomía de las partes y la confidencialidad del proceso.

            El principio de autonomía privada reconoce que son las propias partes quienes mejor conocen sus intereses y necesidades, y por tanto, quienes están en mejores condiciones para encontrar soluciones adaptadas a su situación particular. La ley establece que las partes son libres de transaccionar, siempre que respeten la ley, la buena fe y el orden público. Esta libertad es esencial para que las soluciones alcanzadas sean verdaderamente satisfactorias y duraderas.

            Por su parte, el principio de confidencialidad resulta crucial para generar un clima de confianza que permita a las partes expresarse con libertad durante el proceso negociador. La ley establece que la información y documentación expuestas durante la negociación deben mantenerse reservadas, con excepciones muy tasadas como la dispensa expresa de las partes, el requerimiento judicial en el orden penal o razones de orden público.

            Este deber de confidencialidad se extiende a todos los participantes en el proceso: las partes, sus abogados y, en su caso, la tercera persona neutral que intervenga. Se trata de garantizar que lo que se diga o se proponga durante la negociación no pueda ser utilizado posteriormente en un eventual proceso judicial, fomentando así un diálogo sincero y constructivo.

            El proceso negociador: Aspectos procedimentales relevantes

            La regulación de los aspectos procedimentales de los diferentes medios de solución de controversias refleja también la voluntad del legislador de combinar la flexibilidad necesaria con las garantías mínimas exigibles.

            En cuanto a la legitimación, la iniciativa para acudir a estos mecanismos puede partir de cualquiera de las partes, de ambas de común acuerdo, o incluso de una derivación judicial. Se reconoce así tanto la autonomía de las partes como la posibilidad de que sea el propio sistema judicial quien fomente el uso de estas vías alternativas.

            Respecto a la intervención de profesionales, la ley opta generalmente por la no obligatoriedad de la asistencia letrada, salvo en casos específicos como la formulación de ofertas vinculantes (con excepciones cuando la cuantía es reducida). Esta flexibilidad pretende facilitar el acceso a estos mecanismos, aunque en la práctica, la complejidad de muchos conflictos jurídicos hará aconsejable contar con asesoramiento profesional.

            Un aspecto particularmente relevante es el efecto que la solicitud de estos mecanismos tiene sobre los plazos de prescripción y caducidad. La ley establece que dicha solicitud interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de acciones desde la fecha de comunicación a la otra parte, evitando así que el intento de solución amistosa pueda perjudicar los derechos de quien lo promueve.

            En cuanto a la forma, se apuesta preferentemente por la presencialidad, aunque admitiendo el uso de medios telemáticos por acuerdo de las partes o cuando se trate de reclamaciones de cuantía inferior a 600 euros. Esta flexibilidad resulta especialmente oportuna en un contexto de creciente digitalización de las relaciones jurídicas.

            Modalidades específicas: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

            Entre las diferentes modalidades reconocidas por la ley, merece la pena detenerse en algunas que presentan características especialmente novedosas o relevantes.

            La conciliación privada supone la intervención de una persona con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia objeto de conflicto. La ley exige que esta persona esté inscrita en un colegio profesional reconocido o en un registro de mediadores, y que actúe con imparcialidad y confidencialidad. Este mecanismo aprovecha el conocimiento especializado de determinados profesionales para facilitar el acuerdo en materias técnicamente complejas.

            La oferta vinculante confidencial constituye un mecanismo particularmente interesante para determinados tipos de conflictos. Una de las partes formula una oferta que le resulta vinculante en caso de aceptación por la otra. La ley exige que conste la identidad del oferente, la recepción efectiva por la otra parte y el contenido detallado de la oferta. Este instrumento puede resultar especialmente útil en reclamaciones económicas, donde el principal obstáculo para el acuerdo suele ser la cuantía.

            La opinión de persona experta independiente consiste en encomendar un dictamen a un experto en la materia objeto de conflicto. A diferencia de otros mecanismos, este dictamen no es vinculante, pero puede servir de base para el acuerdo si las partes lo aceptan, o al menos para clarificar los aspectos técnicos de la controversia. Tras la emisión del dictamen, las partes pueden aceptarlo como acuerdo, proponer mejoras o rechazarlo, en cuyo caso se entiende cumplido el requisito de procedibilidad.

            Finalmente, el proceso de Derecho colaborativo representa quizás la apuesta más innovadora de la nueva regulación. Se trata de una negociación estructurada en la que las partes, asistidas por sus respectivos abogados, trabajan conjuntamente para alcanzar una solución satisfactoria, pudiendo integrar a otros profesionales (psicólogos, economistas, etc.) cuando la complejidad del caso lo requiera. Al finalizar, se redacta un acta con los participantes, las sesiones realizadas y los acuerdos alcanzados.

            El reto de la implementación: De la teoría a la práctica

            La efectividad real de este nuevo sistema dependerá en gran medida de cómo se implemente en la práctica. No basta con establecer la obligatoriedad de intentar la resolución extrajudicial; es necesario que ese intento sea genuino y no se convierta en un mero trámite formal.

            En este sentido, la ley exige que el intento de negociación sea «real y creíble, no puede ser ficticio». Para ello, establece requisitos de documentación que varían según intervenga o no una tercera persona neutral, pero que en todos los casos incluyen una declaración responsable de que las partes han intervenido de buena fe en el proceso.

            Asimismo, la ley regula detalladamente cuándo se entiende finalizado el proceso de negociación, tanto si concluye con acuerdo como sin él. En caso de acuerdo, este debe formalizarse identificando a las partes y, en su caso, a sus abogados y a la tercera persona neutral, indicando el lugar y fecha, así como las obligaciones asumidas por cada parte.

            La posibilidad de elevar el acuerdo a escritura pública para convertirlo en título ejecutivo refuerza su valor y facilita su cumplimiento, evitando que el incumplimiento de lo pactado obligue a iniciar un proceso judicial declarativo.

            Un horizonte por explorar: Perspectivas y desafíos

            La Ley Orgánica 1/2025 representa un punto de inflexión en la concepción de la justicia en España, acercándonos a modelos ya consolidados en otros países con larga tradición en medios alternativos de resolución de conflictos. Estados Unidos, Canadá o los países nórdicos llevan décadas apostando por estos mecanismos, con resultados generalmente positivos en términos de satisfacción de los usuarios y descongestión de los tribunales.

            Sin embargo, cada sistema jurídico tiene sus particularidades, y el éxito de estos mecanismos no depende solo de su regulación legal, sino también de factores culturales, sociológicos y organizativos. La tradicional litigiosidad de la sociedad española, la escasa cultura negociadora en determinados ámbitos o la falta de formación específica de muchos profesionales son desafíos que deberán afrontarse.

            La apuesta por la obligatoriedad como impulso inicial puede ser comprensible en un contexto de cambio de paradigma, pero el verdadero éxito de estos mecanismos vendrá dado por su capacidad para generar soluciones satisfactorias que, progresivamente, los conviertan en la opción preferente por sus propios méritos, más allá de su carácter obligatorio.

            Conclusión: Entre la esperanza y la cautela

            La nueva regulación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional se alinea con una tendencia internacional clara hacia la potenciación de vías alternativas a la resolución judicial de conflictos. Esta tendencia responde tanto a necesidades prácticas —descongestionar los tribunales, reducir costes— como a una filosofía que valora el protagonismo de las partes en la gestión de sus propios conflictos.

            En este sentido, la normativa española se suma a un movimiento global que ha demostrado resultados positivos en muchas jurisdicciones. Sin embargo, solo el tiempo dirá si la técnica legislativa utilizada, especialmente la apuesta por la obligatoriedad como requisito de procedibilidad, es la más acertada para alcanzar el verdadero propósito de fomentar el acuerdo en evitación del pleito.

            El éxito de esta reforma dependerá no solo de su diseño normativo, sino también de factores como la formación adecuada de los profesionales implicados, la sensibilización de la ciudadanía sobre las ventajas de estas vías alternativas, y la capacidad del sistema para evaluar y adaptarse en función de los resultados obtenidos.

            En definitiva, nos encontramos ante una reforma ambiciosa y necesaria, que abre un horizonte esperanzador pero que deberá superar importantes desafíos para consolidarse como un auténtico cambio de paradigma en la administración de justicia en España. El verdadero criterio de éxito no será el número de intentos de negociación realizados, sino la calidad de los acuerdos alcanzados y la satisfacción de los ciudadanos con un sistema de justicia más participativo, eficiente y adaptado a sus necesidades reales.

            Summary: Companies with international projection and global presence can count on mediation and its benefits in the different contexts of their business, both in the compliance of the code of conduct and internal rules as well as in the compliance of contracts and projects with third parties or public authorities. In the same way, it facilitates access to a saturated justice system, while at the same time improving the relationship between the parties, as they do not have to face the wear and tear of the judicial phase, which leads to emotional wear and tear.

            I will focus on the intersection between compliance and mediation, as international corporations are increasingly interested in the potential of Mediation applied to compliance frameworks. Although there are a few important challenges that we need to mention, the benefits of international mediation are clear: costs savings, quick solutions and a good understanding between the parties. International mediation and compliance go hand in hand and, although they may not seem to have much in common, they complement each other. The purpose of this article is to illustrate with some practical examples the advantages of compliance mediation for small and medium-sized enterprises operating internationally, in order to demonstrate the potential that exists in this combination.

            Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR) that involves the intervention of a neutral third party, known as the mediator, to help disputing parties reach a mutually acceptable agreement. Unlike litigation, which involves a judge making a binding decision, mediation allows the parties to control the outcome, facilitating a more collaborative and flexible approach to resolving disputes.

            In the context of compliance issues and international contracts, mediation offers a unique advantage by addressing both legal and non-legal aspects of disputes, such as cultural differences, business practices, and organizational relationships. This flexibility is particularly important when dealing with international contracts, where cross-cultural understanding and respect for diverse legal systems are essential.

            The key is still the same recipe as the initial negotiation of a contract. The parties objectively and in a neutral atmosphere and collaborative approach, find ‘solutions’ to their disagreements where both parties win. The so-called win-win is still the best scenario in which the parties should meet again in dispute resolution. I always insist on the word ‘reconnect’ because of its positive connotation in any relationship. Mediation allows the parties to negotiate a mutually acceptable outcome, preserving the relationship between them, with the additional value of cost and time efficiencies and confidentiality guaranteed throughout the process.

            Mediation benefits compliance programmes in two keyways.

            Resolving internal compliance issues

            This is accomplished through facilitating communication and conflict resolution among employees, promoting a culture of dialogue, transparency and accountability. When a company uses mediation to resolve conflicts arising from internal compliance-related situations, it helps to prevent a conflict from escalating in proportions both in the form of legal action and disputes that may involve the public administration.

            A clear example is conflicts related to the code of conduct, where disputes often arise at the HR level. Another example is that arising from conflicts of interest. In both cases the connection lies in the common goal of promoting ethical behaviour, improving communication and resolving conflicts in a way that helps the employee and the company to follow its internal rules and achieve the required standards.

            Mediation opens a space for dialogue and amicable conflict resolution, facilitating employees’ professional and personal growth in a sustained way over time.

            Another example can be conflicts related to cross-border labour issues applicable to the same company, whether private, non-governmental organisation or conflicts between private and public companies. The reasons for the conflict may be related to harassment issues or pay inequality issues. For example, the internal pay system within an international organisation should consider the following elements:

            • Remuneration represents by far the most important and controversial element of the employment relationship and is of equal interest to the employer and the employee.
            • The remuneration system should be based on and consistent with the principles of the organisation.
            • The criteria for determining remuneration should be objective and measurable.
            • The system should be equitable.

            Conflicts often arise around these elements and companies should be transparent, through comprehensive policies, about their position on non-discrimination, harassment or inclusion of their employees within their organisation and the markets in which they operate.

            Mediation can be a channel to help find solutions to equality and non-discrimination issues between employees within the same organisation. It also obliges companies to consider the standards of international legislation (e.g. CSRD) when implementing their policies. We are seeing that it is not a ‘nice to have’ but a ‘must have’.

            Resolving disputes with external parties

            Mediation can be used to enforce commercial contracts or in projects. It helps prevent disputes between companies or between companies and regulators, foster better relations, and ensure compliance standards are met without resorting to litigation. Mediation promotes cooperation between the parties and helps reduce the risk of future contractual violations.

            A clear example of the benefits of the use of mediation in compliance arises in the international context where legal certainty is required for both parties, as well as fair and reasonable management of a long-term project. In some cases, there is a public-private element to the dispute as the public sector is involved (either in licensing issues or as a regulatory authority). This may create some confusion in the roles and rights of the parties, which makes perfect sense when the interests of the investor (private equity) and the community or private parties are very diverse.

            For context, we might think of environmental, social and governance issues that are receiving serious attention from governments and regulators, given the impact on the planet and the people within the communities where they live. Mediation offers a way to resolve these conflicts by facilitating open communication between the parties involved. For instance, if a company is accused of breaching a country’s environmental regulations, mediation can provide a platform for the company and regulatory authorities to discuss the issues, share concerns, and negotiate a solution that satisfies both parties. Instead of pursuing punitive measures or resorting to lengthy legal battles, mediation can help parties find common ground and craft a solution that supports compliance while preserving business relationships.

            A concrete example is mining activities, which contribute greatly to the involvement of foreign entities in resource-rich countries, involving, on a large scale, both foreign and domestic interests, and potentially resulting in pollution and damage to the environment. In addition, there are various problems, especially the use of land for mining activities, which causes friction between mining companies, communities and local governments where mining activities take place. Since these projects take place over a long period of time and involve various interests of both private and public actors as well as communities, mediation is undoubtedly a good way to prevent disputes during the whole process of project development and implementation, offering in conflict situations not only a quick solution for both parties but also a fair and reasonable management of a project in the long term.

            Another tool, with elements of mediation, which is recommended for the successful completion of large projects, as for instance construction projects, are Dispute Boards, a panel of one to three members with extensive experience in the field of the contract, who accompany the execution of the contract until the work is completed on time and on budget. This method is not a pure and simple mediation, although it resembles it, because the Dispute Boards, in particular the so-called DAAB (Dispute Avoidance and Adjudication Board), permanently seek to avoid conflict and, if it arises, to encourage the parties to find a solution or to make it binding. I will go into more detail on this subject in another article.

            Hereby, we can also mention internal control and auditability towards third parties, be they customers or suppliers. The EU directive (CSDDD) puts the emphasis on indirect suppliers in the supply chain. It is therefore important that when establishing a business or investment partnership, all parties involved have a similar level of compliance with standards. In this regard, framework compliance agreements, which are compliance agreements that regulate the compliance obligations of both parties’ subject to a service contract, are very common.

            Aspects of compliance in such contracts may include, among others, anti-corruption policy, fee evasion, international sanctions, trainings, reporting requirements and ways to audit the compliance clauses agreed in the service contract, as well as the escalation clause to resolve disputes amicably, using the various existing ADR modes.

            In the context of commercial contracts, mediation is used to resolve disputes related to non-performance, late deliveries, payment problems, interpretations of clauses or any other dispute arising from a commercial agreement, including any aspect of the compliance agreement as referred to above.

            For an internationally developing company it would be advisable to promote mediation as the type of dispute resolution in conflicts with third parties. One way to promote mediation as an effective means of dispute resolution could be through a clause of voluntary submission to mediation in all transactions with third parties, followed by arbitration or submission to the courts of a certain jurisdiction, known as a tiered dispute resolution clause. These clauses provide for a gradual system of dispute resolution following various alternative methods of resolving disputes, usually culminating in arbitration if the outcome of the first alternative methods is unsuccessful.

            The choice of conflict resolution through mediation is a ‘win-win solution’, whose confidentiality is guaranteed in the face of public attention. Based on these advantages, mediation is considered more suitable to be implemented (agreed, including with the escalation clause) in a contract.

            Challenges of Mediation in International Contract Disputes

            Despite its many advantages, mediation is not without its challenges. Some of the key obstacles include:

            Lack of Enforcement Mechanisms: Mediation agreements are typically non-binding, meaning that parties are not legally required to adhere to the terms of the settlement. While mediation can result in a mutually agreed-upon solution, enforcing the agreement may require the parties to enter into further negotiations or even resort to litigation if one side fails to honour the agreement.

            Cultural and Language Barriers: In international contract disputes, cultural differences and language barriers can complicate the mediation process. It is important to select mediators who have experience with cross-cultural communication and who understand the legal systems involved. Without such expertise, the mediation process may be ineffective.

            Reluctance to Mediate: Some parties may be reluctant to mediate, especially if they perceive it as a sign of weakness or if they are unfamiliar with the process. This reluctance can be overcome with proper education and a clear understanding of the benefits of mediation.

            Although we can say that there is a growth of mediation around the world and the level of satisfaction of the use of mediation is based on its core values, which are impartiality, confidentiality and self-determination, the promotion of the mediation is still an important challenge.

            Conclusion

            In the case of internal compliance, mediation usually takes a more reactive role, i.e. when the conflict has already surfaced within the company or organisation; whereas, in the case of third party compliance, mediation takes a preventive role, such as in the case of Dispute Boards, although it also helps to resolve a commercial conflict between parties who wish to continue to maintain a business relationship. In both cases the objective is the same, to try to find common ground between the interests of the parties in order to resolve or avoid a conflict that could lead the parties to a legal dispute.

            As international trade continues to grow and the complexity of global regulations increases, businesses and organizations can benefit from adopting mediation as a strategic method for resolving conflicts. By fostering cooperation and understanding, mediation can help build stronger, more resilient business relationships and ensure long-term success in a global marketplace.

            Companies need to adhere to their own compliance programmes, but also to the programme of their customers, suppliers or banks with whom they collaborate. Not only is there a need for expertise to know the legal framework applicable to the industry, but there is also a need for conflict resolution when conflicts arise or even to act pre-emptively. Legal battles are expensive, time-consuming and damaging to business relationships. Many jurisdictions and industries are already demanding an obligation for parties to exhaust alternative dispute resolution methods before moving to the litigation phase.

            El año 2025 comienza marcando un hito en la Administración de Justicia en España con la publicación de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes medidas para modernizar el sistema judicial.

            Entre estas, destaca el uso obligatorio de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para iniciar procedimientos civiles. Este cambio busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y fomentar soluciones consensuadas entre las partes. La Ley entrará en vigor el próximo 3 de abril de 2025.

            En esta entrada preliminar, exploraremos qué implica esta novedad, los tipos de MASC previstos, sus características y las consecuencias de su implementación.

            ¿Qué son los Medios Adecuados de Solución de Controversias?

            Los MASC son mecanismos que permiten a las partes resolver conflictos de manera extrajudicial, ya sea mediante negociaciones directas o con la ayuda de un tercero neutral. Estos medios incluyen opciones como la mediación, la conciliación, la opinión de expertos independientes, el derecho colaborativo y otras herramientas reconocidas legalmente.

            El objetivo principal de los MASC es reducir la carga de trabajo de los tribunales y ofrecer a los ciudadanos una alternativa más rápida, eficiente y personalizada para resolver sus disputas. Esta vía también busca promover la cultura del acuerdo, favoreciendo relaciones más armónicas entre las partes implicadas.

            Los MASC como requisito de procedibilidad

            Uno de los aspectos más innovadores de la nueva Ley es que hace obligatorio intentar resolver los conflictos mediante un MASC antes de presentar una demanda judicial en asuntos civiles. Esto significa que, para que una demanda sea admitida, las partes deben demostrar que han intentado una actividad negociadora previa, ya sea mediante mediación, conciliación, o cualquier otro MASC reconocido.

            Sin embargo, hay excepciones. No se exige este requisito en casos relacionados con:

            • Derechos fundamentales,
            • Medidas urgentes relativas a menores,
            • Disputas sobre filiación, paternidad o maternidad,
            • Medidas de apoyo a personas con discapacidad,
            • Juicios cambiarios,
            • Cuando una de las partes sea una entidad del sector público, entre otros.

            Esta obligación aplica a los procesos declarativos del libro II y a procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no incluye las demandas ejecutivas ni las solicitudes de medidas cautelares o diligencias preliminares.

            Tipos de MASC reconocidos

            La ley identifica varios MASC que cumplen con el requisito de procedibilidad:

            • Mediación: Un tercero neutral ayuda a las partes a dialogar y alcanzar un acuerdo.
            • Conciliación: Un profesional imparcial sugiere posibles soluciones al conflicto.
            • Oferta vinculante confidencial: Cualquier persona que formule una oferta vinculante confidencial con la finalidad de dar solución a una controversia.
            • Opinión de un experto independiente: Un especialista evalúa el caso y ofrece una recomendación.
            • Derecho colaborativo: Abogados de ambas partes trabajan conjuntamente para encontrar una solución sin acudir a los tribunales.
            • Otros mecanismos: Cualquier actividad negociadora reconocida por ley, como acuerdos directos entre abogados de las partes.

            Características principales de los MASC

            • Voluntariedad y buena fe: Aunque el intento de negociación es obligatorio, las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo.
            • Confidencialidad: Todo lo discutido durante el proceso es confidencial y no puede usarse en un eventual juicio, salvo, entre otros motivos, por dispensa expresa por escrito de las partes.
            • Suspensión de plazos: El inicio de un MASC interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de las acciones legales.
            • Flexibilidad: Las partes pueden elegir el MASC que mejor se adapte a sus necesidades.

            Procedimiento y consecuencias de no cumplir el requisito

            Para acreditar que se ha intentado un MASC, las partes deben presentar documentación que demuestre el esfuerzo negociador, como un acta firmada o, en caso de que no haya acuerdo, una certificación expedida por el mediador, conciliador o experto. Si no se cumple este requisito, la demanda podrá ser inadmitida.

            En caso de que el proceso de negociación termine sin acuerdo, las partes pueden acudir a los tribunales, pero la actitud de las mismas durante la negociación podrá influir en decisiones sobre costas procesales o posibles sanciones por abuso del sistema judicial.

            Ventajas de los MASC

            La introducción de los MASC como requisito previo al litigio puede ofrecer múltiples beneficios:

            • Descongestión judicial: Reduce la carga de trabajo de los tribunales, permitiendo una resolución más ágil de los casos.
            • Menores costes: Los MASC suelen ser más económicos que un proceso judicial completo.
            • Mayor rapidez: Muchas disputas pueden resolverse en semanas en lugar de meses o años.
            • Soluciones personalizadas: Los acuerdos pueden adaptarse mejor a las necesidades de las partes.
            • Preservación de relaciones: Fomentan el diálogo y el entendimiento, reduciendo el conflicto entre las partes.

            Críticas y desafíos

            A pesar de sus ventajas, la implementación de los MASC no está exenta de retos:

            • Falta de conocimiento: Muchas personas desconocen qué son los MASC y cómo funcionan.
            • Desconfianza: Algunos ciudadanos podrían percibirlos como una traba adicional para acceder a la justicia.
            • Capacitación: Es esencial formar a los profesionales que actuarán como mediadores, conciliadores y expertos.
            • Costes iniciales: Aunque a largo plazo son más económicos, los honorarios de los profesionales implicados pueden ser una barrera para algunos usuarios.

            Conclusión

            La introducción de los MASC como requisito de procedibilidad en el ámbito civil representa un cambio significativo en el sistema judicial español. Esta medida no solo busca agilizar la resolución de conflictos, sino también fomentar una cultura del acuerdo que beneficie a las partes y al conjunto de la sociedad.

            Aunque la transición hacia este nuevo modelo podrá enfrentar ciertos obstáculos, los beneficios a largo plazo prometen un sistema judicial más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, los MASC no solo son una herramienta para resolver conflictos, sino también un paso hacia una justicia más humana y sostenible.

            Summary: Since 12 July 2020, new rules apply for platform service providers and search engine operators – irrespective of whether they are established in the EU or not. The transition period has run out. This article provides checklists for platform service providers and search engine operators on how to adapt their services to the Regulation (EU) 2019/1150 on the promotion of fairness and transparency for commercial users of online intermediation services – the P2B Regulation.

            The P2B Regulation applies to platform service providers and search engine operators, wherever established, provided only two conditions are met:

            (i) the commercial users (for online intermediation services) or the users with a company website (for online search engines) are established in the EU; and

            (ii) the users offer their goods/services to consumers located in the EU for at least part of the transaction.

            Accordingly, there is a need for adaption for:

            • Online intermediation services, e.g. online marketplaces, app stores, hotel and other travel booking portals, social media, and
            • Online search engines.

            The P2B Regulation applies to platforms in the P2B2C business in the following constellation (i.e. pure B2B platforms are exempt):

            Provider -> Business -> Consumer

            The article follows up on the introduction to the P2B Regulation here and the detailed analysis of mediation as method of dispute resolution here.

             Checklist how to adapt the general terms and conditions of platform services

            Online intermediation services must adapt their general terms and conditions – defined as (i) conditions / provisions that regulate the contractual relationship between the provider of online intermediation services and their business users and (ii) are unilaterally determined by the provider of online intermediation services.

            The checklist shows the new main requirements to be observed in the general terms and conditions (“GTC”):

            1. Draft them in plain and intelligible language (Article 3.1 a)
            2. Make them easily available at any time (also before conclusion of contract) (Article 3.1 b)
            3. Inform on reasons for suspension / termination (Article 3.1 c)
            4. Inform on additional sales channels or partner programs (Article 3.1 d)
            5. Inform on the effects of the GTC on the IP rights of users (Article 3.1 e)
            6. Inform on (any!) changes to the GTC on a durable medium, user has the right of termination (Article 3.2)
            7. Inform on main parameters and relative importance in the ranking (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or business secrets (Article 5.1, 5.3, 5.5)
            8. Inform on the type of any ancillary goods/services offered and any entitlement/condition that users offer their own goods/services (Article 6)
            9. Inform on possible differentiated treatment of goods / services of the provider or individual users towards other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)
            10. No retroactive changes to the GTC (Article 8a)
            11. Inform on conditions under which users can terminate contract (Article 8b)
            12. Inform on available or non-available technical and contractual access to information that the Service maintains after contract termination (Article 8c)
            13. Inform on technical and contractual access or lack thereof for users to any data made available or generated by them or by consumers during the use of services (Article 9)
            14. Inform on reasons for possible restrictions on users to offer their goods/services elsewhere under other conditions («best price clause»); reasons must also be made easily available to the public (Article 10)
            15. Inform on access to the internal complaint-handling system (Article 11.3)
            16. Indicate at least two mediators for any out-of-court settlement of disputes (Article 12)

            These requirements – apart from the clear, understandable language of the GTC, their availability and the fundamental ineffectiveness of retroactive adjustments to the GTC – clearly go beyond what e.g. the already strict German law on general terms and conditions requires.

            Checklist how to adapt the design of platform services and search engines

            In addition, online intermediation services and online search engines must adapt their design and, among other things, introduce internal complaint-handling. The checklist shows the main design requirements for:

            a) Online intermediation services

            1. Make identity of commercial user clearly visible (Article 3.5)
            2. State reasons for suspension / limitation / termination of services (Article 4.1, 4.2)
            3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3), see above
            4. Set an internal complaint handling system, with publicly available info, annual updates (Article 11, 4.3)

            b) Online search engines

            1. Explain the ranking’s main parameters and their relative importance, public, easily available, always up to date (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or trade secrets (Article 5.2, 5.3, 5.5)
            2. If ranking changes or delistings occur due to notification by third parties: offer to inspect such notification (Article 5.4)
            3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)

            The European Commission will provide guidelines regarding the ranking rules in Article 5, as announced in the P2B Regulation – see the overview here. At the same time, providers of online intermediation services and online search engines shall draw up codes of conduct together with their users.

            Practical Tips

            • The Regulation significantly affects contractual freedom as it obliges platform services to adapt their general terms and conditions.
            • The Regulation is to be enforced by «representative organisations» or associations and public bodies, with the EU Member States ensuring adequate and effective enforcement. The European Commission will monitor the impact of the Regulation in practice and evaluate it for the first time on 13.01.2022 (and every three years thereafter).
            • The P2B Regulation may affect distribution relationships, in particular platforms as distribution intermediaries. Under German distribution law, platforms and other Internet intermediation services acting as authorised distributors may be entitled to a goodwill indemnity at termination (details here) if they disclose their distribution channels on the basis of corresponding platform general terms and conditions, as the Regulation does not require, but at least allows to do (see also: Rohrßen, ZVertriebsR 2019, 341, 344–346). In addition, there are numerous overlaps with antitrust, competition and data protection law.

            It is usually said that “conflict is not necessarily bad, abnormal, or dysfunctional; it is a fact of life[1]” I would perhaps add that quite often conflict is a suitable opportunity to evolve and to solve problems[2]. It is, in fact, a useful part of life[3] and particularly, should I add, of businesses. And conflicts not only arise at the end of the business relationship or to terminate it, but also during it and the parties remain willing to continue it.

            The 2008 EU Directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters states that «agreements resulting from mediation are more likely to be complied with voluntarily and are more likely to preserve an amicable and sustainable relationship between the parties.»

            Can, therefore, mediation be used not only as an alternative to court or arbitration when terminating distribution agreements, but also to re-organize them or to change contract conditions? Would it be useful to solve these conflicts? What could be the advantages?

            In distribution/agency/franchise agreements, particularly for those lasting several years, parties can have neglected their obligations (for instance minimum sales targets not attained).

            Sometimes they could have tolerated the situation although they remain not very happy with the other party’s performance because they are still doing acceptable business.

            It could also happen that one of the parties wishes to restructure the entire distribution network (Can we change the distribution structure to an agency one?), but does not want to face a complete termination because there are other benefits in the relationship.

            There may be just some changes to be introduced, or changes in the legal structures (A mere reseller transformed in distributor?), legal frameworks, legal conditions (Which one is the applicable law?), limitation of the scope of contract, territory…

            And now, we face the Covid-19 crisis where everything is still more uncertain.

            In some cases, it could happen that there is no written contract and the parties wish to draft it; in other cases, agreements could have been defectively drafted with incomplete, contradictory or no regulation at all (Was it an exclusive agreement?).

            The contracts  could be perfect for the situation imagined when signed several years ago but not anymore (What happen with online sales?) or  circumstances, markets, services, products have changed and need to be reconsidered (mergers, change of directors…).

            Sometimes, even more powerful parties have not the elements to oblige the weaker party to respect new terms, or they simply prefer not to impose their conditions, but to build up a more collaborative relationship for the future.

            In all these cases, negotiation is the usual strategy parties follow: each one is focused in obtaining its own benefits with a clear idea of, for instance, which clause(s) should be modified or drafted.

            Nevertheless, mediation could add some neutrality, and some space to a more efficient, structured and useful approach to the modification of the commercial relationship, particularly in distribution agreements where the collaboration (in the past, but also in the future if the parties wish so) is of paramount importance.

            In most of these situations, personal emotional aspects could also be involved and make more difficult a neutral negotiation: a distributor that has been seen by the manufacturer as not performing very well and feels hurt, an agent that could consider a retirement, parties from different cultures that need to understand different ways of performing, franchisees that have been treated differently in the network and feel discriminated, etc.

            In these circumstances and in other similar ones, where all persons involved, assisted by their respective lawyers, wish to continue the relationship although maybe in a different way, a sort of facilitative mediation can be a great help.

            These are, in my opinion, the main reasons:

            1. Mediation is a legal and organized procedure that could help the parties to increase their awareness of the necessity to redraft the agreement (or drafting for the first time if it was not already done).
            2. Parties can be heard more easily, negotiation is eased in the interest of both of them, encourages them to act more reasonably vis-à-vis the other side, restores relationship if necessary, deadlock can be easily broken and, if the circumstances advice so, parties can be engaged separately with the help of the mediator.
            3. Mediation can consider other elements different to the mere commercial or legal ones: emotions linked to performance, personal situations (retirement, succession, illness) or even differences in cultural approaches.
            4. It helps to find the real (possibly new or not shown) interests in the commercial relationship of the parties, focusing in developments, strategies, new proposals… The mere negotiation between the parties and they attorneys could not make appear these new interests and therefore be limited only to the discussion on the change of concrete obligations, clauses or situations. Mediation helps to go beyond.
            5. Mediation techniques can also help the parties to face their current situation, to take responsibility of their performance without focusing on blame or incompetence but on a constructive and future collaboration in new specific terms.[4]
            6. It can also avoid the increasing of the conflict into a more severe one (breaching) and in case mediation does not end with a new/redrafted agreement, the basis for a mediated termination can be established, if the parties wish so, instead of litigation.
            7. Mediation can conclude into a new agreement where the parties are more reassured, more comfortable with, and more willing to respect because they were involved in their construction with the assistance of their respective lawyers, and because all their interests (not only new drafted clauses) were considered.
            8. And, in any case, mediation does not affect the party’s collaborative position and does not reduce their possibility to use other alternatives, including litigation or arbitration to terminate the agreement or to oblige the other party to respect its legal obligations.

            The use of mediation does not need the parties to have foreseen it in the agreement (although it could be easier if they did so) but they can use it freely at any time.

            This said, a lawyer proposing mediation as a contractual clause or, in case it was not included in the agreement, as a procedure to face this sort of conflicts in distribution agreements, will be certainly seen by his/her client as problem-solving attorney looking for the client’s interests rather than a litigator pushing them to a more uncertain situation, with unknown costs and unforeseeable timeframe.

            Parties in distribution agreements should have this possibility in mind and lawyers have the opportunity to actively participate in mediation from the first steps by recommending it in the initial agreement, during the process helping the clients to express their concerns and interests, and in the drafting of the final (new) agreement, representing the clients’ and as co-author of their success.

            If you would like to hear more on the topic of mediation and distribution agreements you can check out the recording of our webinar on Mediation in International Conflicts

            [1] Moore, Christopher W. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. Jossey-Bass. Wiley, 2014.

            [2] Mnookin, Robert H. Beyond Winning. Negotiating to create value in deals and disputes (p. 53). Harvard University Press, 2000.

            [3] Fisher, R; Ury, W. Getting to Yes: Negotiating an agreement without giving in. Random House.

            [4] «Talking about blame distracts us from exploring why things went wrong and how we might correct them going forward. Focusing instead on understanding the contribution system allows us to learn about the real causes of the problem, and to work on correcting them.» [Stone, Douglas. “Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most”. Penguin Publishing Group]

            En estos tiempos de inseguridad sobre el futuro tenemos, sin embargo, algunas certezas. Una de ellas, sin duda, es que «los servicios de intermediación en línea son factores esenciales para el emprendimiento y los nuevos modelos de negocio«. El Reglamento UE 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea se ocupa de ello. El Reglamento se aplicará a partir del 12 de julio de 2020.

            La finalidad del Reglamento es establecer normas para asegurar que se conceden opciones apropiadas de transparencia, de equidad y de reclamación a los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea y a los usuarios de sitios web corporativos en relación con los motores de búsqueda en línea (art. 1). Se aplica a los servicios de intermediación en línea y los motores de búsqueda ofrecidos a usuarios comerciales que tengan su lugar de establecimiento UE y que ofrecen bienes o servicios a los consumidores en la UE. Y esto, independientemente del lugar de establecimiento de los proveedores y la ley aplicable. Sus reglas se aplicarán, en particular, a los mercados en línea (marketplaces), los outlets de redes sociales, plataformas de distribución de aplicaciones, las plataformas para la economía colaborativa y los motores de búsqueda en general.

            Lo que me gustaría subrayar en este cometario es la previsión del Reglamento (art. 12) del uso de la mediación como un método específico para la resolución de conflictos entre proveedores de servicios de intermediación en línea y usuarios profesionales. La mediación se fomenta sin perjuicio de su voluntariedad y la posibilidad de reclamación judicial.

            En particular, los proveedores de los servicios de intermediación designarán en sus condiciones generales, dos o más mediadores con los que están dispuestos a colaborar –de buena fe- para llegar a un acuerdo con los usuarios profesionales y así resolver de manera extrajudicial todo litigio entre el proveedor y los usuarios profesionales. Únicamente los proveedores de servicios que tengan la consideración de pequeñas empresas estarían exentos de asumir esta obligación, sin perjuicio de poder hacerlo voluntariamente.

            El Reglamento también contiene los requisitos que estos mediadores deben cumplir: algunos generales (independencia, con servicios asequibles, actuar sin demora, fácilmente accesibles) y otros más específicos o que necesitarán una calificación especial (capacidad de mediar en el idioma de las condiciones generales y con suficiente conocimiento de las relaciones comerciales dentro de la empresa).

            También es interesante notar que los proveedores de servicios deberán soportar una parte razonable de los costes totales de la mediación en cada caso, de acuerdo con las indicaciones del mediador y según algunos criterios, como los fundamentos relativos de los argumentos de las partes, su conducta, así como el tamaño y su capacidad financiera.

            La conclusión parece clara: la mediación, como alternativa a la resolución de disputas por vía judicial o arbitral, está aumentando su espacio en las normas de la UE. Siempre permanece como una forma voluntaria de resolver conflictos, y vale la pena considerar su eficacia en todas las áreas de negocio. Este Reglamento lo hace expresamente.

            Ignacio Alonso

            Áreas de práctica

            • Agencia
            • Derecho Societario
            • Contratos de distribución
            • Franquicia
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              Servicios de intermediación en línea: conflictos comerciales y mediación

              17 de mayo de 2020

              • Europa
              • Mediación

              Durante más de 35 años como abogado mercantilista he visto cómo muchos, yo el primero, confundíamos un asesoramiento eficaz con la respuesta inmediata y exhaustiva. Ahora tengo la percepción de que el mundo del derecho y el de la empresa están cambiando: no basta con saber (cada vez más leyes, más requisitos, más sentencias contradictorias… y más ruido), sino que hay que escuchar, acompañar y facilitar decisiones. Y ahí es donde la actuación también como coach ejecutivo ofrece un marco extraordinariamente útil.

              De los abogados se espera que resolvamos. Los coaches ejecutivos, sin embargo, ayudamos (dentro de un marco ético) a que el otro descubra por sí mismo la respuesta. Y esto puede ser una fuente de enorme riqueza profesional y para el cliente. Cuando éste se enfrenta a un problema no necesita un análisis jurídico, sino necesita claridad y perspectiva para decidir… desde “su problema”, y no desde “nuestra solución”. Integrar en nuestro ejercicio profesional las herramientas de coaching ejecutivo transforma la conversación y el asesoramiento jurídico en algo más eficaz: un proceso de toma de decisiones en el que acompañamos al cliente de principio a fin.

              Imagino tres ámbitos donde se encuentran el abogado y el coach ejecutivo:

              1. La relación con el cliente. Escuchar bien antes de aconsejar.

              Decía Plutarco que “escuchar bien es la base de vivir bien”. Y a veces el cliente no busca tanto una respuesta, como claridad para decidir. Escuchar más allá de lo que dice (y de lo que calla) permite entender qué le preocupa. Una pregunta puede abrir más caminos que una disertación que, lo más seguro, le va a dejar frío. Cuando escuchamos sin prisa y sin sesgo propiciamos un espacio de reflexión que ayuda al cliente a ordenar, priorizar y tomar decisiones con sentido. Con sentido… para él.

              1. La negociación y la mediación.

              En estos procesos ayudamos con las técnicas de coaching a desactivar resistencias y a pasar de la confrontación a la comprensión. El abogado-coach facilita que las partes se escuchen y descubran qué hay detrás de sus demandas. Una negociación puede desbloquearse cuando se permite al otro expresarse. Los acuerdos dejan de ser meras transacciones y se convierten en decisiones compartidas, más estables y sostenibles en el tiempo y menos fuentes de conflictos.

              1. Acompañar procesos de cambio en el cliente y su organización

              El abogado-coach puede convertirse no solo en el redactor del acuerdo sino en facilitador del cambio. Ayuda a que los implicados comprendan lo que está en juego y alineen decisiones con sus valores y objetivos gestionando resistencias. El abogado deja de ser un mero “proveedor” de servicios (al que muchas veces se recurre solo al final del proceso) y pasa a ser un socio de reflexión.

              En suma, percibo que hoy se nos demanda ejercer de forma diferente: menos técnica y más humana, menos reactiva y más transformadora. Las técnicas de coaching ayudan: escucha consciente, feedback constructivo, claridad de propósito… permiten gestionar mejor el conflicto, el estrés y la incertidumbre. El coaching, por supuesto, no sustituye al derecho, sino que lo ensancha y le da herramientas. En estos momentos, la inteligencia artificial (mucho más rápida y potencialmente mucho más completa y exhaustiva) nos está desubicando de nuestros hábitos. Quizás esto nos permita entrever que el abogado no deberá ser solo un experto en normas, sino un facilitador de conversaciones difíciles, alguien capaz de unir análisis y empatía, precisión y presencia. Alguien que entienda que su valor está en ayudar a sus clientes para que eviten sus conflictos o puedan resolverlos como mejor les satisfaga. Y ahí es donde el abogado-coach tiene mucho que aportar.

              Introducción: Un cambio de paradigma en la resolución de conflictos

              La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, marca un punto de inflexión en el sistema judicial español. Esta normativa no se limita a introducir modificaciones procedimentales, sino que refleja una transformación profunda en la concepción misma de la justicia. El legislador ha apostado decididamente por potenciar vías alternativas a la resolución judicial de conflictos, convirtiendo la negociación previa en un elemento central del sistema.

              La saturación de los tribunales, los costes asociados a los procesos judiciales y la búsqueda de soluciones más satisfactorias para las partes han impulsado esta reforma que coloca los denominados «medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional» como piedra angular de un nuevo modelo de justicia orientado al diálogo y al acuerdo.

              La filosofía detrás de los medios alternativos de resolución de conflictos

              Más allá de la descongestión de los tribunales, esta reforma responde a una filosofía que entiende que no todos los conflictos requieren necesariamente una respuesta judicial. Los medios alternativos de resolución de controversias parten de la premisa de que muchos conflictos pueden encontrar soluciones más satisfactorias, duraderas y adaptadas a las necesidades e intereses de las partes cuando son ellas mismas quienes participan activamente en su construcción.

              La Ley Orgánica 1/2025 define estos medios como «cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral». Esta definición, amplia y flexible, pretende abarcar diversas formas de negociación que tienen como denominador común el protagonismo de las partes en la resolución de sus propias disputas.

              Un abanico de posibilidades: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

              Uno de los aspectos más destacables de la nueva regulación es que no apuesta por un único modelo de resolución alternativa de conflictos, sino que reconoce la diversidad de situaciones y la necesidad de ofrecer diferentes herramientas adaptadas a cada caso particular.

              La mediación, ya consolidada en nuestro ordenamiento a través de la Ley 5/2012, mantiene su relevancia como vía preferente, pero a ella se suman otras modalidades como la conciliación en sus diversas variantes (notarial, registral, ante letrado de la Administración de Justicia o judicial), la opinión de expertos independientes, las ofertas vinculantes confidenciales o el novedoso proceso de Derecho colaborativo.

              Esta pluralidad de mecanismos refleja la complejidad de las relaciones jurídicas contemporáneas y la necesidad de ofrecer respuestas adaptadas a cada tipo de conflicto. No es lo mismo resolver una disputa vecinal que una controversia empresarial compleja, y el legislador ha sido consciente de que «una talla única» no resultaría eficaz para la diversidad de situaciones que pueden presentarse.

              La controvertida apuesta por la obligatoriedad: El requisito de procedibilidad

              Sin duda, el aspecto más innovador —y probablemente más polémico— de la nueva regulación es la configuración de estos medios como un requisito previo obligatorio para acudir a la vía judicial en determinados ámbitos. Esta decisión supone un salto cualitativo respecto a la anterior regulación, que apostaba principalmente por el carácter voluntario de estos mecanismos.

              A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, 3 de abril de 2025, la demanda en el orden jurisdiccional civil no será admitida si no se justifica que se ha intentado previamente la resolución del conflicto por alguna de las vías alternativas reconocidas. No solo eso, sino que además debe acreditarse la identidad entre el objeto de la negociación previa y el objeto del litigio que se pretende iniciar.

              Esta obligatoriedad ha sido objeto de intenso debate. Sus defensores argumentan que resulta necesaria para promover un cambio cultural en una sociedad tradicionalmente litigiosa, mientras que sus detractores advierten del riesgo de convertir estos mecanismos en un mero trámite formal que desvirtúe su verdadera finalidad.

              Lo cierto es que el legislador ha intentado encontrar un equilibrio, excluyendo de esta obligatoriedad determinadas materias especialmente sensibles o que, por su naturaleza, requieren una respuesta judicial inmediata. Así, quedan exentas del requisito de negociación previa cuestiones como la tutela judicial de derechos fundamentales, las medidas de protección de menores, o la solicitud de medidas cautelares, entre otras.

              Los principios rectores: Autonomía y confidencialidad como pilares del sistema

              La eficacia de los medios alternativos de resolución de conflictos descansa en gran medida en dos principios fundamentales: la autonomía de las partes y la confidencialidad del proceso.

              El principio de autonomía privada reconoce que son las propias partes quienes mejor conocen sus intereses y necesidades, y por tanto, quienes están en mejores condiciones para encontrar soluciones adaptadas a su situación particular. La ley establece que las partes son libres de transaccionar, siempre que respeten la ley, la buena fe y el orden público. Esta libertad es esencial para que las soluciones alcanzadas sean verdaderamente satisfactorias y duraderas.

              Por su parte, el principio de confidencialidad resulta crucial para generar un clima de confianza que permita a las partes expresarse con libertad durante el proceso negociador. La ley establece que la información y documentación expuestas durante la negociación deben mantenerse reservadas, con excepciones muy tasadas como la dispensa expresa de las partes, el requerimiento judicial en el orden penal o razones de orden público.

              Este deber de confidencialidad se extiende a todos los participantes en el proceso: las partes, sus abogados y, en su caso, la tercera persona neutral que intervenga. Se trata de garantizar que lo que se diga o se proponga durante la negociación no pueda ser utilizado posteriormente en un eventual proceso judicial, fomentando así un diálogo sincero y constructivo.

              El proceso negociador: Aspectos procedimentales relevantes

              La regulación de los aspectos procedimentales de los diferentes medios de solución de controversias refleja también la voluntad del legislador de combinar la flexibilidad necesaria con las garantías mínimas exigibles.

              En cuanto a la legitimación, la iniciativa para acudir a estos mecanismos puede partir de cualquiera de las partes, de ambas de común acuerdo, o incluso de una derivación judicial. Se reconoce así tanto la autonomía de las partes como la posibilidad de que sea el propio sistema judicial quien fomente el uso de estas vías alternativas.

              Respecto a la intervención de profesionales, la ley opta generalmente por la no obligatoriedad de la asistencia letrada, salvo en casos específicos como la formulación de ofertas vinculantes (con excepciones cuando la cuantía es reducida). Esta flexibilidad pretende facilitar el acceso a estos mecanismos, aunque en la práctica, la complejidad de muchos conflictos jurídicos hará aconsejable contar con asesoramiento profesional.

              Un aspecto particularmente relevante es el efecto que la solicitud de estos mecanismos tiene sobre los plazos de prescripción y caducidad. La ley establece que dicha solicitud interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de acciones desde la fecha de comunicación a la otra parte, evitando así que el intento de solución amistosa pueda perjudicar los derechos de quien lo promueve.

              En cuanto a la forma, se apuesta preferentemente por la presencialidad, aunque admitiendo el uso de medios telemáticos por acuerdo de las partes o cuando se trate de reclamaciones de cuantía inferior a 600 euros. Esta flexibilidad resulta especialmente oportuna en un contexto de creciente digitalización de las relaciones jurídicas.

              Modalidades específicas: Diversidad de mecanismos para diversidad de conflictos

              Entre las diferentes modalidades reconocidas por la ley, merece la pena detenerse en algunas que presentan características especialmente novedosas o relevantes.

              La conciliación privada supone la intervención de una persona con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia objeto de conflicto. La ley exige que esta persona esté inscrita en un colegio profesional reconocido o en un registro de mediadores, y que actúe con imparcialidad y confidencialidad. Este mecanismo aprovecha el conocimiento especializado de determinados profesionales para facilitar el acuerdo en materias técnicamente complejas.

              La oferta vinculante confidencial constituye un mecanismo particularmente interesante para determinados tipos de conflictos. Una de las partes formula una oferta que le resulta vinculante en caso de aceptación por la otra. La ley exige que conste la identidad del oferente, la recepción efectiva por la otra parte y el contenido detallado de la oferta. Este instrumento puede resultar especialmente útil en reclamaciones económicas, donde el principal obstáculo para el acuerdo suele ser la cuantía.

              La opinión de persona experta independiente consiste en encomendar un dictamen a un experto en la materia objeto de conflicto. A diferencia de otros mecanismos, este dictamen no es vinculante, pero puede servir de base para el acuerdo si las partes lo aceptan, o al menos para clarificar los aspectos técnicos de la controversia. Tras la emisión del dictamen, las partes pueden aceptarlo como acuerdo, proponer mejoras o rechazarlo, en cuyo caso se entiende cumplido el requisito de procedibilidad.

              Finalmente, el proceso de Derecho colaborativo representa quizás la apuesta más innovadora de la nueva regulación. Se trata de una negociación estructurada en la que las partes, asistidas por sus respectivos abogados, trabajan conjuntamente para alcanzar una solución satisfactoria, pudiendo integrar a otros profesionales (psicólogos, economistas, etc.) cuando la complejidad del caso lo requiera. Al finalizar, se redacta un acta con los participantes, las sesiones realizadas y los acuerdos alcanzados.

              El reto de la implementación: De la teoría a la práctica

              La efectividad real de este nuevo sistema dependerá en gran medida de cómo se implemente en la práctica. No basta con establecer la obligatoriedad de intentar la resolución extrajudicial; es necesario que ese intento sea genuino y no se convierta en un mero trámite formal.

              En este sentido, la ley exige que el intento de negociación sea «real y creíble, no puede ser ficticio». Para ello, establece requisitos de documentación que varían según intervenga o no una tercera persona neutral, pero que en todos los casos incluyen una declaración responsable de que las partes han intervenido de buena fe en el proceso.

              Asimismo, la ley regula detalladamente cuándo se entiende finalizado el proceso de negociación, tanto si concluye con acuerdo como sin él. En caso de acuerdo, este debe formalizarse identificando a las partes y, en su caso, a sus abogados y a la tercera persona neutral, indicando el lugar y fecha, así como las obligaciones asumidas por cada parte.

              La posibilidad de elevar el acuerdo a escritura pública para convertirlo en título ejecutivo refuerza su valor y facilita su cumplimiento, evitando que el incumplimiento de lo pactado obligue a iniciar un proceso judicial declarativo.

              Un horizonte por explorar: Perspectivas y desafíos

              La Ley Orgánica 1/2025 representa un punto de inflexión en la concepción de la justicia en España, acercándonos a modelos ya consolidados en otros países con larga tradición en medios alternativos de resolución de conflictos. Estados Unidos, Canadá o los países nórdicos llevan décadas apostando por estos mecanismos, con resultados generalmente positivos en términos de satisfacción de los usuarios y descongestión de los tribunales.

              Sin embargo, cada sistema jurídico tiene sus particularidades, y el éxito de estos mecanismos no depende solo de su regulación legal, sino también de factores culturales, sociológicos y organizativos. La tradicional litigiosidad de la sociedad española, la escasa cultura negociadora en determinados ámbitos o la falta de formación específica de muchos profesionales son desafíos que deberán afrontarse.

              La apuesta por la obligatoriedad como impulso inicial puede ser comprensible en un contexto de cambio de paradigma, pero el verdadero éxito de estos mecanismos vendrá dado por su capacidad para generar soluciones satisfactorias que, progresivamente, los conviertan en la opción preferente por sus propios méritos, más allá de su carácter obligatorio.

              Conclusión: Entre la esperanza y la cautela

              La nueva regulación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional se alinea con una tendencia internacional clara hacia la potenciación de vías alternativas a la resolución judicial de conflictos. Esta tendencia responde tanto a necesidades prácticas —descongestionar los tribunales, reducir costes— como a una filosofía que valora el protagonismo de las partes en la gestión de sus propios conflictos.

              En este sentido, la normativa española se suma a un movimiento global que ha demostrado resultados positivos en muchas jurisdicciones. Sin embargo, solo el tiempo dirá si la técnica legislativa utilizada, especialmente la apuesta por la obligatoriedad como requisito de procedibilidad, es la más acertada para alcanzar el verdadero propósito de fomentar el acuerdo en evitación del pleito.

              El éxito de esta reforma dependerá no solo de su diseño normativo, sino también de factores como la formación adecuada de los profesionales implicados, la sensibilización de la ciudadanía sobre las ventajas de estas vías alternativas, y la capacidad del sistema para evaluar y adaptarse en función de los resultados obtenidos.

              En definitiva, nos encontramos ante una reforma ambiciosa y necesaria, que abre un horizonte esperanzador pero que deberá superar importantes desafíos para consolidarse como un auténtico cambio de paradigma en la administración de justicia en España. El verdadero criterio de éxito no será el número de intentos de negociación realizados, sino la calidad de los acuerdos alcanzados y la satisfacción de los ciudadanos con un sistema de justicia más participativo, eficiente y adaptado a sus necesidades reales.

              Summary: Companies with international projection and global presence can count on mediation and its benefits in the different contexts of their business, both in the compliance of the code of conduct and internal rules as well as in the compliance of contracts and projects with third parties or public authorities. In the same way, it facilitates access to a saturated justice system, while at the same time improving the relationship between the parties, as they do not have to face the wear and tear of the judicial phase, which leads to emotional wear and tear.

              I will focus on the intersection between compliance and mediation, as international corporations are increasingly interested in the potential of Mediation applied to compliance frameworks. Although there are a few important challenges that we need to mention, the benefits of international mediation are clear: costs savings, quick solutions and a good understanding between the parties. International mediation and compliance go hand in hand and, although they may not seem to have much in common, they complement each other. The purpose of this article is to illustrate with some practical examples the advantages of compliance mediation for small and medium-sized enterprises operating internationally, in order to demonstrate the potential that exists in this combination.

              Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR) that involves the intervention of a neutral third party, known as the mediator, to help disputing parties reach a mutually acceptable agreement. Unlike litigation, which involves a judge making a binding decision, mediation allows the parties to control the outcome, facilitating a more collaborative and flexible approach to resolving disputes.

              In the context of compliance issues and international contracts, mediation offers a unique advantage by addressing both legal and non-legal aspects of disputes, such as cultural differences, business practices, and organizational relationships. This flexibility is particularly important when dealing with international contracts, where cross-cultural understanding and respect for diverse legal systems are essential.

              The key is still the same recipe as the initial negotiation of a contract. The parties objectively and in a neutral atmosphere and collaborative approach, find ‘solutions’ to their disagreements where both parties win. The so-called win-win is still the best scenario in which the parties should meet again in dispute resolution. I always insist on the word ‘reconnect’ because of its positive connotation in any relationship. Mediation allows the parties to negotiate a mutually acceptable outcome, preserving the relationship between them, with the additional value of cost and time efficiencies and confidentiality guaranteed throughout the process.

              Mediation benefits compliance programmes in two keyways.

              Resolving internal compliance issues

              This is accomplished through facilitating communication and conflict resolution among employees, promoting a culture of dialogue, transparency and accountability. When a company uses mediation to resolve conflicts arising from internal compliance-related situations, it helps to prevent a conflict from escalating in proportions both in the form of legal action and disputes that may involve the public administration.

              A clear example is conflicts related to the code of conduct, where disputes often arise at the HR level. Another example is that arising from conflicts of interest. In both cases the connection lies in the common goal of promoting ethical behaviour, improving communication and resolving conflicts in a way that helps the employee and the company to follow its internal rules and achieve the required standards.

              Mediation opens a space for dialogue and amicable conflict resolution, facilitating employees’ professional and personal growth in a sustained way over time.

              Another example can be conflicts related to cross-border labour issues applicable to the same company, whether private, non-governmental organisation or conflicts between private and public companies. The reasons for the conflict may be related to harassment issues or pay inequality issues. For example, the internal pay system within an international organisation should consider the following elements:

              • Remuneration represents by far the most important and controversial element of the employment relationship and is of equal interest to the employer and the employee.
              • The remuneration system should be based on and consistent with the principles of the organisation.
              • The criteria for determining remuneration should be objective and measurable.
              • The system should be equitable.

              Conflicts often arise around these elements and companies should be transparent, through comprehensive policies, about their position on non-discrimination, harassment or inclusion of their employees within their organisation and the markets in which they operate.

              Mediation can be a channel to help find solutions to equality and non-discrimination issues between employees within the same organisation. It also obliges companies to consider the standards of international legislation (e.g. CSRD) when implementing their policies. We are seeing that it is not a ‘nice to have’ but a ‘must have’.

              Resolving disputes with external parties

              Mediation can be used to enforce commercial contracts or in projects. It helps prevent disputes between companies or between companies and regulators, foster better relations, and ensure compliance standards are met without resorting to litigation. Mediation promotes cooperation between the parties and helps reduce the risk of future contractual violations.

              A clear example of the benefits of the use of mediation in compliance arises in the international context where legal certainty is required for both parties, as well as fair and reasonable management of a long-term project. In some cases, there is a public-private element to the dispute as the public sector is involved (either in licensing issues or as a regulatory authority). This may create some confusion in the roles and rights of the parties, which makes perfect sense when the interests of the investor (private equity) and the community or private parties are very diverse.

              For context, we might think of environmental, social and governance issues that are receiving serious attention from governments and regulators, given the impact on the planet and the people within the communities where they live. Mediation offers a way to resolve these conflicts by facilitating open communication between the parties involved. For instance, if a company is accused of breaching a country’s environmental regulations, mediation can provide a platform for the company and regulatory authorities to discuss the issues, share concerns, and negotiate a solution that satisfies both parties. Instead of pursuing punitive measures or resorting to lengthy legal battles, mediation can help parties find common ground and craft a solution that supports compliance while preserving business relationships.

              A concrete example is mining activities, which contribute greatly to the involvement of foreign entities in resource-rich countries, involving, on a large scale, both foreign and domestic interests, and potentially resulting in pollution and damage to the environment. In addition, there are various problems, especially the use of land for mining activities, which causes friction between mining companies, communities and local governments where mining activities take place. Since these projects take place over a long period of time and involve various interests of both private and public actors as well as communities, mediation is undoubtedly a good way to prevent disputes during the whole process of project development and implementation, offering in conflict situations not only a quick solution for both parties but also a fair and reasonable management of a project in the long term.

              Another tool, with elements of mediation, which is recommended for the successful completion of large projects, as for instance construction projects, are Dispute Boards, a panel of one to three members with extensive experience in the field of the contract, who accompany the execution of the contract until the work is completed on time and on budget. This method is not a pure and simple mediation, although it resembles it, because the Dispute Boards, in particular the so-called DAAB (Dispute Avoidance and Adjudication Board), permanently seek to avoid conflict and, if it arises, to encourage the parties to find a solution or to make it binding. I will go into more detail on this subject in another article.

              Hereby, we can also mention internal control and auditability towards third parties, be they customers or suppliers. The EU directive (CSDDD) puts the emphasis on indirect suppliers in the supply chain. It is therefore important that when establishing a business or investment partnership, all parties involved have a similar level of compliance with standards. In this regard, framework compliance agreements, which are compliance agreements that regulate the compliance obligations of both parties’ subject to a service contract, are very common.

              Aspects of compliance in such contracts may include, among others, anti-corruption policy, fee evasion, international sanctions, trainings, reporting requirements and ways to audit the compliance clauses agreed in the service contract, as well as the escalation clause to resolve disputes amicably, using the various existing ADR modes.

              In the context of commercial contracts, mediation is used to resolve disputes related to non-performance, late deliveries, payment problems, interpretations of clauses or any other dispute arising from a commercial agreement, including any aspect of the compliance agreement as referred to above.

              For an internationally developing company it would be advisable to promote mediation as the type of dispute resolution in conflicts with third parties. One way to promote mediation as an effective means of dispute resolution could be through a clause of voluntary submission to mediation in all transactions with third parties, followed by arbitration or submission to the courts of a certain jurisdiction, known as a tiered dispute resolution clause. These clauses provide for a gradual system of dispute resolution following various alternative methods of resolving disputes, usually culminating in arbitration if the outcome of the first alternative methods is unsuccessful.

              The choice of conflict resolution through mediation is a ‘win-win solution’, whose confidentiality is guaranteed in the face of public attention. Based on these advantages, mediation is considered more suitable to be implemented (agreed, including with the escalation clause) in a contract.

              Challenges of Mediation in International Contract Disputes

              Despite its many advantages, mediation is not without its challenges. Some of the key obstacles include:

              Lack of Enforcement Mechanisms: Mediation agreements are typically non-binding, meaning that parties are not legally required to adhere to the terms of the settlement. While mediation can result in a mutually agreed-upon solution, enforcing the agreement may require the parties to enter into further negotiations or even resort to litigation if one side fails to honour the agreement.

              Cultural and Language Barriers: In international contract disputes, cultural differences and language barriers can complicate the mediation process. It is important to select mediators who have experience with cross-cultural communication and who understand the legal systems involved. Without such expertise, the mediation process may be ineffective.

              Reluctance to Mediate: Some parties may be reluctant to mediate, especially if they perceive it as a sign of weakness or if they are unfamiliar with the process. This reluctance can be overcome with proper education and a clear understanding of the benefits of mediation.

              Although we can say that there is a growth of mediation around the world and the level of satisfaction of the use of mediation is based on its core values, which are impartiality, confidentiality and self-determination, the promotion of the mediation is still an important challenge.

              Conclusion

              In the case of internal compliance, mediation usually takes a more reactive role, i.e. when the conflict has already surfaced within the company or organisation; whereas, in the case of third party compliance, mediation takes a preventive role, such as in the case of Dispute Boards, although it also helps to resolve a commercial conflict between parties who wish to continue to maintain a business relationship. In both cases the objective is the same, to try to find common ground between the interests of the parties in order to resolve or avoid a conflict that could lead the parties to a legal dispute.

              As international trade continues to grow and the complexity of global regulations increases, businesses and organizations can benefit from adopting mediation as a strategic method for resolving conflicts. By fostering cooperation and understanding, mediation can help build stronger, more resilient business relationships and ensure long-term success in a global marketplace.

              Companies need to adhere to their own compliance programmes, but also to the programme of their customers, suppliers or banks with whom they collaborate. Not only is there a need for expertise to know the legal framework applicable to the industry, but there is also a need for conflict resolution when conflicts arise or even to act pre-emptively. Legal battles are expensive, time-consuming and damaging to business relationships. Many jurisdictions and industries are already demanding an obligation for parties to exhaust alternative dispute resolution methods before moving to the litigation phase.

              El año 2025 comienza marcando un hito en la Administración de Justicia en España con la publicación de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes medidas para modernizar el sistema judicial.

              Entre estas, destaca el uso obligatorio de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para iniciar procedimientos civiles. Este cambio busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y fomentar soluciones consensuadas entre las partes. La Ley entrará en vigor el próximo 3 de abril de 2025.

              En esta entrada preliminar, exploraremos qué implica esta novedad, los tipos de MASC previstos, sus características y las consecuencias de su implementación.

              ¿Qué son los Medios Adecuados de Solución de Controversias?

              Los MASC son mecanismos que permiten a las partes resolver conflictos de manera extrajudicial, ya sea mediante negociaciones directas o con la ayuda de un tercero neutral. Estos medios incluyen opciones como la mediación, la conciliación, la opinión de expertos independientes, el derecho colaborativo y otras herramientas reconocidas legalmente.

              El objetivo principal de los MASC es reducir la carga de trabajo de los tribunales y ofrecer a los ciudadanos una alternativa más rápida, eficiente y personalizada para resolver sus disputas. Esta vía también busca promover la cultura del acuerdo, favoreciendo relaciones más armónicas entre las partes implicadas.

              Los MASC como requisito de procedibilidad

              Uno de los aspectos más innovadores de la nueva Ley es que hace obligatorio intentar resolver los conflictos mediante un MASC antes de presentar una demanda judicial en asuntos civiles. Esto significa que, para que una demanda sea admitida, las partes deben demostrar que han intentado una actividad negociadora previa, ya sea mediante mediación, conciliación, o cualquier otro MASC reconocido.

              Sin embargo, hay excepciones. No se exige este requisito en casos relacionados con:

              • Derechos fundamentales,
              • Medidas urgentes relativas a menores,
              • Disputas sobre filiación, paternidad o maternidad,
              • Medidas de apoyo a personas con discapacidad,
              • Juicios cambiarios,
              • Cuando una de las partes sea una entidad del sector público, entre otros.

              Esta obligación aplica a los procesos declarativos del libro II y a procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no incluye las demandas ejecutivas ni las solicitudes de medidas cautelares o diligencias preliminares.

              Tipos de MASC reconocidos

              La ley identifica varios MASC que cumplen con el requisito de procedibilidad:

              • Mediación: Un tercero neutral ayuda a las partes a dialogar y alcanzar un acuerdo.
              • Conciliación: Un profesional imparcial sugiere posibles soluciones al conflicto.
              • Oferta vinculante confidencial: Cualquier persona que formule una oferta vinculante confidencial con la finalidad de dar solución a una controversia.
              • Opinión de un experto independiente: Un especialista evalúa el caso y ofrece una recomendación.
              • Derecho colaborativo: Abogados de ambas partes trabajan conjuntamente para encontrar una solución sin acudir a los tribunales.
              • Otros mecanismos: Cualquier actividad negociadora reconocida por ley, como acuerdos directos entre abogados de las partes.

              Características principales de los MASC

              • Voluntariedad y buena fe: Aunque el intento de negociación es obligatorio, las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo.
              • Confidencialidad: Todo lo discutido durante el proceso es confidencial y no puede usarse en un eventual juicio, salvo, entre otros motivos, por dispensa expresa por escrito de las partes.
              • Suspensión de plazos: El inicio de un MASC interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de las acciones legales.
              • Flexibilidad: Las partes pueden elegir el MASC que mejor se adapte a sus necesidades.

              Procedimiento y consecuencias de no cumplir el requisito

              Para acreditar que se ha intentado un MASC, las partes deben presentar documentación que demuestre el esfuerzo negociador, como un acta firmada o, en caso de que no haya acuerdo, una certificación expedida por el mediador, conciliador o experto. Si no se cumple este requisito, la demanda podrá ser inadmitida.

              En caso de que el proceso de negociación termine sin acuerdo, las partes pueden acudir a los tribunales, pero la actitud de las mismas durante la negociación podrá influir en decisiones sobre costas procesales o posibles sanciones por abuso del sistema judicial.

              Ventajas de los MASC

              La introducción de los MASC como requisito previo al litigio puede ofrecer múltiples beneficios:

              • Descongestión judicial: Reduce la carga de trabajo de los tribunales, permitiendo una resolución más ágil de los casos.
              • Menores costes: Los MASC suelen ser más económicos que un proceso judicial completo.
              • Mayor rapidez: Muchas disputas pueden resolverse en semanas en lugar de meses o años.
              • Soluciones personalizadas: Los acuerdos pueden adaptarse mejor a las necesidades de las partes.
              • Preservación de relaciones: Fomentan el diálogo y el entendimiento, reduciendo el conflicto entre las partes.

              Críticas y desafíos

              A pesar de sus ventajas, la implementación de los MASC no está exenta de retos:

              • Falta de conocimiento: Muchas personas desconocen qué son los MASC y cómo funcionan.
              • Desconfianza: Algunos ciudadanos podrían percibirlos como una traba adicional para acceder a la justicia.
              • Capacitación: Es esencial formar a los profesionales que actuarán como mediadores, conciliadores y expertos.
              • Costes iniciales: Aunque a largo plazo son más económicos, los honorarios de los profesionales implicados pueden ser una barrera para algunos usuarios.

              Conclusión

              La introducción de los MASC como requisito de procedibilidad en el ámbito civil representa un cambio significativo en el sistema judicial español. Esta medida no solo busca agilizar la resolución de conflictos, sino también fomentar una cultura del acuerdo que beneficie a las partes y al conjunto de la sociedad.

              Aunque la transición hacia este nuevo modelo podrá enfrentar ciertos obstáculos, los beneficios a largo plazo prometen un sistema judicial más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, los MASC no solo son una herramienta para resolver conflictos, sino también un paso hacia una justicia más humana y sostenible.

              Summary: Since 12 July 2020, new rules apply for platform service providers and search engine operators – irrespective of whether they are established in the EU or not. The transition period has run out. This article provides checklists for platform service providers and search engine operators on how to adapt their services to the Regulation (EU) 2019/1150 on the promotion of fairness and transparency for commercial users of online intermediation services – the P2B Regulation.

              The P2B Regulation applies to platform service providers and search engine operators, wherever established, provided only two conditions are met:

              (i) the commercial users (for online intermediation services) or the users with a company website (for online search engines) are established in the EU; and

              (ii) the users offer their goods/services to consumers located in the EU for at least part of the transaction.

              Accordingly, there is a need for adaption for:

              • Online intermediation services, e.g. online marketplaces, app stores, hotel and other travel booking portals, social media, and
              • Online search engines.

              The P2B Regulation applies to platforms in the P2B2C business in the following constellation (i.e. pure B2B platforms are exempt):

              Provider -> Business -> Consumer

              The article follows up on the introduction to the P2B Regulation here and the detailed analysis of mediation as method of dispute resolution here.

               Checklist how to adapt the general terms and conditions of platform services

              Online intermediation services must adapt their general terms and conditions – defined as (i) conditions / provisions that regulate the contractual relationship between the provider of online intermediation services and their business users and (ii) are unilaterally determined by the provider of online intermediation services.

              The checklist shows the new main requirements to be observed in the general terms and conditions (“GTC”):

              1. Draft them in plain and intelligible language (Article 3.1 a)
              2. Make them easily available at any time (also before conclusion of contract) (Article 3.1 b)
              3. Inform on reasons for suspension / termination (Article 3.1 c)
              4. Inform on additional sales channels or partner programs (Article 3.1 d)
              5. Inform on the effects of the GTC on the IP rights of users (Article 3.1 e)
              6. Inform on (any!) changes to the GTC on a durable medium, user has the right of termination (Article 3.2)
              7. Inform on main parameters and relative importance in the ranking (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or business secrets (Article 5.1, 5.3, 5.5)
              8. Inform on the type of any ancillary goods/services offered and any entitlement/condition that users offer their own goods/services (Article 6)
              9. Inform on possible differentiated treatment of goods / services of the provider or individual users towards other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)
              10. No retroactive changes to the GTC (Article 8a)
              11. Inform on conditions under which users can terminate contract (Article 8b)
              12. Inform on available or non-available technical and contractual access to information that the Service maintains after contract termination (Article 8c)
              13. Inform on technical and contractual access or lack thereof for users to any data made available or generated by them or by consumers during the use of services (Article 9)
              14. Inform on reasons for possible restrictions on users to offer their goods/services elsewhere under other conditions («best price clause»); reasons must also be made easily available to the public (Article 10)
              15. Inform on access to the internal complaint-handling system (Article 11.3)
              16. Indicate at least two mediators for any out-of-court settlement of disputes (Article 12)

              These requirements – apart from the clear, understandable language of the GTC, their availability and the fundamental ineffectiveness of retroactive adjustments to the GTC – clearly go beyond what e.g. the already strict German law on general terms and conditions requires.

              Checklist how to adapt the design of platform services and search engines

              In addition, online intermediation services and online search engines must adapt their design and, among other things, introduce internal complaint-handling. The checklist shows the main design requirements for:

              a) Online intermediation services

              1. Make identity of commercial user clearly visible (Article 3.5)
              2. State reasons for suspension / limitation / termination of services (Article 4.1, 4.2)
              3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3), see above
              4. Set an internal complaint handling system, with publicly available info, annual updates (Article 11, 4.3)

              b) Online search engines

              1. Explain the ranking’s main parameters and their relative importance, public, easily available, always up to date (incl. possible influence of remuneration), without algorithms or trade secrets (Article 5.2, 5.3, 5.5)
              2. If ranking changes or delistings occur due to notification by third parties: offer to inspect such notification (Article 5.4)
              3. Explain possible differentiated treatment of goods / services of providers themselves or users in relation to other users (Article 7.1, 7.2, 7.3)

              The European Commission will provide guidelines regarding the ranking rules in Article 5, as announced in the P2B Regulation – see the overview here. At the same time, providers of online intermediation services and online search engines shall draw up codes of conduct together with their users.

              Practical Tips

              • The Regulation significantly affects contractual freedom as it obliges platform services to adapt their general terms and conditions.
              • The Regulation is to be enforced by «representative organisations» or associations and public bodies, with the EU Member States ensuring adequate and effective enforcement. The European Commission will monitor the impact of the Regulation in practice and evaluate it for the first time on 13.01.2022 (and every three years thereafter).
              • The P2B Regulation may affect distribution relationships, in particular platforms as distribution intermediaries. Under German distribution law, platforms and other Internet intermediation services acting as authorised distributors may be entitled to a goodwill indemnity at termination (details here) if they disclose their distribution channels on the basis of corresponding platform general terms and conditions, as the Regulation does not require, but at least allows to do (see also: Rohrßen, ZVertriebsR 2019, 341, 344–346). In addition, there are numerous overlaps with antitrust, competition and data protection law.

              It is usually said that “conflict is not necessarily bad, abnormal, or dysfunctional; it is a fact of life[1]” I would perhaps add that quite often conflict is a suitable opportunity to evolve and to solve problems[2]. It is, in fact, a useful part of life[3] and particularly, should I add, of businesses. And conflicts not only arise at the end of the business relationship or to terminate it, but also during it and the parties remain willing to continue it.

              The 2008 EU Directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters states that «agreements resulting from mediation are more likely to be complied with voluntarily and are more likely to preserve an amicable and sustainable relationship between the parties.»

              Can, therefore, mediation be used not only as an alternative to court or arbitration when terminating distribution agreements, but also to re-organize them or to change contract conditions? Would it be useful to solve these conflicts? What could be the advantages?

              In distribution/agency/franchise agreements, particularly for those lasting several years, parties can have neglected their obligations (for instance minimum sales targets not attained).

              Sometimes they could have tolerated the situation although they remain not very happy with the other party’s performance because they are still doing acceptable business.

              It could also happen that one of the parties wishes to restructure the entire distribution network (Can we change the distribution structure to an agency one?), but does not want to face a complete termination because there are other benefits in the relationship.

              There may be just some changes to be introduced, or changes in the legal structures (A mere reseller transformed in distributor?), legal frameworks, legal conditions (Which one is the applicable law?), limitation of the scope of contract, territory…

              And now, we face the Covid-19 crisis where everything is still more uncertain.

              In some cases, it could happen that there is no written contract and the parties wish to draft it; in other cases, agreements could have been defectively drafted with incomplete, contradictory or no regulation at all (Was it an exclusive agreement?).

              The contracts  could be perfect for the situation imagined when signed several years ago but not anymore (What happen with online sales?) or  circumstances, markets, services, products have changed and need to be reconsidered (mergers, change of directors…).

              Sometimes, even more powerful parties have not the elements to oblige the weaker party to respect new terms, or they simply prefer not to impose their conditions, but to build up a more collaborative relationship for the future.

              In all these cases, negotiation is the usual strategy parties follow: each one is focused in obtaining its own benefits with a clear idea of, for instance, which clause(s) should be modified or drafted.

              Nevertheless, mediation could add some neutrality, and some space to a more efficient, structured and useful approach to the modification of the commercial relationship, particularly in distribution agreements where the collaboration (in the past, but also in the future if the parties wish so) is of paramount importance.

              In most of these situations, personal emotional aspects could also be involved and make more difficult a neutral negotiation: a distributor that has been seen by the manufacturer as not performing very well and feels hurt, an agent that could consider a retirement, parties from different cultures that need to understand different ways of performing, franchisees that have been treated differently in the network and feel discriminated, etc.

              In these circumstances and in other similar ones, where all persons involved, assisted by their respective lawyers, wish to continue the relationship although maybe in a different way, a sort of facilitative mediation can be a great help.

              These are, in my opinion, the main reasons:

              1. Mediation is a legal and organized procedure that could help the parties to increase their awareness of the necessity to redraft the agreement (or drafting for the first time if it was not already done).
              2. Parties can be heard more easily, negotiation is eased in the interest of both of them, encourages them to act more reasonably vis-à-vis the other side, restores relationship if necessary, deadlock can be easily broken and, if the circumstances advice so, parties can be engaged separately with the help of the mediator.
              3. Mediation can consider other elements different to the mere commercial or legal ones: emotions linked to performance, personal situations (retirement, succession, illness) or even differences in cultural approaches.
              4. It helps to find the real (possibly new or not shown) interests in the commercial relationship of the parties, focusing in developments, strategies, new proposals… The mere negotiation between the parties and they attorneys could not make appear these new interests and therefore be limited only to the discussion on the change of concrete obligations, clauses or situations. Mediation helps to go beyond.
              5. Mediation techniques can also help the parties to face their current situation, to take responsibility of their performance without focusing on blame or incompetence but on a constructive and future collaboration in new specific terms.[4]
              6. It can also avoid the increasing of the conflict into a more severe one (breaching) and in case mediation does not end with a new/redrafted agreement, the basis for a mediated termination can be established, if the parties wish so, instead of litigation.
              7. Mediation can conclude into a new agreement where the parties are more reassured, more comfortable with, and more willing to respect because they were involved in their construction with the assistance of their respective lawyers, and because all their interests (not only new drafted clauses) were considered.
              8. And, in any case, mediation does not affect the party’s collaborative position and does not reduce their possibility to use other alternatives, including litigation or arbitration to terminate the agreement or to oblige the other party to respect its legal obligations.

              The use of mediation does not need the parties to have foreseen it in the agreement (although it could be easier if they did so) but they can use it freely at any time.

              This said, a lawyer proposing mediation as a contractual clause or, in case it was not included in the agreement, as a procedure to face this sort of conflicts in distribution agreements, will be certainly seen by his/her client as problem-solving attorney looking for the client’s interests rather than a litigator pushing them to a more uncertain situation, with unknown costs and unforeseeable timeframe.

              Parties in distribution agreements should have this possibility in mind and lawyers have the opportunity to actively participate in mediation from the first steps by recommending it in the initial agreement, during the process helping the clients to express their concerns and interests, and in the drafting of the final (new) agreement, representing the clients’ and as co-author of their success.

              If you would like to hear more on the topic of mediation and distribution agreements you can check out the recording of our webinar on Mediation in International Conflicts

              [1] Moore, Christopher W. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. Jossey-Bass. Wiley, 2014.

              [2] Mnookin, Robert H. Beyond Winning. Negotiating to create value in deals and disputes (p. 53). Harvard University Press, 2000.

              [3] Fisher, R; Ury, W. Getting to Yes: Negotiating an agreement without giving in. Random House.

              [4] «Talking about blame distracts us from exploring why things went wrong and how we might correct them going forward. Focusing instead on understanding the contribution system allows us to learn about the real causes of the problem, and to work on correcting them.» [Stone, Douglas. “Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most”. Penguin Publishing Group]

              En estos tiempos de inseguridad sobre el futuro tenemos, sin embargo, algunas certezas. Una de ellas, sin duda, es que «los servicios de intermediación en línea son factores esenciales para el emprendimiento y los nuevos modelos de negocio«. El Reglamento UE 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea se ocupa de ello. El Reglamento se aplicará a partir del 12 de julio de 2020.

              La finalidad del Reglamento es establecer normas para asegurar que se conceden opciones apropiadas de transparencia, de equidad y de reclamación a los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea y a los usuarios de sitios web corporativos en relación con los motores de búsqueda en línea (art. 1). Se aplica a los servicios de intermediación en línea y los motores de búsqueda ofrecidos a usuarios comerciales que tengan su lugar de establecimiento UE y que ofrecen bienes o servicios a los consumidores en la UE. Y esto, independientemente del lugar de establecimiento de los proveedores y la ley aplicable. Sus reglas se aplicarán, en particular, a los mercados en línea (marketplaces), los outlets de redes sociales, plataformas de distribución de aplicaciones, las plataformas para la economía colaborativa y los motores de búsqueda en general.

              Lo que me gustaría subrayar en este cometario es la previsión del Reglamento (art. 12) del uso de la mediación como un método específico para la resolución de conflictos entre proveedores de servicios de intermediación en línea y usuarios profesionales. La mediación se fomenta sin perjuicio de su voluntariedad y la posibilidad de reclamación judicial.

              En particular, los proveedores de los servicios de intermediación designarán en sus condiciones generales, dos o más mediadores con los que están dispuestos a colaborar –de buena fe- para llegar a un acuerdo con los usuarios profesionales y así resolver de manera extrajudicial todo litigio entre el proveedor y los usuarios profesionales. Únicamente los proveedores de servicios que tengan la consideración de pequeñas empresas estarían exentos de asumir esta obligación, sin perjuicio de poder hacerlo voluntariamente.

              El Reglamento también contiene los requisitos que estos mediadores deben cumplir: algunos generales (independencia, con servicios asequibles, actuar sin demora, fácilmente accesibles) y otros más específicos o que necesitarán una calificación especial (capacidad de mediar en el idioma de las condiciones generales y con suficiente conocimiento de las relaciones comerciales dentro de la empresa).

              También es interesante notar que los proveedores de servicios deberán soportar una parte razonable de los costes totales de la mediación en cada caso, de acuerdo con las indicaciones del mediador y según algunos criterios, como los fundamentos relativos de los argumentos de las partes, su conducta, así como el tamaño y su capacidad financiera.

              La conclusión parece clara: la mediación, como alternativa a la resolución de disputas por vía judicial o arbitral, está aumentando su espacio en las normas de la UE. Siempre permanece como una forma voluntaria de resolver conflictos, y vale la pena considerar su eficacia en todas las áreas de negocio. Este Reglamento lo hace expresamente.

              Ignacio Alonso

              Áreas de práctica

              • Agencia
              • Derecho Societario
              • Contratos de distribución
              • Franquicia
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